Decenas de artículos académicos, estudios e informes de organizaciones lo vienen advirtiendo: el uso de las redes sociales ocasiona estragos en la salud mental de los niños y adolescentes, con consecuencias futuras aún no dimensionadas.
El modelo de autorregulación imperante, que traslada la supervisión a los padres, es un fracaso. El 40 % de los menores de 14 años en América Latina utilizan las redes sociales sin supervisión de adultos, y cada año aumentan las cifras de niños con impulsos suicidas o que sufren depresión, violencia sexual, ciberacoso e incluso miopía por la exposición a las pantallas.
Aun cuando la mayoría de las plataformas establecen una edad mínima de 13 o 14 años para abrir una cuenta, al no existir sistemas eficaces de verificación de identidad, es muy sencillo incluir una fecha de nacimiento falsa y burlar las condiciones.
El marzo del 2024, entrará a regir en Utah una ley que prohíbe el uso de las redes sociales a menores de 18 años sin consentimiento de sus padres. Según la norma, será indispensable verificar la edad de un adulto para mantener o abrir una cuenta.
La ley va más allá, pues garantiza a los padres el ingreso a los perfiles de sus hijos y crea un toque de queda que bloquea las cuentas de los menores de las 10:30 p. m. a las 6:30 a. m., aunque los padres podrán modificar estos límites. Texas dictó una regulación similar en junio.
Un proyecto de ley multipartidista fue presentado al Congreso de los Estados Unidos en abril con el fin de prohibir a escala federal la navegación en las redes sociales a quienes tengan menos de 13 años y exigirá a las plataformas verificar la edad de los usuarios y el uso de algoritmos dirigidos a este grupo etario.
En China, a comienzos de mes, fue publicada una propuesta regulatoria para exigir que los dispositivos incorporen un “modo niños”, que restrinja el tiempo ante las pantalla a un máximo de dos horas al día, aunque, dependiendo del grupo de edad, el lapso disminuye. Por ejemplo, los menores de ocho años podrán utilizarlo 40 minutos y, al igual que la regulación de Utah, como si los efectos nocivos de las redes fueran un asunto nocturno, ninguno podrá encender sus dispositivos entre las 10 p. m. y las 6 a. m.
¿Es el comienzo de una tendencia regulatoria? Es temprano para predecirlo, pero el hecho de que en países tan disímiles como China y Estados Unidos, en especial en este último, meca del liberalismo tecnológico, se estén dando estas discusiones.
Me hace pensar que quizá es el momento de considerar si, al igual que con el tabaco y el alcohol, el Estado debería tomar medidas para retardar el contacto de los niños y adolescentes con estos servicios, debido al efecto nocivo sobre la salud pública y la falta de supervisión de los padres.
El debate es interesante, y puede representar una colisión frontal entre distintos derechos fundamentales, ya que estas regulaciones tendrían implicaciones en materia de privacidad, porque para que resulten eficaces será indispensable implementar sistemas para verificar la edad de los usuarios, lo que podría acabar con el anonimato en las redes.
Otra es la libertad de expresión, e incluso el acceso a la información de los menores de edad. También, el grado de madurez de un niño de 5 años no es igual al de un adolescente de 16, por lo que deberán diseñarse regulaciones graduales, dependiendo de los riesgos asociados a cada edad.
¿Debería Costa Rica legislar también? Es muy pronto para decirlo, principalmente por el hecho de que son los grandes mercados los que poseen el poder de imponer requisitos de operación a las big tech para que creen sistemas de verificación de identidad, tomen medidas técnicas para impedir algoritmos, diseños o funciones adictivas, o limiten la publicidad dirigida a este segmento. Una regulación local tendría que seguir la que internacionalmente se adopte.
De momento, resulta imperioso que el Estado incluya planes de educación digital para enseñar a los niños sobre seguridad en línea, ética digital y responsabilidad en las redes sociales, pero, sobre todo, que los padres ejerzamos una supervisión activa en la vida digital de nuestros hijos y monitoreemos y controlemos el tiempo frente a las pantallas.
El autor es especialista en derecho digital.
