El nuevo impulso a las urgencias institucionales para la provisión de agua a la Gran Área Metropolitana (GAM) me genera satisfacción por la población que lo ha demandado durante años, sobre todo las familias de los Hatillos, Alajuelita, Moravia y Goicoechea.
Es de personas honorables y sabias reconocer los esfuerzos para atender los problemas de desabastecimiento que padecen miles de personas de la GAM.
Datos hidrometeorológicos, de caudales y piezómetros revelan la disminución de agua en ríos y quebradas, así como en los niveles de los pozos, en los últimos 20 años.
Las causas se atribuyen a diversos factores, tales como cambios en el comportamiento de las lluvias (épocas secas más extensas y otras en las cuales las lluvias son intensas en períodos más cortos), ausencia o desacertada planificación territorial sin considerar los cuerpos de agua superficiales, falta de regulación del uso del suelo en zonas de recarga, irrespeto a las áreas de protección establecidas en la Ley de Aguas (1942) y la Ley Forestal (1996), y balances hídricos desactualizados por cuerpo de agua y aprovechamiento ilegal.
Su consecuencia son la crisis en los sistemas de abastecimiento de la GAM y la salinización de los acuíferos costeros en Guanacaste en el 2015 y otras partes del país.
En Guanacaste, el AyA trabajó en el 2014 en busca de alternativas de fuentes de agua a los sistemas costeros (acuíferos playa Panamá, El Coco y los costeros de Santa Cruz: Huacas-Tamarindo, Brasilito, Flamingo, Potrero), así como a los contaminados con arsénico.
Por eso, fueron identificados y construidos nuevos acueductos con fuentes de agua seguras. La mayor parte con recursos de la institución, entre estos, el acueducto de la zona costera de Santa Cruz y el de Sardinal-El Coco.
Otros, como el de Trancas-Papagayo, con recursos propios y mediante alianzas público-privadas, el acueducto de Cañas-Bebedero con fondos donados por la República Popular China y el de Bagaces con fondos del BCIE.
Al tomar las previsiones, se pudo dar descanso a los acuíferos costeros sometidos a explotación, y hoy están recuperados de la salinización, lo cual significó nuevas obras e inversiones que aseguraron el abastecimiento de agua a muy buena parte de la Región Chorotega, pues también se concluyeron los acueductos de Liberia y Nicoya.
En la GAM, desde que se construyó Orosi I, entre 1984 y 1987, se recomendó continuar con Orosi II, ya que se anticipó que iba a ser necesario más caudal.
Por ello, la prefactibilidad del megaproyecto data de 1987-1989, pero hasta el 2013, la entonces presidenta del AyA lo retomó mediante un contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para comenzar los estudios básicos.
En el 2014, el nuevo gobierno intensificó las conversaciones con el ICE y se firmaron diversos contratos, ya no solo para los estudios básicos, sino también para la revisión de los estudios de prefactibilidad.
Se elaboró la factibilidad técnica, económica y ambiental. También, los diseños finales de lo que denominamos Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM) u Orosi II.
En su momento, fue definido como el más prioritario y definitivo para el abastecimiento de la población de la GAM.
Asimismo, se celebraron varias reuniones con las comunidades de Orosi, Palomo, Navarro de Muñeco y la Municipalidad de Paraíso para analizar con ellos sus necesidades y los compromisos del AyA para mejorar sus condiciones de abastecimiento de agua.
En ese momento, el costo del proyecto ascendía a $445,5 millones y el caudal aportado se calculaba en 2.500 litros por segundo durante los siguientes 20 años, para beneficiar a 638.000 personas de manera directa y cerca de 1,4 millones indirectamente, con los siguientes componentes: 44,3 kilómetros de tuberías, de los cuales 8,6 serían túneles, una nueva planta potabilizadora en la parte alta de Patarrá y cuatro tanques de almacenamiento con capacidad para 40.000 metros cúbicos. El avance de los diseños llegó al 80 % en el 2021.
Para ejecutar el plan, se aprobó en el 2018 la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio natural del Estado, fundamental para la adquisición de terrenos en zonas de protección y la aprobación del crédito otorgado por el BCIE, por un monto de $399,1 millones.
¿Qué proseguía? El AyA debía formalizar el crédito con las diversas instancias del gobierno. No lo hizo, y, muy penosamente, se perdió.
El segundo pilar para resolver el faltante hídrico en la GAM era el Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada, con el cual se reduciría un 17 % el recurso dejado de registrar en los sistemas de la GAM y en otras siete grandes ciudades.
El proyecto arrancó en el 2019 con la contratación de la empresa Aguas de Escazú y un diagnóstico de muchos de los sistemas principales de los acueductos del AyA.
A finales del 2020, se elaboraron 16 licitaciones por un monto aproximado de $100 millones para mejorar las macros y micromediciones, los sistemas eléctricos y de bombeo, y la sustitución de la tubería.
¿Qué pasó después de esto? Las licitaciones se pararon e incluso el año anterior se pretendió cancelar la contratación de la empresa adjudicataria.
Considerando, además, que la GAM había resultado ser una de las zonas más afectadas por el cambio en los regímenes de lluvias en los últimos 10 años (2010-2020), el AyA planteó un programa de emergencia por déficit hídrico, compuesto por 27 proyectos a corto y mediano plazo, que debían ser concluidos en noviembre del 2021, por un monto de ¢31.137 millones.
Todos los proyectos de emergencia avanzaron hasta finales del 2020, a pesar de las dificultades durante la pandemia, el hackeo de los sistemas informáticos del AyA y dificultades en el sistema de cobro a los abonados.
En general, los proyectos mencionados conllevaron un minucioso trabajo, incluido el monitoreo semanal con expertos del más alto nivel. Lamentablemente, por los vaivenes político-gerenciales del AyA, muchos de esos planes se detuvieron.
Recientemente, el AyA retomó varios de los proyectos que fueron declarados de emergencia, respaldados por un decreto ejecutivo del gobierno anterior, y lo anunció, como habíamos previsto, como la gran solución para la GAM. Ojalá así sea.
La autora es catedrática de la Universidad de Costa Rica fue presidenta Ejecutiva del AyA en los períodos 2014-2018 y 2018-2020.
