Costa Rica ha sido, por décadas, un país asociado con la paz, el asilo y la defensa de los derechos humanos. Esa tradición hoy enfrenta una prueba decisiva: pasar de la solidaridad declarada a una política pública capaz de integrar, con dignidad y sentido de futuro, a las personas refugiadas y solicitantes de refugio que ya viven en el país.
El proyecto de ley del diputado Antonio Trejos, presentado el pasado 13 de agosto, es un primer paso imprescindible para superar las brechas existentes entre el robusto marco normativo de protección de derechos humanos en Costa Rica y la realidad cotidiana que mantiene a miles de refugiados y solicitantes de asilo en la precariedad y sin oportunidad para integrarse en el país.
La iniciativa propone dar autoridad vinculante al Consejo Nacional de Migración, para pasar de ser una instancia asesora a una entidad rectora de las políticas migratorias. De esa forma se mejoraría la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales para gestionar una respuesta de Estado mucho más coherente. Esto garantizaría no solo la protección de las personas refugiadas y solicitantes, sino también su contribución a los servicios nacionales y una inclusión plena en la economía y sociedad costarricense.
La propuesta es el resultado de un amplio proceso de diálogo y construcción junto con 16 organizaciones de la sociedad civil. El proyecto se justifica en una realidad donde más de 200.000 personas solicitantes de refugio permanecen en un limbo legal, sin posibilidad de volver a sus países, con obstáculos para regularizar su situación creados por el mismo Estado, y sin aportar de manera formal a la sociedad costarricense aunque deseen hacerlo.
Esta realidad es tangible en municipios como Upala, donde conocí a mujeres costarricenses y nicaragüenses que, pese a la adversidad, habían levantado emprendimientos, desde panaderías hasta productos agrícolas, así como otros pequeños negocios. Entre ellas estaba doña Vicenta González, migrante nicaragüense hoy también costarricense, partera y empresaria del cacao. Sin financiamiento, sin papeles en regla y sin grandes apoyos institucionales, impulsó una cooperativa para mujeres refugiadas y sobrevivientes de violencia. Su historia conmueve, pero también incomoda: no salió adelante gracias al sistema, sino a pesar de él.
Ese es el punto que Costa Rica debe mirar de frente. Las personas refugiadas no son una carga pasajera ni un problema que se resuelve con trámites interminables. Son personas que trabajan, consumen, pagan impuestos y sostienen sectores clave de la economía. También llegan con vulnerabilidades reales, pero reducirlas solo a su necesidad de protección invisibiliza sus capacidades, sus oficios, sus estudios, su experiencia y su voluntad de trabajar y contribuir.
Costa Rica tiene un marco normativo sólido en esta materia y ha dado pasos relevantes, como el acceso al trabajo para solicitantes de refugio. Sin embargo, persiste una distancia preocupante entre la ley y la vida cotidiana. Cuando una persona espera años por una resolución, cuando no puede renovar documentos a tiempo o cuando su estatus es incierto, se la empuja a la informalidad. Pierde ella, pero también pierde el país. Pierde la CCSS, pierde la recaudación, pierde la productividad y gana la explotación laboral y la precariedad.
La evidencia ya existe. Estudios del Fondo Monetario Internacional estiman que, entre 2017 y 2021, las personas migrantes aportaron el equivalente al 6,5% del producto interno bruto de Costa Rica. Investigaciones de la OCDE y el Acnur señalan que las personas migrantes y refugiadas participan en agricultura, construcción, turismo y manufactura, sectores donde su trabajo resulta indispensable. Integrarlas mejor no es solo un deber humanitario; es una decisión inteligente de desarrollo nacional.
El momento exige liderazgo. Los recortes a la cooperación internacional han debilitado servicios esenciales para la población desplazada, mientras el sistema de refugio continúa bajo presión. Por eso, el Estado costarricense debe asumir plenamente la conducción de esta respuesta. No basta con administrar expedientes: se requiere una estrategia nacional de integración que articule migración, empleo, educación, salud, seguridad social, gobiernos locales y sector privado. Ese cambio debe empezar por cuatro prioridades: fortalecer la coordinación interinstitucional, reducir la mora y facilitar la regularización, eliminar barreras al empleo formal y atender de manera diferenciada a mujeres, niñez, pueblos indígenas y otras poblaciones expuestas a mayores riesgos.
Costa Rica no necesita escoger entre proteger derechos y cuidar su desarrollo. Puede, y debe, hacer ambas cosas. Mujeres como doña Vicenta no piden caridad: piden condiciones para trabajar, aportar y vivir sin miedo. Si el país logra ver el refugio no como una carga, sino como una oportunidad compartida, estará honrando su historia y construyendo una Costa Rica más justa, productiva y fiel a sí misma.
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Martha Guerrero Ble es oficial de Incidencia de Refugees International y experta en desarrollo internacional y derechos humanos.