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Pandemia de malas ideas legislativas

Una diputada del PLN promueve un proyecto que obligaría a colocar advertencias sanitarias en un gran número de alimentos y bebidas

En momentos en que muchísimas pequeñas empresas luchan por salir adelante durante una pandemia que ha dejado negocios reducidos a su mínima expresión, una diputada del Partido Liberación Nacional promueve un proyecto que obligaría a colocar advertencias sanitarias en un gran número de alimentos y bebidas envasadas que contengan sodio, azúcar y grasas, entre otros. Por ejemplo, cereales, gaseosas, bebidas para niños en tetrabrik, «snacks», algunos atunes enlatados, etc. Y también planea la eliminación del todo de cierto tipo de publicidad de esos productos.

El propósito, a primera vista, parece noble y loable, hasta que se analizan detenidamente los beneficios reales, el impacto y los derechos que restringe la iniciativa.

En cuanto a los beneficios, siempre se alegará el cuidado de la salud de las personas; sin embargo, en otras categorías de productos, advertencias similares han probado poca eficacia para disuadir a los consumidores, tal es el caso de los cigarrillos.

Un estudio publicado en el 2019 por la Universidad de Oxford demostró, de acuerdo con un experimento llevado a cabo en Estados Unidos con fondos del Instituto Nacional del Cáncer, que en un punto de venta simulado, donde vendían y exhibían cigarrillos con advertencia gráfica sanitaria y sin ella, no hubo modificación alguna en el patrón de comportamiento de los consumidores, quienes no solo compraron de acuerdo con sus hábitos, sino que no se vieron en nada afectados por la presencia o ausencia de las alertas impresas.

En su lugar, el gobierno debiera tratar de darle un giro positivo a su actuación por medio de programas que promuevan un estilo de vida saludable.

En Europa, el proyecto de política pública Comer Bien (Eatwell Project) ha tenido resultados más alentadores para mejorar los hábitos alimentarios de las personas sin valerse de grotescas advertencias en los productos alimenticios y sí a través de estructuradas campañas informativas y programas educativos en escuelas y colegios.

Hoy por hoy, en estas naciones, los porcentajes de obesidad y otras enfermedades crónicas derivadas de una mala alimentación son mucho menores.

Los beneficios para la salud de la legislación propuesta en Costa Rica, por tanto, son muy cuestionables. Lo que sí es evidente es el daño que se inflige a los fabricantes, en muchos casos pequeños productores nacionales.

La utilización de una parte de la superficie de los productos para colocar los mensajes sanitarios del gobierno significa, en términos prácticos, una expropiación de su propiedad sin indemnización alguna (como manda la ley), porque, de buenas a primeras, se les estaría obligando a imprimir los textos y gráficos en sus productos.

Asimismo, se incrementa el costo de manufactura, pues, en el mejor de los casos, tendrían que mandar a imprimir el material de empaque. En el peor, muchas compañías, con máquinas empacadoras e impresoras propias, deberán costear carísimas modificaciones en todo su modelo productivo, lo cual encarece no solo el costo operativo y la utilidad de las empresas, sino también su capacidad para dar empleo. ¿Queremos incrementar aún más el desempleo en el país?

Otro aspecto por considerar es que la prohibición de publicidad en los alimentos y bebidas contemplados en el proyecto se convierte en una barrera regulatoria a la entrada de nuevos competidores al mercado en beneficio de las marcas más consolidadas. Naturalmente, el freno lo sentirán las pequeñas y medianas industrias.

Queda claro que los beneficios para la salud son cuestionables y los daños económicos son evidentes. ¿Qué pasa con los derechos? Se violan los derechos consagrados en la Constitución Política, como la libertad de elección y de empresa; los convenios centroamericanos, que procuran armonizar el etiquetado de los productos alimenticios y bebidas que se venden en la región; los tratados internacionales, que protegen la propiedad intelectual; y las normas administrativas y constitucionales, que protegen contra la expropiación de la propiedad privada.

Los objetivos de salud del gobierno no son incompatibles con el respeto a estos derechos y libertades que, en todo caso y estrado, deben defenderse.

Creo que el gobierno debe impulsar programas para que los individuos busquen alimentarse mejor. Es igualmente necesario que las autoridades busquen mecanismos para propiciar las condiciones socioeconómicas con el fin de que los costarricenses tengan a disposición productos saludables a mejores precios. Con prohibiciones e imposiciones, se ha demostrado a lo largo de la historia que no se consigue ningún objetivo de política pública.

jorge.dengo@dentons.com

El autor es abogado, especialista en derecho de competencia y del consumidor.