La incomprensión legislativa del principio fundamental de la economía, como lo es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus escasos recursos ante una cantidad ilimitada de necesidades, adquiere particular importancia cuando este tipo de recursos es de carácter público, y sobre todo en tiempos en los que la crisis financiera mundial sacude económicamente a Costa Rica. Dice un adagio que “Gobernar es administrar”. Esto implica que quien procure realizar el buen gobierno, debe administrar los recursos públicos con un alto grado de responsabilidad, ética y previsión, pues con ellos el Estado deberá solventar infinitas demandas con grados de complejidad y diversificación de funciones cada vez mayores.
Proyecto durmiente. En esta línea, hace casi un año se presentó, a la corriente legislativa, un importante proyecto de ley, expediente N.º 17.068. Con este se procura incluir el principio de responsabilidad presupuestaria mediante una reforma parcial del reglamento de la Asamblea Legislativa; pero, tristemente, el proyecto descansa en el sueño de los justos, al igual que otra enorme cantidad de reformas necesarias para devolver la gobernabilidad a nuestro país.
Dicho proyecto tiene la finalidad de establecer una sana práctica legislativa tomada del derecho comparado de países como Chile, Nicaragua, Perú y Venezuela, la cual consiste en determinar previamente el cálculo de gastos requeridos para una inversión eficiente que impulse y lleve a buen término los proyectos que se propongan, sin dejar este apartado al libre albedrío del Estado, el cual en muchos casos no halla dinero suficiente para satisfacer la ejecución de un sinnúmero de iniciativas.