A raíz del resultado de los dos primeros casos entre Nicaragua y Costa Rica, me parece conveniente explicar la forma como, desde el gobierno de doña Laura Chinchilla, se organizó la defensa de los derechos de nuestro país –que fue larga y compleja– y destacar a quienes participaron.
Al inicio, en noviembre del 2010, le tocó al entonces embajador ante la OEA, Enrique Castillo, por encargo de la presidenta Chinchilla y del canciller de ese momento, René Castro, asumir el caso de la invasión y ocupación de isla Portillos ante esa organización. En cuestión de un mes, y después de intensas negociaciones, obtuvimos tres resoluciones consecutivas, que Nicaragua se negó a acatar.
En vista de la rebeldía del presidente Ortega, en diciembre de ese mismo 2010, la presidenta decidió llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, la cual le dio trámite bajo el nombre de Ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronteriza.
En setiembre de 2011, hubo cambio de cancilleres, y Enrique Castillo asumió ese cargo. En diciembre de ese año, Nicaragua demandó a nuestro país y se abrió el expediente Construcción de un camino a lo largo del río San Juan, camino que fue bautizado después con el nombre de ruta o carretera 1856.
La defensa estaba organizada de esta manera: la presidenta doña Laura Chinchilla lideraba el proceso con gran dedicación y compromiso, y por lo menos cada dos semanas se reunía un grupo de coordinación interinstitucional presidido por ella.
Ella llevó el pulso de los dos casos cotidianamente hasta el final de su periodo presidencial, en contacto directo con todos los ministerios y entidades involucradas.
Al canciller Castillo le tocó, con mi ayuda y la del viceministro administrativo Luis Fernando Salazar, y posteriormente con la de la vicecanciller Gioconda Ubeda, la dirección política, diplomática y administrativa de esos asuntos.
Castillo también llevó a cabo labores de supervisión y de apoyo del trabajo del equipo jurídico que fue dirigido por James Crawford, prestigioso profesor australiano de la Universidad de Cambridge. Él presidía las reuniones presenciales del equipo en Cambridge, San José o La haya, definía la estrategia y aprobaba los textos, la mayoría propuestos por él mismo, tras discutirlos con el resto del grupo.
Édgar Ugalde, embajador en Colombia y, luego, ante la OEA en Washington, diplomático de renombre y muy respetado en la CIJ, fungió como agente ante la Corte Internacional de Justicia. Le correspondió hacer las presentaciones orales ante la Corte.
Jorge Urbina, embajador ante los Países Bajos, fue coagente ante la CIJ.
Gran equipo. Otros miembros fueron Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes, abogados externos de la Cancillería (en la última etapa, Sergio sustituyó a Jorge Urbina como coagente); Marcelo Cohen, abogado argentino residente en Ginebra; Kate Parlett, abogada australiana; Katherine del Mar, Simon Olleson y Samuel Wordsworth, juristas británicos (Wordsworth sustituyó a Crawford en la etapa final, cuando este fue elegido por la ONU miembro de la Corte); y Manuel Dengo, embajador ante los organismos de la ONU en Ginebra, enlace con Ramsar y con el organismo que proveía vigilancia satelital.
Otros abogados también asistieron al equipo jurídico: Ricardo Otárola, Shara Duncan, diplomáticos de carrera, y Arturo Monge, asesor del canciller Castillo.
Varios expertos no jurídicos brindaron sus servicios proporcionando informes y dictámenes, en especial Allan Astorga, Andrea Méndez, Lilliana Arrieta y Colin Thorme, experto británico en ríos.
En la Cancillería, en San José, había una oficina adscrita al despacho del ministro, desde donde Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes enlazaban por Internet a todo el equipo, cuyos miembros estaban diseminados por varios países.
Ellos, así como los expertos no jurídicos, contribuían a la redacción de documentos y a su revisión, bajo la dirección de James Crawford.
Las memorias y contramemorias de Costa Rica llegaban a tener varios tomos gruesos. Ese trabajo era supervisado por el canciller, a quien se copiaban todas las comunicaciones. Igual se debe destacar a todo el personal de la Cancillería, desde el equipo secretarial hasta los asesores y técnicos.
Aparte de la Presidencia de la República y de la Cancillería, varias entidades públicas y privadas dieron valiosos aportes. Las principales fueron el Ministerio de Información, el MOPT y Conavi, la UCR, el ICE y el Minae.
También participaron el Ministerio de Seguridad Pública, la DIS, la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Geodésico Nacional, el Instituto Meteorológico Nacional, el Centro Científico Tropical de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Academia de Historia y Geografía. Igual es justo reconocer el apoyo irrestricto de todos los partidos políticos y de los excancilleres costarricenses.
Solo en el caso de la ruta 1856, Costa Rica presentó a la Corte 22 estudios y hay sendos informes de impacto ambiental y medidas de mitigación ejecutadas.
Ningún estudio fue declarado secreto de Estado y están incorporados a la extensa defensa nacional ante la CIJ.
Debe reconocerse que el presidente, Luis Guillermo Solís, y el canciller, Manuel González, tuvieron el acierto de mantener el equipo y el rumbo de los casos hasta el triunfo final, como correspondía hacer en un asunto de Estado.
El autor fue vicecanciller de Costa Rica.