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Los allanamientos y las detenciones de miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, debidos a aparentes irregularidades en la adjudicación de 138 Ebáis con un supuesto sobreprecio de ¢12.000 millones, tomaron al país por sorpresa.
Pero más allá de este caso, constituye un valioso ejemplo de los riesgos y las obligaciones intransferibles que adquieren los integrantes de las juntas directivas por sus actos.
El deber de probidad es un principio fundamental de la administración, que obliga a todo funcionario a buscar el interés público, a actuar con transparencia, honradez, integridad, imparcialidad, rectitud y buena fe. Constituye un mandato legal y un deber ético que, de no cumplirse, acarrea responsabilidades disciplinarias y penales.
Por eso, la gestión de los riesgos no es tarea exclusiva de la administración. Involucra a los directivos, quienes deben ser vigilantes al exigir planificación y gestión oportunas, mapeo de obstáculos, cumplimiento normativo, disponibilidad presupuestaria y el buen uso de los fondos públicos.
Apegarse al marco legal, a las normas contables, a la ciencia y a la técnica son claves para garantizar la rigurosidad en las actuaciones.
Es trascendental evitar los abusos de poder y confrontar todo intento de desviación de las potestades legales, ya que abre las puertas a incompatibilidades con el fin público.
De estos principios, derivan posibles aprendizajes para quienes ocupan cargos en juntas directivas.
Los plazos cortos y el sentido de urgencia son una constante en la administración pública; sin embargo, decisiones carentes de estudios o contrapuestas al criterio experto, y sin información suficiente conlleva mayores costos y sanciones.
Las instituciones están obligadas a fundamentar rigurosamente sus estudios; y los directivos, llamados a pedir cuentas sobre la veracidad y confiabilidad de la información. No es extraño ver “estudios técnicos” que usan fuentes como Wikipedia o datos desactualizados.
Analizar los asuntos de su competencia es indelegable. Presuponer que las presentaciones en PowerPoint o las explicaciones de una presidencia ejecutiva son suficientes da lugar a omisiones, desacreditar advertencias técnicas o desconocer alertas que evitarían riesgos institucionales, reputacionales o de gestión.
Descartar a priori las denuncias ciudadanas o las alertas de competidores que utilizan los canales formales es sintomático de un órgano con problemas de transparencia. Los conflictos de intereses, el tráfico de influencias o el abuso de poder suelen ser los motores que impulsan la omisión de los contrapesos institucionales.
La intromisión de autoridades ajenas a la institución abre las puertas a la desviación del fin público. Honrar lealtades y exigir “alineamientos” resulta riesgoso y constituye la antesala de decisiones perniciosas. Las órdenes desde una instancia externa no exculpan a quien emitió su voto.
Ser miembro de una junta directiva implica cargar con las obligaciones contenidas en el marco jurídico y supone la renuncia de los intereses particulares. De ahí que las actuaciones deban honrar el juramento que han realizado ante la patria y no ante el mandatario de turno.
La autora es experta en asuntos públicos y socia fundadora de Boreal Consultoras.
