El mundo vivió hace cuatro años una crisis sanitaria que llevó al límite los servicios de salud, sobre todo, públicos. En Costa Rica, los niveles de atención se abocaron con mucha entrega y sacrificio a atender a los miles de pacientes que necesitaron nuestro trabajo.
En ese tiempo, por la saturación y las circunstancias, muchísimas personas no pudieron ser atendidas adecuadamente de las demás enfermedades no relacionadas con la covid-19, por tanto, la ya existente lista de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) empeoró significativamente, tanto en consultas como en intervenciones quirúrgicas.
Al cansancio y saturación, explicadas por estos motivos, se suman una serie de situaciones que condujeron a una renuncia total o parcial sin precedentes.
Primero, un gobierno que en la campaña política atacaba al personal médico especializado directamente y sin contemplaciones. “Vagos en pijama, se acuestan a dormir y leen”, dijo el entonces candidato Rodrigo Chaves en una entrevista.
Posteriormente, se produjo un ataque artero anticiencia y en contra de medidas de salud pública, amén de la relación estrecha con personajes que se atrevieron a entrar por la fuerza en un hospital público.
Más adelante, se dio el nombramiento, tanto en el Ministerio de Salud como en la CCSS, de personas sin experiencia en lo relacionado con sus puestos, lo que se tradujo en la reaparición de enfermedades previamente controladas o erradicadas, el deterioro en los servicios y el hartazgo de los distintos trabajadores que han optado por irse de la institución hacia la medicina privada, o incluso fuera del país.
Bajo las circunstancias actuales, los que dejaron la CCSS muy probablemente no volverán. A eso hay que sumar el ataque directo a la Junta Directiva, los cuestionados informes que han justificado la paralización de obras y las inverosímiles excusas para no construir el hospital de Cartago.
El personal está cansado, desmotivado, mal pagado y atendiendo con muchas dificultades a pacientes que merecen una mejor atención y espacios dignos para su cuidado. Esto indigna, más cuando ha habido una subejecución del 25 % del presupuesto de la CCSS desde el 2022 y el ministro de Hacienda se niega a pagar al menos parte de la deuda del Estado a la institución.
En segundo lugar, las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y empleo público han causado un estancamiento y una reducción pavorosa del salario de los funcionarios.
No solo han renunciado masivamente médicos especialistas, sino también otros profesionales dentro y fuera de la institución. Un ejemplo es el OIJ y expertos en investigación forense.
Esas dos leyes originaron lo anunciado desde que se discutían en la Asamblea Legislativa, una diáspora de profesionales en muchos casos irremplazables por su formación y amplia experiencia.
No solo se ven afectados los usuarios de los distintos servicios que quedan sin profesionales de alta calidad, sino también la formación de nuevo recurso humano.
En la CCSS se forma el recurso humano de salud del país; el éxodo de especialistas está provocando también una renuncia masiva de profesores de pre y posgrado que impactará en el presente y futuro de la educación médica.
Suponiendo que a nuestros gobernantes no les interesase la CCSS, quizás sí les preocupe el impacto directo en la medicina privada, en el INS y en la investigación. Es un problema nacional.
En este momento, de los 56.000 empleados de la CCSS, un 25 % son profesionales en ciencias médicas y solo 2.948 médicos especialistas poseen un perfil asistencial y formador.
Los salarios de los médicos especialistas, con la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, decrecieron un 10 %, sin contar otras variables económicas.
El salario global transitorio de médico especialista en la CCSS se encuentra en el percentil 10 con respecto a los salarios globales de especialistas en otras instituciones públicas, como Recope, y los ministerios.
La diferencia mayor es con el INS, cuyo salario global es de ¢4,2 millones mensuales, es decir, que el 90 % de las remuneraciones restantes de médicos especialistas en el sector público son superiores a los pagados por la CCSS, sin considerar la complejidad de la prestación de servicios en la CCSS, exponencialmente mayor que cualquiera que den otras instituciones o empresas, públicas o privadas.
El salario global transitorio dispuesto por la CCSS presenta una diferencia del 33 % en comparación con el promedio del salario global de otras instituciones públicas.
Esos números explican la fuga de profesionales hacia la medicina privada o el INS. Así que los salarios que discuten las altas autoridades de la CCSS deben ser por lo menos iguales o superiores para empezar a negociar.
No es justo que saquen la carta de la vocación o el famoso juramento hipocrático, porque de sobra los especialistas han demostrado su compromiso con el paciente, la institución y el país durante años.
¿Es que los especialistas no son personas o no tienen las mismas obligaciones personales, familiares y nacionales de otros ciudadanos? ¿Es que el título trae consigo una olla de oro que provee comida, casa, vestido y educación a los hijos?
Hemos llegado a una encrucijada que amerita medidas que reviertan el daño lento, pero significativo, de la atención de salud por no enfrentar los problemas en su momento.
La pérdida de recurso especializado es uno de tantos, y, en su desidia, las autoridades no han sido oportunas en resolverlo. Es evidente que, en vista de la renuncia de los especialistas al tiempo extraordinario, no tienen un plan remedial acorde.
Es una medida nunca antes presentada a la institución, y no sería necesaria de haberse resuelto en los plazos acordados. Dada la pobre falta de respuesta, las consecuencias son responsabilidad de las autoridades más altas de la CCSS.
Somos testigos de la incapacidad de la Junta Directiva, la presidencia ejecutiva y las gerencias para asumir los retos de la institución.
No negociar un salario global en consonancia con las capacidades, las responsabilidades, los riesgos y las consecuencias del error, que mejore la permanencia de personal sumamente calificado, es solo uno de ellos.
Listas de espera, infraestructura deficiente y falta de voluntad de cobro al Estado de la deuda son unos cuantos de una serie de eventos desafortunados que, en manos de autoridades comprometidas con el buen funcionamiento de la seguridad social, serían suficientes para pedir la renuncia de la presidenta ejecutiva y el personal responsable.
La renuncia masiva de médicos especialistas también golpea a países de África, Oriente Próximo, Asia y el resto de América Latina. Su consecuencia son cierres de centros de salud y el deterioro significativo de los servicios.
La infraestructura es esencial, pero no es nada si no existe el recurso humano que sostenga el engranaje que se hace en salud. La fuga de médicos es una señal inequívoca de la mala gestión y la inoperancia de la administración.
La ironía de la crisis es que el personal médico sea parte de los que quieren mejorar la condición salarial para quedarse en la CCSS, demostrando que tienen interés en la institución para que siga siendo ejemplo mundial y continue mejorando la salud de los costarricenses.
Se necesita respeto y seriedad de las propuestas y en las negociaciones. No somos “vagos en pijama”, sino personal crítico e imprescindible para la prestación de servicios en la CCSS.
Los autores son médicos especialistas.
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