Llegó la hora de la verdad para Venezuela y, con ello, América Latina enfrenta su mayor reto de los últimos años para su vocación democrática.
La democracia es una experiencia reciente para una gran cantidad de países de América Latina. Hace solo unas tres décadas, únicamente tres de nuestras naciones tenían gobierno fruto de elecciones libres y sometidos a reglas de Estado de derecho. Y llegó entonces la ola democrática que dejó a Cuba aislada como el único gobierno autocrático.
Temprano, tras esa ola de gobiernos basados en la voluntad popular, se tuvo conciencia del riesgo que siempre enfrentan las democracias por sustentarse en el respeto a las normas del Estado de derecho democrático, y no en la imposición por la fuerza.
En particular, la experiencia vivida por Perú en los años noventa demostró que la democracia se puede perder no solo por la asonada militar, sino también por la perversión en el ejercicio del poder de gobiernos legítimamente electos.
La más clara de esas manifestaciones es la que ejecuta el Poder Ejecutivo, que controla al Ejército, cuando impide que funcione la división de poderes del Estado y escamotea a los otros poderes el libre ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.
En los años noventa se actuó para desincentivar esas situaciones. Y en América, lo mismo que en Europa, la democracia se convirtió en un derecho humano protegido por el derecho internacional.
Protección de la democracia. En sus estadios iniciales, la protección de la democracia y los derechos humanos que le son intrínsecos se hizo en lo interno de las naciones, pero su evolución natural y alcance cada vez más extendido han llevado a establecer dicha protección, en beneficio de cada persona y la sociedad como un todo, en mecanismos de derecho internacional.
En América, la protección internacional de esos derechos dio origen a nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, joya indiscutible del sistema jurídico hemisférico. Sus instituciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), son la primera avanzada en la defensa internacional de la democracia en nuestro continente.
Ante las dificultades para que las sentencias de la CIDH se ejecutasen en el caso de Perú en los noventa, aprovechamos la celebración de los 30 años de la aprobación en San José de la Convención Americana de Derechos Humanos, los 40 años del establecimiento de la citada Comisión y los 20 años de la Corte-IDH para proponer una serie de reformas que –entre otras cosas– le diesen mayor apoyo político a las decisiones de la Corte, mayor financiamiento y más tiempo en funciones durante el año para atender los casos que se acumulan.
Pero eso no era suficiente. Así surge la iniciativa de Costa Rica, Canadá y Perú que en la III Cumbre de las Américas en Quebec promueven la cláusula democrática, la cual establece que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.
Posteriormente, con el empuje de la Asamblea General de la OEA ese mismo año en San José, se aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana (CDI) el 11 de setiembre del 2001.
Se dio este paso, de enorme valor para la democracia y la libertad, porque “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas” (artículo 1.° CDI), “es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos” (artículo 7. °) y resulta esencial “para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” (considerando 1.° CDI y Carta de la OEA).
Hora de actuar. Tal es la responsabilidad que ahora tienen los Estados, en su circunscripción, y la OEA, a escala hemisférica: fortalecer y preservar la institucionalidad democrática como derecho humano de los ciudadanos de las Américas.
Y esto bien vale la pena, pues la democracia es más que elecciones... es una forma de vida.
Esa forma de vida reta a los gobiernos, con especial responsabilidad al de Costa Rica por su vocación histórica, a aplicar la CDI al doloroso caso de Venezuela, donde el Poder Ejecutivo ha desconocido las competencias de la Asamblea Nacional, ha sometido a su imperio a los otros poderes del Estado e impide al pueblo soberano resolver la situación con su voto.
El autor es expresidente de Costa Rica y exsecretario de la OEA.
