El Proyecto de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano Quinta Etapa (PAAM), conocido como Orosi II, es quizás uno de los cinco planes más estratégicos e importantes para el crecimiento del país y la salud pública.
No solo asegura la continuidad del servicio y su calidad, en contraste con los racionamientos que en los últimos dos años han aumentado durante semanas y meses, sino que también incrementa la cantidad del suministro en 2,5 metros cúbicos de agua por segundo, casi el doble del actual, para garantizar la disponibilidad de agua y solventar definitivamente el déficit.
El proyecto no se basa en ideas plasmadas en una servilleta, como señaló el presidente ejecutivo del AyA en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa el jueves 8 de agosto. Este tuvo que pasar por diversas y complejas etapas que conforman el ciclo de vida de un proyecto de esta envergadura, con detallados expedientes técnicos y financieros.
El componente inicial, que comprendía las obras de captación y conducción, la planta potabilizadora, las obras de distribución, una central hidroeléctrica y las escombreras, implicaba $307 millones, y la totalidad del proyecto, aproximadamente $445 millones.
Orosi II comenzó con la prefactibilidad en 1989, que finalizó en el 2017, y contaba con un avance del 85 % en los diseños al concluir la administración Alvarado Quesada. El 24 de noviembre del 2020, el proyecto fue aprobado en el Directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y, posteriormente, el proyecto y su financiamiento fueron remitidos al Mideplán mediante el oficio PRE-2021-031 del 13 de enero del 2021.
Los estudios de viabilidad ambiental se concluyeron a finales de la administración anterior, el 13 de octubre del 2021, con la obtención de la resolución 1600-202, lo cual implicó un considerable trabajo de meses, así como comunicación y difusión entre las comunidades de Orosi. Esta aprobación habilita el proceso constructivo con una vigencia de cinco años, que vencerá el 13 de octubre del 2026. Es decir, si no se actúa de forma decidida en la ejecución del proyecto, no solo se perderá el crédito, sino también la viabilidad ambiental que habilita el proceso constructivo.
En mayo del 2022, el proyecto estaba en condiciones de someterse a la fase final de formalización ante el Mideplán y Crédito Público. El BCIE estableció un plazo de dos años para formalizar el financiamiento aprobado, que caducó el 24 de noviembre del 2022. Dicho de otro modo, se dejó transcurrir todo el 2022 sin efectuar los procesos finales necesarios, y lo que se argumentó en su momento fue que era necesario “ampliar los estudios de factibilidad y precisar los datos”, según el comunicado de prensa emitido por el AyA el 6 de diciembre del 2022.
Pareciera que todos los antecedentes técnicos y documentales desaparecieron del AyA en el 2024. Ante la descripción de los antecedentes y los avances comprobables, la única razón para no continuar con el proyecto es política, pues técnicamente se cuenta con los antecedentes suficientes para comenzar los procesos constructivos por fases de ejecución.
Ningún portafolio de inversiones sustituto, y menos aún cuando sus proyectos no tienen como prioridad reducir el déficit, sino atender órdenes sanitarias y judiciales, compensará el vacío y el impacto que tendrá no realizar el proyecto Orosi II.
Más que el legado de una administración u otra, resulta afectada la población, no solo porque se ocultó la verdad en la comparecencia mencionada, sino porque el hecho de paralizar el proyecto y dejar perder su financiamiento, y eventualmente su viabilidad ambiental, privará de agua a cientos de miles de costarricenses en los próximos años y limitará las posibilidades de crecimiento económico en la Gran Área Metropolitana.
El autor es expresidente de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
