En el mundo globalizado y altamente interconectado en que vivimos, centenares de aeronaves extranjeras surcan nuestros cielos: no son aviones de combate, pero forman parte de la fuerza aérea de sus respectivos países, incluidos aquellos que transportan a jefes de Estado u otros dignatarios.
La mayoría de ellos sobrevuelan rumbo a su destino final dada nuestra situación geográfica; otros se reabastecen de combustible y prosiguen rápidamente su camino. Varios son vuelos ambulancia, y algunos vienen para ser reparados por Coopesa.
Durante décadas, la mayor parte de los permisos han sido otorgados por la Dirección General de Aviación Civil, en ejercicio de su competencia, y hemos tenido el mismo texto del artículo 121, inciso 5 de nuestra Constitución.
Ambos factores coexistían sin que se denunciara menoscabo a nuestra soberanía por tener ese mecanismo de autorización expedito y lógico cuando se trata de aeronaves no artilladas.
Siempre ha estado absolutamente claro que si se trata de aeronaves artilladas, los permisos son competencia directa de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, un voto de la Sala Constitucional (el número 9122-2013 del 5 de julio del 2013) eliminó ese mecanismo, situación que se exacerbó recientemente por la presentación de un recurso de amparo originado en el permiso para reabastecimiento que Aviación Civil otorgó a unos helicópteros estadounidenses.
Centenares de autorizaciones. El problema es que el año pasado Aviación Civil recibió más de 700 solicitudes de ese tipo; es decir, por sobrevuelos, reabastecimiento, vuelos ambulancia, reparaciones, etcétera.
Solo entre el 1.° de julio y el 15 de setiembre de este año, hubo 70 peticiones, correspondientes a aeronaves de Bolivia (con el vicepresidente a bordo), México, Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Chile (en el que viajaba la presidenta), Marruecos (visita de turismo de la familia real) y Colombia, entre muchos otros países.
Para cada solicitud de permiso que deba ser revisado en el Plenario, cada congresista podría intervenir hasta por media hora si así lo desea; lo cual deja claro el potencial de entrabamiento si tuviesen que analizarse cientos de trámites de este tipo, cuando se trata, reitero, de aeronaves no artilladas.
Esto incluye aeronaves de carácter policial en las cuales viajan oficiales que vienen a cooperar en la lucha contra el crimen que azota a nuestro país.
Solución práctica. El espíritu de la propuesta de solución que he planteado está claro: cualquier permiso para aeronaves de guerra debe ser conocido por el Plenario y por nadie más; las aeronaves policiales o de aduanas destinadas al cumplimiento de la ley no requerirán ese tipo de trámite y tampoco aquellas “aeronaves que ni son de guerra, ni traen tropas, ni vienen artilladas”.
En esta línea, tuvimos muy presente que la propia Procuraduría General de República señaló en un dictamen vinculante, del 2006, que no toda aeronave militar, por el hecho de pertenecer a la fuerza aérea de un país, es una nave de guerra.
Este es un asunto de Estado y todo análisis realista evidencia la necesidad de encontrar una solución razonable, sin caer en reduccionismos de corte ideológico ni en absurdos que dañan el buen nombre del país, por lo cual espero que sea posible llegar a acuerdos legislativos para solventar este dilema.
A mi despacho lo adorna un retrato de Juan Rafael Mora Porras, precisamente porque admiro su ejemplar defensa de la soberanía nacional como he compartido con la Asociación Morista Costarricense en múltiples actos.
Mi compromiso con preservar nuestra soberanía es absoluto, pero creo que esta posición puede y debe combinarse con la racionalidad y el sentido de oportunidad que debe caracterizar a quienes formamos parte de los supremos poderes.
Rafael Ortiz Fábrega es presidente de la Asamblea Legislativa.
