Hay vida después de la muerte, pero no me refiero con esto al espíritu de la Semana Mayor. No estoy hablando de creencias, sino de las decisiones prácticas que todos –tarde o temprano– debemos tomar en vida y que pueden marcar la diferencia entre sumir a nuestra familia en un infierno o, por el contrario, allanarle el camino cuando fallecemos.
En noviembre de 2025, mi madre concluyó su experiencia humana. Escritora de 73 años, casada, con dos hijos, una casa propia, una póliza de vida, un testamento claro y un buen abogado. Parece un caso sencillo. Sin embargo, al empezar a gestionar su patrimonio, encontramos preguntas tan básicas como qué sucede con las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, los préstamos pendientes, los ahorros programados, la afiliación a una cooperativa o los derechos de autor con distintas editoriales.
Cada institución tiene protocolos, requisitos y plazos distintos, y rara vez ofrece respuestas claras. En la cooperativa, a mi hermano le entregaron al instante el 50% de un ahorro programado, y a mí me dijeron que el otro 50% llegaría en 18 meses. En un banco público se negaban a liberar fondos porque, aunque el sistema señalaba a un beneficiario, no existía el comprobante físico de la apertura de la cuenta 20 años atrás.
El envejecimiento de la población incrementa la carga para el sistema: cada año mueren más de 29.000 personas en Costa Rica y, aunque no existe un registro exacto de los casos activos, según datos del Poder Judicial, el proceso sucesorio (transferir bienes después de la muerte) es el asunto más recurrente, con cerca del 23% de todos los casos nuevos que ingresan.
Por eso, creo que los temas económicos y testamentarios deben enseñarse desde la educación financiera básica y, sobre todo, incluirse en las conversaciones familiares. Al menos una vez al año convendría preguntarnos: “Si muriera este año, ¿qué problemas les estaría heredando a los míos?”. Con información y acompañamiento adecuado, podremos evitar retrasos, conflictos y gastos excesivos (y restarles oportunidades a quienes se aprovechan del dolor ajeno).
El caso de Gabriel ilustra cuán compleja puede ser esta realidad. Su padre, un empresario aduanero, murió de forma repentina cuando él tenía solo 21 años. Aunque llevaba un buen tiempo trabajando en la empresa familiar, no disponía de la información necesaria: su padre nunca le había compartido detalles de contratos, préstamos o pólizas de seguro. Como primogénito, Gabriel asumió la responsabilidad en un hogar donde su madre, ama de casa, no podía procesar el duelo ni apoyar en los trámites.
Su calvario se alargó más de diez años, y hoy, 19 años después de la muerte de su padre, sigue recibiendo notificaciones de procesos inconclusos que lo obligan a empezar de cero. Su historial crediticio quedó marcado de por vida, pues había avalado varios préstamos como fiador; la empresa paralizó sus operaciones mientras los acreedores seguían exigiendo pagos; clientes y proveedores solo sabían tratar con el dueño. Gabriel descubrió que un banco había eximido a su padre de la póliza de vida en la hipoteca familiar y que otra propiedad se había vendido con un simple apretón de manos. Cada decisión aparentemente inocente tuvo consecuencias mayúsculas.
Con pruebas y errores, aprendió a navegar cada trámite: bancos, aseguradoras, peritajes, pensiones para su madre y hermanos, incluso el proceso ante el PANI por haber una menor involucrada. Pasó por abogados buenos y malos, contó con escaso respaldo familiar y ninguno por parte del Estado. Hoy, padre de dos hijas, es un experto en estos asuntos, mantiene absoluta transparencia con su esposa y el resto de su familia; ambos tienen pólizas de vida y de gastos médicos, y comparte su historia para que nadie más tenga que aprender lo que él vivió de la forma más dolorosa.
Comparto la visión de Gabriel: como sociedad, aún nos queda mucho por hacer. Existen algunos consultorios legales gratuitos, sí, pero no hay un sistema sólido de acompañamiento para un proceso que casi todos enfrentaremos alguna vez.
Este artículo es una invitación a poner el tema sobre la mesa con la complejidad que exige nuestra época, a impulsar una legislación moderna que obligue y facilite a cada persona a dejar en orden sus asuntos, para que los sobrevivientes no deban mezclar el duelo con la angustia económica o el abuso burocrático.
Cuando un ser querido muere, parece que el tiempo se detiene; cada quien vive el duelo a su manera, pero todos necesitamos espacio para procesarlo, llorar y reorganizar nuestro futuro sin quien se ha ido.
Sin embargo, pasados el funeral y el entierro, la vida continúa: esa es, en definitiva, la vida después de la muerte. Y, además de todo lo bueno que pudimos hacer en vida, una de nuestras mejores herencias será, entonces, librar a los que amamos del viacrucis de la confusión, el calvario de la burocracia, los costos excesivos y el agotamiento.
karlachaves@proximacomunicacion.com
Karla Chaves Brenes es comunicadora estratégica y social, y directora regional de Próxima Comunicación.
