Si se comprueba que determinados dirigentes han utilizado sus cargos para introducir dinero de origen ilícito o incurrir en otras conductas ilegales, deben responder ante la justicia y recibir las sanciones correspondientes. Quienes resulten responsables deberían ser expulsados del fútbol y, cuando la normativa lo permita, inhabilitados de por vida para ejercer cargos dirigenciales.
Pero una cosa es castigar a los responsables y otra muy distinta es destruir una institución deportiva con décadas de historia, tradición y arraigo popular.
Los clubes de fútbol no pertenecen exclusivamente a quienes circunstancialmente los administran. Son parte del patrimonio cultural y social de sus comunidades. Representan la identidad de una región, alimentan las ilusiones de miles de aficionados, contribuyen a la formación de jóvenes y generan actividad económica mediante la visita de equipos, jugadores y aficionados.
Esta realidad adquiere especial relevancia en las provincias costeras de Costa Rica, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Son regiones que han aportado numerosos talentos al fútbol nacional y que, al mismo tiempo, enfrentan grandes desafíos económicos y sociales. Para sus habitantes, contar con un equipo en la máxima categoría significa mucho más que disfrutar de un espectáculo deportivo: es una fuente de orgullo, identidad y oportunidades.
Por eso, cabe preguntarse si la desafiliación y el descenso hasta el fútbol aficionado constituyen siempre la respuesta más adecuada. ¿No sería más justo y constructivo intervenir administrativamente las instituciones afectadas, apartar a los dirigentes cuestionados, realizar auditorías independientes, establecer controles financieros rigurosos y facilitar la conformación de nuevas directivas honestas?
Incluso podría establecerse un programa temporal de apoyo financiero, sujeto a estrictas condiciones de transparencia, rendición de cuentas y supervisión independiente, que permita a estas instituciones superar la crisis sin que los recursos terminen nuevamente en manos equivocadas.
Nada de esto significa justificar el lavado de dinero ni debilitar la lucha contra el crimen organizado. Todo lo contrario: significa combatirlo con firmeza, identificar y sancionar a los responsables, recuperar los recursos ilícitos cuando corresponda y proteger, a la vez, el interés público.
La justicia deportiva debe ser firme, pero también proporcional e inteligente. No puede limitarse a sancionar sin considerar las consecuencias sociales de sus decisiones. Destruir un club puede castigar indirectamente a miles de personas que no tuvieron ninguna responsabilidad en las actuaciones de sus dirigentes.
Hay que sacar del fútbol a quienes lo utilizan para fines ilícitos, no sacar del fútbol a comunidades enteras.
Costa Rica necesita mecanismos que permitan sanear las instituciones deportivas, recuperar su credibilidad y devolverlas a sus aficionados bajo una administración honesta.
El verdadero éxito de una política contra la corrupción no debería medirse solamente por el número de clubes sancionados, sino también por su capacidad para impedir que los responsables vuelvan a delinquir y preservar aquello que pertenece a la comunidad.
Porque los dirigentes pasan, pero la historia, la identidad y el sentimiento de un pueblo no deberían desaparecer por culpa de quienes administraron mal su institución.
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Fernando Sáenz Forero es catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR).
