¿Quién dijo miedo? Tres palabras que forman parte de nuestra idiosincrasia y que muchas veces pronunciamos en una conversación entre amistades o seres queridos, o en la soledad de una decisión interna trascendental. Acompañadas de sorbos cómplices de café o de una bebida “espirituosa”, nos impulsan a actuar con valentía y determinación.
Representan lo que somos, en nuestra mayoría, los costarricenses: gente valiente, forjada y acostumbrada a no esconderse ante las adversidades. Sin embargo, la valentía que encierran esas palabras no consiste en desconocer los riesgos ni en actuar precipitadamente, sino en reconocer las dificultades, comprender sus consecuencias y asumir la responsabilidad de superarlas.
Esta reflexión, trasladada a nuestra realidad nacional, adquiere especial relevancia. Costa Rica necesita recuperar la capacidad de enfrentar sus problemas sin convertir automáticamente las diferencias en enemistades y sin permitir que la confrontación sustituya la búsqueda de soluciones.
Aunque algunos quieran dividirnos, tenemos objetivos en común
Difícilmente encontraremos a una persona que, independientemente de sus convicciones políticas, religiosas o ideológicas, desee que sus familiares, amigos o conciudadanos padezcan hambre, inseguridad, enfermedad o falta de oportunidades.
Podemos discrepar profundamente sobre las causas de nuestros problemas colectivos y los mecanismos para resolverlos. No obstante, esas diferencias no nos impiden reconocer que tenemos objetivos en común: vivir dignamente, contar con servicios públicos eficientes, disfrutar de seguridad –sin tener que mirar constantemente a nuestro alrededor– y ofrecer mejores oportunidades a las nuevas generaciones, que nos juzgarán por el legado que les dejemos en todos estos ámbitos.
La diversidad de pensamiento constituye una característica esencial de cualquier democracia. Mis mejores amistades y familiares tienen distintas perspectivas políticas y socioeconómicas sobre los problemas colectivos. Aun así, no dudaría ni un segundo de su amistad ni del cariño que sienten por mí, ni los apartaría de mi vida por pensar diferente.
Lo preocupante comienza cuando dejamos de reconocer en quien discrepa a un conciudadano, amigo o familiar y empezamos a tratarlo como un enemigo.
Disentir no significa odiar y fiscalizar no equivale a “sapear” u obstaculizar. Defender nuestras convicciones tampoco nos concede licencia para descalificar la dignidad de quienes piensan diferente. Cuando las palabras desplazan las soluciones y las discusiones públicas se concentran en ataques personales y “dimes y diretes”, quedan sin atender los desafíos que verdaderamente apremian y afectan la vida cotidiana de la población.
Basta mencionar las deficiencias del transporte público y las presas interminables, que sustraen horas de vida a decenas de miles de costarricenses; las dificultades en la atención hospitalaria; la inseguridad ciudadana, y los obstáculos para acceder a mejores oportunidades laborales. Ninguno de estos problemas desaparece con discusiones estériles y a gritos, cuyo único propósito parece ser conseguir unos minutos de fama o quedar bien con determinada persona.
Los días transcurren, los meses se acumulan y los años pasan. Entretanto, innumerables personas seguimos esperando respuestas sensatas y proactivas. El espectáculo podrá resultar interesante para algunos, pero pierde su atractivo cuando se tiene hambre, cuando se acumulan horas de vida valiosas en un autobús o automóvil, o cuando la espera en una banca de hospital parece eterna.
Estos problemas no surgieron exclusivamente durante una administración gubernamental ni pueden atribuirse, de manera simplista, a una sola corriente política. Muchos responden a circunstancias estructurales y a decisiones acumuladas durante décadas. Reconocerlo no significa eximir de responsabilidad a quienes ejercen o ejercieron el poder, ni convertirlo en una excusa para justificar la ausencia de resultados cada cuatro años. Significa comprender que las soluciones exigen algo más que limitarse a identificar culpables.
Desde las más altas posiciones jerárquicas y de servicio público de nuestra institucionalidad democrática, debe prevalecer una responsabilidad elemental. Lo digo desde mi convicción constitucionalista: quienes ejercen autoridad deben estar sujetos a la legalidad y al “soberano”, y su actuación debe responder exclusivamente al interés público.
La crítica, el debate y la fiscalización son indispensables. También lo son la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades. Sin embargo, cuando los insultos y las discusiones estériles avasallan las propuestas, la democracia sufre y pierde oportunidades para atender las necesidades colectivas.
Imaginemos un hogar cuyos integrantes dedican todos sus esfuerzos a discutir, reprocharse errores y descalificarse mutuamente, sin ocuparse de sus necesidades básicas. O una empresa donde las confrontaciones sustituyen la planificación y el trabajo. Difícilmente podrían sobrevivir o prosperar. De igual forma, un país tampoco puede avanzar únicamente mediante discursos y decibeles.
La lección de nuestra historia , aunque les guste o no a algunos: el consenso
Costa Rica ha demostrado en varias ocasiones su verdadero rostro: las diferencias ideológicas no necesariamente impiden alcanzar acuerdos trascendentales. La construcción de las garantías sociales y otros avances institucionales surgió en contextos históricos complejos, también marcados por tensiones, desacuerdos y conflictos. Sin embargo, esos procesos evidencian que las transformaciones de mayor alcance requieren visión, determinación y capacidad para identificar objetivos colectivos superiores.
No se trata de idealizar el pasado ni de desconocer sus errores, sino de comprender que nuestra historia ofrece lecciones sobre la importancia de construir soluciones que trasciendan los intereses circunstanciales.
Las personas ocupan temporalmente sus cargos públicos; las acciones que realizan en el ejercicio del servicio público, no.
Hoy necesitamos recuperar esa disposición. Una buena propuesta no pierde valor por provenir de alguien con quien disentimos, así como una decisión no se convierte automáticamente en acertada porque procede de quienes comparten nuestras preferencias.
El verdadero compromiso con el país exige valorar las ideas por su fundamento, legalidad, viabilidad y capacidad para generar bienestar. Pensar diferente no nos convierte en adversarios.
Podemos defender nuestros principios con firmeza, denunciar arbitrariedades, exigir responsabilidades y cuestionar decisiones públicas sin renunciar al respeto ni convertir cada controversia en una batalla personal por conseguir likes.
La democracia requiere convicciones, pero también madurez para reconocer que nadie posee el monopolio de la verdad ni de las buenas ideas.
Necesitamos menos discusiones improductivas y más decisiones fundamentadas; menos interés en imponer la última palabra y mayor disposición para escuchar propuestas; menos confrontación personal y más resultados verificables. También necesitamos reconocer y aprovechar nuestras virtudes para complementarnos, con una visión crítica, apertura al debate, pluralidad de ideas y ejercicio legítimo de la fiscalización ciudadana, que no es sinónimo de paralización ni de falta de patriotismo.
Lo que sí debe ocuparnos como ciudadanía es no sucumbir al estancamiento, la arbitrariedad, la indiferencia frente al sufrimiento ajeno ni a la posibilidad de acostumbrarnos a una sociedad donde se grita más de lo que se escucha.
Estoy convencido de que muchísimos costarricenses, incluso sin conocernos y pese a nuestras diferencias, compartimos el deseo sincero de que nuestro país prospere y de que las personas tengan oportunidades reales de vivir mejor, no solo de sobrevivir.
La valentía que necesitamos no consiste en levantar la voz por encima de los demás, sino en tener la determinación de dialogar, rectificar cuando corresponda y actuar con responsabilidad. Resguardar nuestras convicciones y construir acuerdos no son ni deben ser propósitos incompatibles.
No tenemos miedo, como lo veo en las calles, de enfrentar los desafíos, mirar hacia el futuro y evitar caer en divisiones artificiales promovidas por ciertos sectores en beneficio propio.
Costa Rica merece algo más que una confrontación interminable: merece nuestra capacidad de escuchar, nuestra voluntad de construir y el compromiso de transformar las palabras en acciones.
Al final, para encarar estos retos de país, la respuesta de decenas de miles de ticos y ticas sigue siendo la misma: ¿quién dijo miedo?
Francisco Saborío Elguézabal es máster en Derecho Constitucional.