A todos nos ha impresionado la violencia vivida en días recientes en Francia. Los saqueos, incendios, ataques a pequeños negocios y la destrucción de edificios históricos, como el ayuntamiento de Limoges, construido en el siglo XIX, dejaron imágenes difíciles de olvidar.
Las autoridades francesas responsabilizaron de buena parte de los disturbios a grupos de ultraizquierda y delincuentes que se aprovecharon de manifestaciones legítimas, motivadas por el alto costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos, particularmente la educación.
Hay dos aspectos de este fenómeno que me preocupan. El primero es el agotamiento de los gobiernos moderados, que no están logrando responder a las necesidades de la población, generando frustración y abriendo oportunidades para propuestas políticas cada vez más radicales. El segundo es nuestra facilidad para interpretar estos acontecimientos exclusivamente a través de las etiquetas de izquierda y derecha.
No me considero de izquierda ni de derecha. Me considero liberal. Creo en un Estado pequeño, limitado en sus atribuciones, eficiente, que interfiera lo menos posible en la vida de las personas y permita a los distintos actores económicos desarrollar su iniciativa, bajo reglas claras y predecibles.
Me preocupan los gobiernos que concentran poder, multiplican la burocracia y terminan limitando la creatividad, la libertad y la capacidad de generar riqueza de sus ciudadanos.
Sin embargo, buena parte de las conversaciones públicas, especialmente en redes sociales, gira alrededor de narrativas que nos presentan como sociedades irreconciliablemente divididas entre izquierda y derecha. Como si existiera un abismo entre los países que queremos construir.
Los extremos políticos suelen ofrecer explicaciones sencillas a problemas complejos. Desde ciertos sectores de la derecha, se responsabiliza a la inmigración y la globalización; desde algunos sectores de la izquierda, a las élites económicas, las grandes empresas o el capitalismo. Identificar culpables concretos resulta políticamente atractivo, aunque rara vez permite comprender la complejidad de los problemas.
Las redes sociales agravan esta dinámica. Sus algoritmos pueden amplificar la rabia, el miedo y la indignación, emociones que generan atención e interacción. No permitamos que estas narrativas nos secuestren.
Porque, más allá de nuestras diferencias ideológicas, compartimos muchas más aspiraciones de las que reconocemos: vivir en un país seguro, con oportunidades de empleo, educación de calidad, buenos servicios de salud e infraestructura adecuada. Podemos discrepar profundamente sobre cómo alcanzar esos objetivos, sin convertir esas diferencias en enemistades.
El problema es que, cuando los gobiernos moderados no satisfacen las expectativas, pierden credibilidad. Esa frustración alimenta la demanda de soluciones más radicales –espectaculares, si es posible–, que prometen resolver rápidamente problemas acumulados durante décadas.
Pero un discurso radical no garantiza capacidad reformadora. Tampoco la moderación ideológica implica estancamiento.
Costa Rica ofrece ejemplos importantes. Durante el gobierno de José María Figueres se logró atraer a Intel, lo que dio un impulso decisivo al desarrollo de industrias de alta tecnología y al régimen de zonas francas. Miguel Ángel Rodríguez promovió la Ley de Protección al Trabajador, que creó el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, un instrumento que será cada vez más importante para el retiro de los costarricenses.
Óscar Arias impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, mediante un referéndum que permitió resolver una profunda controversia nacional. Más recientemente, durante el gobierno de Carlos Alvarado, se aprobó una de las reformas fiscales más importantes de las últimas décadas, mediante acuerdos en una Asamblea Legislativa fragmentada, donde su partido tenía una representación minoritaria. Son ejemplos de transformaciones profundas alcanzadas mediante los mecanismos institucionales de nuestra democracia.
La coyuntura actual exige un enorme esfuerzo pedagógico de los partidos políticos moderados. Deben recuperar su capacidad de explicar los problemas, reconocer las restricciones que enfrenta el país y proponer reformas ambiciosas, creíbles y ejecutables. Sobre todo, deben demostrar con resultados que la moderación no es sinónimo de resignación ni de incapacidad para transformar.
No nos dejemos llevar por la rabia ni contribuyamos a profundizar las divisiones de nuestra sociedad. Costa Rica necesita soluciones, reformas y capacidad de ejecución, pero también respeto por las instituciones y disposición al diálogo.
La moderación no es renunciar a transformar un país. Es demostrar que podemos transformarlo sin fracturar nuestra sociedad ni debilitar nuestra democracia.
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Alberto Ulloa Castro es ingeniero químico.
