Cuando pensamos en política, solemos identificar partidos, gobiernos, diputaciones y candidaturas porque compiten por el poder. Pero a su alrededor opera otro conjunto de actores que observa, interpreta, explica, articula intereses, moviliza e influye sobre la manera en que la sociedad entiende la política y sobre las condiciones en que se ejerce la representación.
Esa otra fauna reúne a investigadores, periodistas, divulgadores, analistas, comentaristas, voceros, activistas, consultores y, en otro plano, influencers. Todos median entre los hechos y lo que la ciudadanía alcanza a ver, y disputan, desde funciones distintas, qué hechos, interpretaciones y asuntos adquieren relevancia pública.
La proliferación de voces es saludable en democracia. El problema aparece cuando sus diferencias se borran y un dato aislado, una opinión o una acción de propaganda adquieren la misma apariencia de autoridad. Ocurre cuando alguien comenta una encuesta y sella el destino de un gobierno, o cuando una captura de pantalla se presenta como prueba de una conclusión tomada de antemano.
Reuters Institute elaboró en 2025 una tipología de creadores de noticias que distingue cuatro enfoques: comentario y opinión, noticias e investigación, explicación y especialización. Sobre esa base, es posible bosquejar una taxonomía más amplia, cuya unidad de análisis es la intervención en la discusión pública, porque una misma persona puede investigar, divulgar, comentar o militar, según el momento. El primer eje es la función.
Un investigador produce o valida conocimiento mediante métodos y fuentes examinables; un periodista obtiene y contrasta hechos; un divulgador vuelve comprensibles instituciones, conceptos o hallazgos; un analista propone relaciones, riesgos y escenarios a partir de supuestos identificables.
El comentarista formula juicios de valor; el vocero representa una posición; el activista busca movilizar; el consultor diseña cursos de acción.
En el caso del analista (etiqueta hoy casi genérica), lo relevante es de dónde obtiene sus datos, cuáles son sus supuestos y si sus conclusiones guardan proporción con la evidencia.
El ecosistema digital añadió al influencer, cuyo rasgo distintivo es la capacidad de alcanzar, movilizar y ampliar audiencias. Se trata de una condición que puede aprovechar una traumatóloga para divulgar; un activista para movilizar o un comediante para opinar. La audiencia amplifica el mensaje, pero no garantiza su rigor ni su valor público.
El segundo eje es la circulación, es decir, en qué condiciones una intervención alcanza visibilidad y cuánto de ella corresponde a atención social real. Las plataformas multiplicaron la escala y la velocidad de esa circulación, y permiten segmentar y potenciar señales hasta hacerlas parecer representativas.
Sobre esta fauna actúan perfiles anónimos, granjas de bots y sistemas de inteligencia artificial que amplifican voces, fabrican perfiles ficticios –que se hacen pasar por analistas, activistas o ciudadanos indignados– y alteran artificialmente su visibilidad.
Al explotar las lógicas algorítmicas, favorecen a las “especies” que capturan atención y relegan a las que verifican. Pueden hacer que una hostilidad parezca consenso o que un asunto domine la conversación. A veces ni siquiera hace falta convencer. Basta con conseguir que todos hablemos del mismo tema.
En ese terreno prospera la posverdad. Una afirmación ya no necesita demostrar su correspondencia con los hechos para adquirir autoridad pública; le basta con circular, repetirse y alcanzar audiencia. Y esa capacidad puede comprarse, introduciendo una asimetría adicional en la disputa por la atención pública.
En su inventario global de 2020, Oxford Internet Institute documentó más de 65 firmas de propaganda computacional por encargo y casi $60 millones en contrataciones de actores políticos desde 2009.
Así reaparece un debate clásico de la representación. Edmund Burke defendió en 1774 el mandato representativo, según el cual el representante debe actuar conforme a su juicio y conciencia en procura del bien común, en vez de limitarse a ejecutar instrucciones precisas de sus electores. El mandato imperativo, en cambio, parece a primera vista más directo y democrático, pero corre el riesgo de reducir la representación al registro de opiniones coyunturales.
Si bien la presión ciudadana es legítima, el problema surge cuando su intensidad se fabrica y un clamor digital que reclama obediencia instantánea encuentra a representantes excesivamente sensibles a la discusión en redes.
En esas condiciones, el dilema clásico adquiere una forma nueva que podríamos denominar “mandato imperativo algorítmico”, mediante el cual una señal deliberadamente amplificada pretende asumir la autoridad de la voluntad popular, sin fuerza jurídica, pero con efectos políticos reales.
El peligro que el mandato representativo buscaba contener reaparece, incluso, sin el respaldo de una mayoría verificable. Quien no se somete a la emoción dominante del día podría terminar acusado de traicionar al pueblo.
¿Cómo puede interpretar un representante una demanda sociopolítica si ya no tiene certeza de que su origen e intensidad correspondan a las personas y comunidades que representa?
Clasificar esta otra fauna y reconocer su influencia ayuda a orientarse en este entorno. Exige preguntarse por la función de cada voz antes de concederle crédito y exigirle las fuentes, el método y la transparencia que esa función promete.
El periodismo puede allanar el camino si hace explícito desde qué función intervienen las voces que incorpora al debate público. La tarea común es evitar que popularidad, autoridad, conocimiento y representatividad terminen confundidos.
Antes de preguntarnos si estamos de acuerdo con quien habla, conviene saber desde dónde habla, qué pretende hacer con sus palabras, cómo consiguió que llegaran hasta nosotros y qué razones tenemos para creerle.
luisemiliojg@gmail.com
Luis Emilio Jiménez González es politólogo y analista de asuntos públicos.
