Costa Rica enfrenta hoy, una vez más, un debate crucial: ¿quién decide cómo se debe educar a nuestros hijos?
Julian Huxley, el primer director de la Unesco, advertía en 1951 de que reconocer el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos en un sistema con monopolio estatal es como creer que hay democracia en un régimen de partido único. No se puede aspirar a una sociedad verdaderamente plural –en la que convivan en paz distintas visiones del mundo, de la vida económica, social y cultural– si no se promueve y facilita también una educación plural.
La libertad de enseñanza es uno de los pilares fundamentales de toda democracia auténtica. No se trata simplemente de permitir la existencia de centros educativos privados, sino de garantizar que las familias puedan elegir, sin presiones ni condicionamientos ideológicos o administrativos, el tipo de educación que consideran más adecuado para sus hijos. Esta libertad trae grandes beneficios: fomenta la diversidad de enfoques pedagógicos, la pluralidad de valores y la innovación educativa. Y, más importante aún, resguarda el derecho de cada persona a formar su conciencia y su pensamiento con autonomía.
En el 2023, la Organización Internacional por el Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza (Oidel), con sede en Ginebra, publicó el Free Education Index (FEI), su más reciente informe sobre la libertad educativa en el mundo. Este índice analiza el grado de libertad de enseñanza en distintos países, considerando factores legales, financieros y de acceso.
Llama la atención que solo seis países –entre ellos Corea del Norte, Cuba, Eritrea, Afganistán y Arabia Saudita– no reconocen la libertad de enseñanza en su legislación. Por el contrario, 101 países sí la protegen a nivel constitucional, ya sea reconociendo expresamente el derecho a la enseñanza, el derecho de los padres y madres a elegir libremente la educación de sus hijos, o garantizando la existencia de centros privados.
Costa Rica ocupa el puesto 70 en este ranquin. Esto debería preocuparnos seriamente: estamos por debajo de muchas naciones con menor desarrollo económico, pero mayor apertura al pluralismo educativo.
¿Control de calidad?
Más aún, nuestra posición se puede deteriorar significativamente ante la reciente intención del Ministerio de Educación Pública (MEP) de imponer controles más restrictivos a la educación privada, bajo la consigna de “garantizar la calidad”. En el documento que el MEP ha sacado a consulta pública se hace evidente que lo que se pretende es igualar la educación privada a la oferta pública, sin reconocer la riqueza que aporta la diferencia. Esta visión de sistema educativo único —típica de regímenes totalitarios como los mencionados anteriormente— confunde, entre otras cosas, equidad con uniformidad, y calidad con control estatal.
La educación no debe ser una copia única, sino un mosaico de opciones que respondan a las diversas necesidades, convicciones y proyectos de vida de una sociedad plural. Ya lo establece la propia Unesco: uno de los fines de la educación es desarrollar la capacidad de las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, promoviendo el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto por los padres del niño, su identidad cultural, su lengua y sus valores.
Pretender que todos los centros educativos –públicos y privados– sigan un mismo molde burocrático, curricular e ideológico es atentar contra la esencia misma de la libertad de enseñanza. Esta libertad no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho fundamental de todas las familias. Y es también una garantía para el progreso del país: donde hay competencia y diversidad hay innovación, excelencia y compromiso.
Costa Rica ha sido históricamente un país que valora la educación y su libertad, al punto de que reconoce la libertad de enseñanza desde la Constitución de 1871. Por eso hoy, más que nunca, debemos preguntarnos: ¿hacia dónde debe ir la educación que necesitamos? ¿Hacia una que responde a la pluralidad de nuestra sociedad, o hacia una que impone una sola visión desde el poder central?
La respuesta debería ser clara. Defender la libertad de enseñanza es defender la democracia. Por eso, debemos alzar la voz para que las autoridades del Ministerio de Educación retiren su propuesta de reglamento y trabajen, junto con el sector de educación privada, en un marco regulatorio moderno, respetuoso de la libertad según el mandato constitucional y a la altura de la tradición educativa de nuestro país.
afernandez@adeccr.org
Antonio Fernández Rojas es máster en gobierno y cultura de las organizaciones. Es el director ejecutivo de ADEC.
