El pasado 25 de junio, el Ministerio de Hacienda publicó en La Gaceta la consulta pública sobre un proyecto de decreto que propone modificar el artículo 22 del Reglamento de Procedimiento Tributario con el fin de obligar a los contribuyentes a registrar ante la Administración Tributaria los números de teléfono asociados a medios de pago electrónicos utilizados en el desarrollo de su actividad económica, incluyendo Sinpe Móvil y otras aplicaciones similares debidamente autorizadas.
La iniciativa se enmarca en los cambios recientes en materia de comprobantes electrónicos y en la intención de las autoridades de mejorar y aumentar las fiscalizaciones con el objetivo de detectar los posibles incumplimientos de los contribuyentes; por lo tanto, se busca incorporar un mayor nivel de detalle sobre los medios de pago utilizados en las transacciones, como parte de un esfuerzo por fortalecer la trazabilidad de las operaciones económicas.
De aprobarse la reforma, los contribuyentes deberán declarar en el Registro Único Tributario los números telefónicos vinculados a los medios electrónicos mediante los cuales reciben pagos. Aunque el proyecto hace referencia expresa a Sinpe Móvil, también abarca cualquier otra plataforma tecnológica de características similares que cuente con la debida autorización por parte de las autoridades competentes.
En términos prácticos, esto implicaría que los contribuyentes identifiquen los números que utilizan para recibir pagos de sus clientes; además, que procuren separar los canales personales de los comerciales –en la medida de lo posible– y que mantengan actualizada esta información ante la Administración Tributaria.
El registro se realizaría al momento de la inscripción o mediante una modificación de datos en el Registro Único Tributario. Para ello, será necesaria la emisión de una resolución general que establezca los mecanismos, condiciones y plazos específicos de cumplimiento. Previamente, la Administración Tributaria deberá realizar las adecuaciones correspondientes en los formularios y sistemas.
En este sentido, el proyecto otorga a la Administración Tributaria un plazo máximo de dos meses, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, para implementar dichos ajustes. Una vez efectuados, los contribuyentes ya inscritos dispondrán de un plazo máximo de 12 meses para registrar los números de teléfono asociados a sus medios de pago electrónicos, conforme a lo que se establezca en la resolución respectiva.
Por su parte, el incumplimiento en el registro o en la actualización de esta información daría lugar a sanciones, según lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En la práctica, este tipo de omisiones se han vinculado con lo previsto en el artículo 78, que establece multas equivalentes al 50% de un salario base por cada mes o fracción de mes de atraso, con un máximo de tres salarios base, equivalentes a un monto superior a ¢1.386.000.
Así las cosas, la propuesta confirma la tendencia de la Administración Tributaria hacia un mayor nivel de control y trazabilidad digital de las operaciones económicas. En este contexto, el punto central para los contribuyentes no es únicamente el registro de un número telefónico, sino el uso que la Administración pueda dar a esta información en procesos de fiscalización, así como las nuevas obligaciones de actualización que podrían derivarse.
Por tanto, será necesario dar seguimiento a las futuras resoluciones que emita la Administración Tributaria en esta materia, especialmente porque la propuesta aún deja abiertos varios aspectos relevantes; entre ellos, qué debe entenderse exactamente por un número “asociado” a la actividad económica; si la obligación alcanza únicamente a números propios del contribuyente o también a números de terceros utilizados para recibir pagos; cómo se tratarán los números de uso mixto –es decir, aquellos empleados tanto para fines personales como comerciales–; y cuáles plataformas específicas serán consideradas como “similares” a Sinpe Móvil.
Este artículo se realizó con la colaboración de José Fabio Chinchilla, gerente de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica.
Fabio Salas es socio de impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica.