¿Para quién funciona la democracia?

Cuando defender la democracia ya no es suficiente

¿Para quién funciona la democracia? La pregunta parece “fácil” de responder, pero quizá sea una de las más incómodas de nuestro tiempo, especialmente para quienes han nacido y crecido en democracias “consolidadas”.

En América Latina, y también en democracias consideradas sólidas, buena parte de la discusión pública se ha concentrado en la necesidad de defender las instituciones frente al avance de liderazgos populistas, personalistas o abiertamente autoritarios.

La preocupación es válida. Sin tribunales electorales independientes, división de poderes, libertad de expresión, parlamentos, justicia constitucional y reglas que limiten al gobernante, la democracia puede convertirse rápidamente en una formalidad vacía.

Pero hay otra pregunta que solemos dejar en segundo plano: ¿qué ocurre cuando esas instituciones sobreviven, se fortalecen y se protegen, pero una parte creciente de la ciudadanía deja de sentir que funcionan para responderle a la ciudadanía? El problema ya no es solamente la resistencia de la democracia frente a quien intenta destruirla. Es también su capacidad para responder a quienes le dan razón de ser.

Costa Rica permite observar esta paradoja con particular claridad. Durante décadas, el país construyó alrededor de la democracia algo más que un sistema de gobierno. La convertimos en parte de su identidad. Decimos que Costa Rica es democrática de una manera semejante a como decimos que es un país de paz, solidario o verde. La democracia se transformó en uno de nuestros mitos fundacionales: una afirmación acerca de quiénes creemos que somos.

La tesis de este ensayo es que una democracia puede conservar instituciones formalmente sólidas y, al mismo tiempo, perder capacidad de respuesta democrática. Cuando esa brecha se prolonga, se produce un desacople entre el valor democrático y la experiencia cotidiana del ciudadano. Primero, aparece la frustración; luego la desconfianza; después el desapego.

En ese terreno puede prosperar una oferta política peligrosa: la promesa de devolverle el poder al pueblo debilitando precisamente las instituciones que limitan a quien dice representarlo.

De los valores a los mitos: cuando una decisión termina diciendo quiénes somos

Hablar de mitos fundacionales exige una aclaración. En esta conversación, mito no significa falsedad. Tampoco lo utilizo en el sentido de las narraciones sobrenaturales de las civilizaciones antiguas. Se refiere a aquellos relatos colectivos mediante los cuales una sociedad organiza su experiencia histórica y termina convirtiendo acontecimientos, valores e instituciones en afirmaciones sobre su propia identidad.

Benedict Anderson (1983) definió la nación como una comunidad imaginada. Miles de personas que nunca llegarán a conocerse pueden reconocerse como parte de un mismo “nosotros” porque comparten símbolos, memorias, instituciones y relatos.

Eric Hobsbawm y Terence Ranger (1983) mostraron, a su vez, cómo las sociedades construyen tradiciones que producen una sensación de continuidad entre pasado y presente. Anthony D. Smith (1991) añadió un matiz indispensable: las identidades modernas no se fabrican sobre una página en blanco, sino que reutilizan memorias, símbolos, valores y tradiciones culturales preexistentes.

El mito tiene la capacidad de convertir aquello que fue histórico y contingente en algo que termina pareciendo natural (Barthes, 1972). Costa Rica abolió el ejército: ese es un acontecimiento. Costa Rica es un país de paz: esa es una identidad. Costa Rica desarrolló instituciones electorales: ese es un proceso histórico. Costa Rica es democrática: esa es una afirmación sobre el “nosotros”.

Entre ambas cosas existe un proceso de sedimentación. Una decisión se convierte en institución; la institución produce experiencias; esas experiencias se transmiten entre generaciones; el valor se normaliza y, finalmente, puede convertirse en identidad. Por eso, los mitos fundacionales no solamente dicen “esto ocurrió”. Dicen “esto somos” y, de manera todavía más importante, “esto deberíamos seguir siendo”.

¿Quién es el sujeto beneficiario de la democracia?

La palabra democracia contiene desde su origen una respuesta: el demos = la gente. Sin embargo, la democracia moderna es mucho más compleja que el simple gobierno de la mayoría. El tiempo ha demostrado que la voluntad mayoritaria también necesita límites. De ahí nacieron constituciones, derechos fundamentales, división de poderes, tribunales independientes, organismos electorales y mecanismos de control.

Esa arquitectura no es un obstáculo para la democracia. Es una de sus mayores conquistas. Impide que una mayoría circunstancial suprima derechos, que un gobernante utilice el Estado como propiedad personal o que una elección se convierta en autorización para gobernar sin límites.

El problema aparece cuando confundimos la solidez de esa arquitectura con la salud completa de la democracia. Las instituciones democráticas fueron creadas para proteger a la ciudadanía del abuso del poder. Pero una institución puede desarrollar, como cualquier organización, incentivos para proteger su propia estabilidad, procedimientos y competencias. En algún momento, puede producirse una inversión peligrosa: instituciones creadas para servir y proteger al ciudadano comienzan a relacionarse con él principalmente como alguien que debe adaptarse a sus procedimientos.

El tribunal electoral no existe para proteger al tribunal electoral. El parlamento no existe para proteger al parlamento. El Poder Judicial no existe para proteger al Poder Judicial. Los partidos tampoco existen para garantizar la supervivencia de los partidos. Su legitimidad democrática proviene de una relación anterior: todos forman parte de un sistema cuyo sujeto último es el ser humano, el ciudadano y su bienestar.

Dahl y la capacidad de respuesta democrática

Robert Dahl ofrece una herramienta fundamental para comprender esta tensión. En Polyarchy, plantea que una característica central de la democracia es la capacidad continuada del gobierno para responder a las preferencias de sus ciudadanos, considerados políticamente iguales (Dahl, 1971). No basta, por tanto, con que el ciudadano pueda votar. Debe poder formular preferencias, expresarlas, contrastarlas sin violencia y conseguir que sean consideradas dentro del proceso político.

Propongo llamar a esta dimensión capacidad de respuesta democrática. No significa que el Estado deba satisfacer automáticamente cada demanda ciudadana. Ninguna democracia puede hacerlo, y hacerlo tampoco sería necesariamente democrático.

Existen derechos de minorías, restricciones presupuestarias, obligaciones constitucionales y decisiones que requieren ponderar intereses contradictorios. Responder no significa obedecer. Significa escuchar, procesar, explicar, decidir y permitir que el ciudadano pueda reconocer una relación entre su demanda y la acción pública.

Podemos distinguir, entonces, tres dimensiones. La democracia procedimental garantiza elecciones, competencia y alternancia. La democracia constitucional limita el poder y protege derechos. La capacidad de respuesta democrática conecta esas instituciones con las necesidades, preferencias y expectativas de la ciudadanía.

Una democracia saludable necesita las tres. El problema surge cuando las dos primeras permanecen relativamente fuertes mientras la tercera se deteriora. Puede haber elecciones impecables y comunidades que esperan años por infraestructura básica. Puede existir división de poderes y familias incapaces de acceder oportunamente a servicios públicos esenciales. Puede existir libertad de expresión y, simultáneamente, ciudadanos convencidos de que nadie los escucha.

Nada de esto convierte automáticamente a una democracia en autoritaria. Pero tampoco deberíamos cometer el error de asumir que, porque las instituciones siguen en pie, la experiencia democrática permanece intacta.

¿Iguales ante las urnas, desiguales ante la respuesta?

La capacidad de respuesta democrática tiene, además, una dimensión social que no puede ignorarse. Cuando una institución pública deja de responder, el costo no se distribuye de manera uniforme.

Una persona con recursos puede sustituir privadamente muchos servicios. Si la atención sanitaria tarda, paga medicina privada. Si desconfía de la educación pública, busca una alternativa privada. Si necesita asesoría para atravesar una burocracia compleja, contrata a quien conozca el procedimiento. Si requiere hacer visible un interés, dispone de redes profesionales, organizaciones o recursos para amplificarlo.

Para el ciudadano vulnerable, ocurre algo diferente. Cuando falla la institución, con frecuencia no existe sustituto. Por eso el deterioro de la respuesta pública no es solamente un problema administrativo. Puede convertirse en un problema de igualdad política sustantiva.

Dahl (1971) coloca la igualdad política en el centro de la democracia. Si todos tienen formalmente un voto, pero algunos poseen muchas más posibilidades que otros de convertir sus necesidades en influencia efectiva, la distancia entre igualdad jurídica e igualdad política comienza a crecer. La pregunta incómoda es inevitable: ¿cuán saludable es una democracia en la que todos tienen el mismo derecho a demandar, pero no la misma posibilidad real de obtener una respuesta?

Costa Rica: cuando la democracia se convierte en identidad

En Costa Rica, esta discusión adquiere una importancia especial porque la democracia no es solamente una forma de gobierno. Es uno de nuestros principales relatos de identidad. Durante décadas, nos hemos explicado a nosotros mismos mediante una idea de excepcionalidad: frente a una región marcada por golpes de Estado, guerras civiles y autoritarismos, Costa Rica construyó elecciones competitivas, alternancia, institucionalidad y resolución pacífica del conflicto.

Ese relato ha tenido efectos positivos. Los mitos fundacionales también producen comportamiento. Si una sociedad aprende que “somos democráticos”, una ruptura del orden constitucional no aparece únicamente como una ilegalidad, sino como una contradicción con aquello que cree ser. De manera semejante, la abolición del ejército trascendió la decisión de 1948 para convertirse en la afirmación “somos un país de paz”.

Pero los mitos pueden producir zonas ciegas. Si la democracia forma parte de nuestra identidad, podemos terminar evaluando su salud únicamente mediante la supervivencia de sus instituciones. Hay elecciones, Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, Poder Judicial y alternancia; por tanto, la democracia está bien.

La conclusión puede ser demasiado cómoda. En trabajos anteriores sobre la sociedad costarricense, he insistido en la tensión entre una autoimagen positiva y una experiencia cotidiana marcada por enojo, pesimismo, desigualdad y sensación de desacople. Los sistemas que funcionaron y generaron bienestar pueden desgastarse si no se ajustan a nuevas expectativas (Borge González & Castro Calvo, 2024). La pregunta, entonces, no es únicamente si las instituciones democráticas siguen funcionando. Es para quién están funcionando.

El desacople entre el mito democrático y la experiencia ciudadana

Aquí aparece un fenómeno que podemos llamar desacople democrático. El ciudadano continúa creyendo en el valor, pero deja de creer en la organización que debería materializarlo. Cree en la salud universal, pero cuestiona la capacidad de la institución sanitaria para atenderlo. Cree en la educación pública, pero duda de que garantice movilidad. Cree en la justicia, pero no confía en obtenerla oportunamente. Cree en la democracia, pero deja de sentirse representado por sus partidos.

Estas expresiones no son equivalentes a rechazar la democracia. Al contrario, la frustración puede surgir precisamente porque la persona todavía cree en la promesa. Una institución que no significa nada tampoco decepciona profundamente. La decepción aparece cuando existe una expectativa moral incumplida.

Por eso, debemos diferenciar dos frases: “no creo en la democracia” y “no creo que esta democracia funcione para mí”. Políticamente, son fenómenos muy distintos. Si los confundimos, podemos interpretar toda crítica institucional como una amenaza antidemocrática y terminar defendiendo instituciones sin escuchar aquello que origina la crítica.

Una democracia institucionalmente fuerte puede consumir lentamente su capital de legitimidad cuando deja de responder. La erosión comienza antes de que aparezca el liderazgo autoritario. Comienza cuando el ciudadano deja de reconocer su propia vida en el relato democrático.

Los partidos: de intermediarios a parte del problema

Entre ciudadanía e instituciones, existe un actor cuya función resulta esencial: el partido político. Los partidos no fueron creados únicamente para ganar elecciones. Deben recibir demandas dispersas, interpretarlas, agregarlas y convertirlas en programas, legislación y políticas públicas. Son traductores entre sociedad y Estado.

Pero traducir exige comprender el lenguaje de quien habla. Y las sociedades cambian. Los valores se recombinan. Una sociedad históricamente cristiana puede ampliar su comprensión de la dignidad y reconocer nuevos derechos. Una ciudadanía defensora del Estado social puede exigir simultáneamente eficiencia, evaluación y rendición de cuentas. Una sociedad ambientalista puede reclamar crecimiento, empleo y productividad. Un ciudadano puede creer profundamente en la democracia y no sentirse representado por ningún partido.

La crisis partidaria puede ser, entonces, algo más que corrupción, desgaste de marcas o incapacidad electoral. Puede ser una crisis de traducción. Los partidos continúan ofreciendo respuestas construidas para una configuración social que se transformó. El ciudadano no necesariamente perdió sus valores; puede haberlos reconfigurado.

Cuando el partido deja de interpretar esas nuevas combinaciones, aparece un segundo desacople: ciudadanía-representación. Y cuando la institucionalidad tampoco responde adecuadamente, ambos desacoples se alimentan entre sí.

“Ellos no los escuchan; yo, sí”: la puerta del autoritarismo

Es en esa brecha donde la advertencia de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt adquiere toda su importancia. Las democracias contemporáneas no siempre mueren con tanques, golpes militares o la clausura inmediata del parlamento. Pueden erosionarse desde dentro, conducidas por dirigentes que llegaron al poder mediante elecciones y que progresivamente debilitan árbitros, contrapesos y normas democráticas (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Los autores destacan dos normas informales decisivas: la tolerancia mutua, es decir, reconocer al adversario como rival legítimo, y la contención institucional, que implica no utilizar hasta el límite todas las facultades legales simplemente porque sea posible hacerlo (Levitsky & Ziblatt, 2018). Cuando esas barreras blandas se erosionan, la competencia política puede transformarse en una lucha en la que perder parece intolerable.

Pero hay una pregunta anterior que debemos hacernos: ¿por qué una ciudadanía que valora la democracia empieza a escuchar a quien propone debilitar sus instituciones? Una respuesta posible se encuentra en la falta prolongada de capacidad de respuesta democrática.

El liderazgo populista con vocación autoritaria encuentra entonces una narrativa poderosa: “Ellos no los escuchan; yo sí”. El “ellos” puede ser el parlamento, los jueces, los partidos, la prensa, los técnicos o la burocracia. El “yo” se presenta como conexión directa entre el pueblo y el poder.

El argumento puede comenzar identificando un problema real. Hay instituciones lentas. Hay burocracias que no escuchan. Hay partidos desconectados. Hay personas que sienten que el sistema no responde.

El peligro aparece en la solución propuesta: si las instituciones impiden responder, eliminemos sus límites; si los jueces contradicen al gobernante, son enemigos; si el parlamento fiscaliza, obstruye; si la prensa cuestiona, conspira; si la oposición discrepa, traiciona.

Así comienza una erosión democrática que puede avanzar sin romper inmediatamente la legalidad. El gobernante no necesita destruir todas las instituciones de una vez. Puede vaciarlas gradualmente, colonizarlas o convertirlas en instrumentos del Ejecutivo. El resultado final puede ser un régimen crecientemente autoritario, aunque conserve elecciones y algunas formas externas de democracia.

La paradoja de la defensa democrática

Llegamos, entonces, a una paradoja que las democracias del siglo XXI necesitan resolver. Necesitamos instituciones fuertes para defender la democracia de quienes pretenden destruirla. Pero también necesitamos instituciones con capacidad de respuesta para evitar que suficientes ciudadanos lleguen a preguntarse para qué deben defenderlas.

Una cosa no sustituye a la otra. Debilitar tribunales porque son lentos no fortalece la democracia. Eliminar controles porque complican la gestión tampoco. Concentrar poder porque el Estado es ineficiente puede terminar destruyendo precisamente las garantías que protegen al ciudadano.

Pero defender el statu quo institucional sin atender la frustración ciudadana tampoco resuelve el problema. La democracia necesita resistencia frente al autoritarismo y capacidad de respuesta frente al ciudadano.

La defensa institucional debe ir acompañada de una pregunta permanente: ¿esta institución continúa cumpliendo la razón democrática que justificó su creación? Si la respuesta es no, reformarla no es atacar la democracia. Puede ser precisamente una forma de defenderla.

Conclusión: La democracia fue creada para servir a la gente

Quizá hemos dedicado demasiado tiempo a autoafirmarnos que nuestras instituciones son democráticas y demasiado poco a preguntarnos para quién funcionan.

Una democracia no puede prometer resolver todas las demandas ni obedecer automáticamente a cada mayoría. Debe proteger derechos, minorías y libertades, incluso cuando hacerlo sea impopular. Pero también debe conservar la capacidad de escuchar, procesar y responder, especialmente frente a quienes no poseen dinero, contactos o poder para sustituir la acción pública.

Si “somos democráticos” constituye uno de los grandes mitos fundacionales costarricenses, defender ese mito no puede significar solamente conservar las instituciones que heredamos. Significa conservar la relación que les da sentido: institución y ciudadanía, representación y representado, Estado y demos.

Una institución democrática que deja sistemáticamente de responder puede continuar siendo jurídicamente democrática durante mucho tiempo. Pero comienza a consumir el capital de legitimidad sobre el cual descansa. Primero, aparece frustración. Después, desconfianza. Luego, desapego. Y en algún momento puede aparecer alguien dispuesto a convertir ese desapego en una explicación sencilla: las instituciones son el problema.

El platillo que sigue en el menú es conocido y peligroso: para devolverle el poder al pueblo, hay que quitarle poder a las instituciones que limitan a quien afirma representarlo. Es allí donde una crisis de respuesta puede convertirse en una crisis de democracia y, si el proceso no se corrige, abrir el camino hacia formas cada vez más autoritarias de ejercicio del poder.

Por eso, la pregunta más importante para una democracia históricamente sólida como la costarricense no es solamente si sus instituciones sobrevivirán. Es si las personas continúan reconociéndose en ellas. Y, todavía más importante, si el ciudadano que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad puede experimentar en su vida cotidiana que la democracia también funciona para él.

Al final, el demos no fue creado para justificar la democracia. La democracia fue creada para servir a la gente.

Y quizá allí se encuentre la advertencia fundamental de nuestro tiempo: el mayor peligro para una democracia institucionalmente sólida no comienza cuando la ciudadanía deja de creer en la democracia. Comienza cuando suficientes ciudadanos llegan a convencerse de que la democracia dejó de creer en ellos.

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Nota del autor: Este ensayo debe leerse como una reflexión argumentativa de autoría humana. En algunos tramos se han usado herramientas de inteligencia artificial para ordenar, revisar o reformular ideas. La responsabilidad intelectual de la tesis, la selección de fuentes, el enfoque interpretativo y las conclusiones corresponden al autor.

Víctor Borge González es máster en Imagen y Comunicación Política de la Universidad Pontificia de Salamanca. Licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Fidélitas de Costa Rica.