A partir del modelo de desconfianza, que hemos implementado en Costa Rica, creamos innumerables trámites, tanto en el sector público como en el privado, que deben efectuarse presencialmente para demostrar que somos quienes decimos ser.
Para demostrarlo, primero inventamos la cédula, documento seguro, con foto, firma y huella digital; luego creamos un equivalente electrónico, la firma digital.
La firma digital, sin embargo, ha sido hasta la fecha muy cara y engorrosa, de modo que es básicamente utilizada para transacciones financieras de alto monto y compras públicas (debe haber algunos otros trámites judiciales o notariales).
La realidad es que solo hay unas pocas decenas de miles de firmas digitales emitidas en el país y las aplicaciones capaces de recibirlas se cuentan con los dedos de las manos.
Lo anterior le da el poder a gran cantidad de funcionarios de decirles a los clientes o usuarios “ese trámite es presencial, debe presentarse a nuestras oficinas”. La satisfacción con que lo dicen agrega al sentimiento de impotencia del cliente-usuario, quien muy probablemente acuda a las oficinas a realizar el trámite presencial con la actitud equivocada, a lo cual se suman filas y tardanzas (y no pocas veces la indicación de que le faltó traer algún documento), que suelen dar como resultado una experiencia verdaderamente desagradable.
Todo lo anterior porque no hemos podido desarrollar una manera eficiente de demostrar que somos quienes decimos ser por teléfono.
El sistema de desconfianza, claro está, tiene su razón de ser. Alguien que no sea yo podría ir y pagar mis impuestos o alguien todavía más bruto que yo escribiría un libro y lo publicaría con mi nombre. Incluso, sería posible que una persona malvada pusiera a mi nombre su recibo de luz o agua. Como existen además de estos otros riesgos de mayor impacto (y menor probabilidad de suceder) obligamos a todos a sufrir rutinariamente experiencias negativas y a incurrir en tiempos y costos sustanciales al mismo tiempo.
Deben existir 18 razones basadas en la desconfianza por las cuales no es posible establecer un sistema de autenticación distribuido por todo el país. En semejante sistema, los clientes-usuarios podrían ir a su municipalidad, oficina de correos o sucursal bancaria más cercana y presentar la cédula (para que vean su foto) y firmar algo para que el funcionario verifique que uno es quien dice que es.
Con un sencillo sistema, el cliente-usuario indicaría el tipo de trámite que desea realizar y se generaría de una sola vez un código de autenticación, de digamos 10 caracteres hexadecimales.
El cliente-usuario podría, entonces, hacer sus diligencias por teléfono y el funcionario, al otro extremo del aparato, verificar la identidad del solicitante al ingresar dicho código de autenticación en el mismo sistema. La vigencia del código podría depender del tipo de trámite (dos horas para los muy críticos, más para otros).
Es bastante obvio que un sistema como este no funcionaría, porque eliminaría mucho desplazamiento innecesario, reduciría significativamente el estrés del cliente-usuario (y los ingresos de Recope), y probablemente recibiría un salacuartazo por pretender obligar a los funcionarios a utilizar un programa tan nefastamente restador de poder.
Pero ninguna de las razones anteriores es suficiente para dejar de soñar en un país donde podamos utilizar las telecomunicaciones para ahorrar tiempo, dinero y bilis. Incluso en lugares sin acceso a la web, el sistema podría implementarse por medio de mensajes de texto.
Esto seguro tiene 19 razones basadas en desconfianza. La alternativa obvia de confiar en el prójimo y “caerle mula” a los que traicionen la confianza (como hacen en otras latitudes donde ni siquiera tienen, o permiten tener, cédula) es mucho más sencilla, pero ni siquiera será discutida.
El autor es ingeniero.
