Hay fotografías que no deberían conmovernos hasta las lágrimas; deberían provocarnos indignación. No porque las personas que aparecen en ellas no merezcan admiración, sino precisamente porque merecen algo más. Merecen respeto por su dignidad y por su capacidad de seguir adelante en circunstancias insoportables. Lo que no deberíamos admirar es a la sociedad que las obliga a hacerlo.
Un hombre de 85 años que continúa laborando por necesidad, una madre que multiplica sus jornadas para alimentar a sus hijos y un niño que camina kilómetros bajo la lluvia para llegar a las aulas pueden ser llamados “ejemplos de vida” por el discurso oficial. O podemos llamarlos por su verdadero nombre: síntomas de un país que está fallando.
Esta reflexión, inspirada originalmente en una lúcida publicación de Gabriela Chacón Arias en su muro de Facebook, nos obliga a denunciar cómo el discurso político formal recurre al dolor colectivo. El poder lo maquilla de “resiliencia y mérito” para que no huela a abandono, planteando la pregunta incómoda que suele quedar fuera de la fotografía en la Costa Rica actual: ¿por qué esas personas tienen que sobrevivir en tales condiciones?

El problema no es la resiliencia; es necesitarla
Existe una palabra que se ha convertido en el comodín moral de nuestro tiempo: resiliencia. Admiramos a quien soporta la privación, pero algo está profundamente equivocado cuando esa fortaleza individual termina sustituyendo a la justicia social.
Como bien increpa Chacón ante la romantización de la miseria, “lo que ellos llaman ‘ejemplo’, yo lo llamo fracaso”. Es el fracaso absoluto de una estructura que convierte la injusticia en moraleja y que “normaliza que la pobreza se venda como lección de superación y virtud” mientras las autoridades recortan las partidas presupuestarias esenciales.
El problema no es que el adulto mayor sea fuerte, sino que, tal como dicta la publicación: “Pepe debería estar jubilado, no ‘activo’ por necesidad”. No es que la madre sea una luchadora, sino que “Ana debería tener un trabajo digno, no tres para sobrevivir”.
Tampoco es que el menor demuestre perseverancia al caminar distancias extremas: “La infancia debería ir a la escuela en un bus, no caminando 8 kilómetros con lluvia o sol”. En un país que durante décadas se enorgulleció de su educación pública, el acceso a la escuela no puede constituir una extenuante prueba de resistencia física.
“Las personas merecen dignidad. No migajas. No aplausos vacíos. No ser el rostro de una campaña que esconde la falta de acción”, como lo escribe Chacón Arias. Los números nos impiden reducir esta discusión a una simple cuestión de sensibilidad.
Un estudio reciente de la Universidad Nacional estima que 557.000 niños, niñas y adolescentes viven actualmente en condiciones de pobreza básica o extrema en nuestro país. No son estadísticas: son menores que comen, estudian y enferman en hogares cuyas limitaciones truncan sus oportunidades desde la cuna.
Aunque los indicadores generales de la Encuesta Nacional de Hogares de 2025 muestren mejoras relativas, el alivio en el papel no es una licencia para ignorar las desigualdades que persisten en los territorios. Una sociedad de corte democrático no puede darse por satisfecha mientras debilita las herramientas destinadas a evitar que la exclusión se reproduzca.
¿Qué estamos haciendo con el Estado social?
Ahí es donde la discusión deja de ser sentimental y se vuelve estrictamente política. No basta con preguntar cuánto dinero tiene el Estado, sino qué decide hacer con él.
Según datos de la Defensoría de los Habitantes, la Red Nacional de Cuido (que hoy apenas alcanza al 12% de la población meta) registró una reducción presupuestaria de 9,28%.
En este 2026, los cuestionamientos por recortes que afectan programas sociales esenciales, como los comedores escolares y las pensiones del Régimen No Contributivo, demuestran que la pobreza no es una escuela de carácter ni una virtud que deba aplaudirse.
En la política contemporánea existe una tentación permanente de sustituir las políticas públicas por relatos. Un gobierno puede mostrar al ciudadano que salió adelante con una sonrisa, lo cual resulta emocionalmente poderoso, pero esconde las deficiencias del sistema en materia de empleo digno, vivienda, transporte e inversión social.
El populismo ama las historias inspiradoras porque les teme a las preguntas estructurales. Nuestro país construyó su identidad alrededor de un pacto fundamental: que nadie debería quedar abandonado a su suerte.
La educación pública, la Caja Costarricense de Seguro Social y los programas de protección no eran dádivas ni favores; eran instrumentos de ciudadanía. El Estado social no puede convertirse en una pieza de museo que solo intervenga cuando la persona ya ha caído al abismo. Su función primordial es evitar que la gente llegue hasta allí.
Cambiar el lenguaje
A nuestros niños no deberíamos enseñarles a ser héroes de la escasez; deberíamos garantizarles una infraestructura digna. No deberíamos celebrar el sobreesfuerzo de una madre; deberíamos fortalecer la Red de Cuido. No deberíamos aplaudir la vitalidad del anciano que trabaja; deberíamos revisar la protección económica de la vejez.
Confundir la explotación o la carencia con la superación personal es la forma más perversa de invisibilizar la desigualdad. La verdadera tarea de una democracia no es fabricar héroes de la pobreza, sino eliminar las condiciones que obligan a las personas a convertirse en héroes para poder vivir.
La dignidad no consiste en soportar la precariedad con una sonrisa; consiste, precisamente, en no tener que soportarla. Debemos romper el silencio y exigir la rendición de cuentas porque, como concluye con total contundencia la publicación de Chacón: “No quiero que me cuenten historias de quienes sobreviven. ¡Quiero que me cuenten cómo van a hacer para que nadie tenga que sobrevivir!”.
En este contexto, la pregunta final que nuestro país debe responder es incómoda y dolorosa: ¿queremos seguir aplaudiendo a quienes logran sobrevivir a la intemperie social, o estamos dispuestos a acompañar y exigir al gobierno de turno construir un país donde sobrevivir no sea una hazaña?
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Jaime E. García González es profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).