El presidente, Carlos Alvarado, firmó recientemente un decreto ordenando a los organismos gubernamentales que emiten documentos oficiales reconocer la identidad de género autopercibida de las personas. Se trata de una iniciativa valiosa para proteger los derechos humanos en el país. De hecho, esta decisión es consistente con una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dictada en enero, la cual afirmó que los Estados deberían establecer procedimientos eficientes, económicos y sencillos para permitir el reconocimiento legal basado únicamente en la “decisión libre y autónoma de cada persona”.
En dicha opinión, la Corte también afirmó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos requiere que los Estados partes reconozcan el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil, así como a todos los beneficios que deriven de este. Estas disposiciones, a su vez, son consistentes con una tendencia global dirigida a proteger los derechos humanos de las personas transgénero.
Pionera. Argentina fue el primer país que avanzó en esta dirección mediante una ley del 2012 que, en la actualidad, es la norma de referencia en materia de reconocimiento del género legal en todo el mundo. En Argentina, toda persona de más de 18 años puede elegir su género legal y modificar sus documentos oficiales sin aprobación judicial ni médica; los menores de edad pueden hacer el cambio a través de sus padres, tutores o mediante un trámite judicial.
Más recientemente, Colombia, Dinamarca, Irlanda, Noruega y Malta eliminaron barreras significativas que afectaban el reconocimiento del género legal basado en la autopercepción.
Por su lado, los tribunales en la India, Nepal y Botsuana también han instado a sus gobiernos a reconocer la identidad de género, y algunos países del sur de Asia, Holanda y ciertos estados de Estados Unidos han avanzado en el reconocimiento de categorías de tercer género.
Reivindicación. Reconocer el género autopercibido de cada persona no implica pedir a los gobiernos que reconozcan ningún derecho nuevo ni especial, como algunos argumentan, erróneamente, para deslegitimar esta tendencia global. Simplemente se trata de reivindicar un principio básico: ningún gobierno debe tener el poder de decidir la identidad de una persona y por ello nadie debería ser obligado a portar documentos con un género que no refleja quién es realmente.
El próximo paso para Costa Rica es cumplir con la otra parte de la opinión de la Corte y permitir que las personas del mismo sexo puedan casarse y gozar de los mismos derechos que las parejas heterosexuales.
Esa discusión se encuentra actualmente ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de la cual se espera una sentencia en las próximas semanas. Mientras tanto, la iniciativa de Costa Rica sobre derechos de las personas transgénero debería inspirar a otros gobiernos de la región a acogerse a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El autor es director para las Américas de Human Rights Watch.
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