En la prensa cotidiana nos encontramos, cada vez con más frecuencia, reportajes y noticias sobre la pesadez e irracionalidad de la gestión pública. Se dice, incluso, que nada puede mejorar sin que se produzca una profunda reforma constitucional. ¿Pero será cierto que todo el problema está en la Constitución? Buscando una gestión pública moderna y eficiente se reformó el artículo 11 de la Constitución de la República en el año 2000.
Este artículo estableció entre sus postulados que “la administración Pública, en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La Ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”.
Requisito técnico. Por el contrario, como consta en los informes anuales de la Contraloría, en los reportajes periodísticos y en las quejas de los funcionarios y ciudadanos, se ha profundizado el control de procedimientos y normas que entraban, encareciendo y dificultando la debida gestión de la cosa pública.
El problema es que el artículo referido, además de ser una exigencia constitucional, es también, como se mencionó anteriormente, un requerimiento técnico indispensable para la gestión moderna institucional y empresarial. Los procedimientos de gestión de las grandes empresas y de los Estados modernos se centran en el control de los productos y resultados obtenidos con los recursos invertidos. Se procura dotar de un grado importante de autonomía operativa a las instancias ejecutoras y se les exige, eso sí, productos y resultados. Es decir, no se les concede un margen de libertad en la ejecución, pero se les exige productos y resultados.
En palabras de Deng Xiao Ping, el reformador chino, “no interesa el color del gato, sino que coma ratones”, y eso precisamente es lo que pide el artículo constitucional citado, añadiendo una exigencia de responsabilidad personal de los funcionarios que debería ser, en caso de incumplimiento, al menos la separación del cargo.
Parapetos personales. Pero, en nuestro país, las cosas no marchan por el camino que mandan la Carta Magna y la gestión moderna, sino por el del culto a las normas y procedimientos, cada vez más meticulosos, que, en vez de ayudar a controlar, incrementan el gasto administrativo y en última instancia sirven de parapeto contra la responsabilidad personal.
Tal parece que la Asamblea Legislativa o carece de personal técnico capaz de elaborar una propuesta moderna o los diputados, carentes de visión de Estado, no les prestan atención y se aferran a los controles detallistas de la pequeña empresa familiar. Esto es, aplican controles que no corresponden a la naturaleza de la empresa pública existente, incumpliendo la obligación de legislar en el sentido establecido por el artículo antes mencionado.
Control de detalles. En este sentido, la discusión más importante para mejorar la gestión pública empieza no por la elaboración de si se hace, o no, una nueva constituyente, sino por que se cumpla con las exigencias de la actual. También es necesario que salgan del limbo y aterricen en la modernidad los diputados de oposición, especialmente los del PAC y los del Movimiento Libertario.
No es controlando detalles como se combate la corrupción. Los detalles pueden servir de pretexto para no hacer nada y robar impunemente. Lo que se requiere es una descentralización operativa, con una rendición de cuentas basada en la evaluación de resultados, y no aprobar presupuestos a instituciones y programas que no cumplan con este requisito.
