Escuchar“Mientras yo sea presidenta...” (Bueno, ella dice: “Mientras yo sea presidente...”.) Una y otra vez. La frase se repite en conferencias de prensa, declaraciones oficiales y respuestas a quienes cuestionan las decisiones del gobierno. Aparece casi espontáneamente, como un hechizo que, con solo pronunciarlo, pareciera capaz de zanjar cualquier controversia.
Laura Fernández ha encontrado en esas palabras una fórmula recurrente para reafirmar su autoridad. Pero su insistencia invita a preguntarse qué significa realmente gobernar en una democracia y hasta dónde puede llegar la voluntad personal de quien ocupa la Presidencia de la República.
El 22 de julio, ante las críticas de la diputada Claudia Dobles contra el ministro Rodrigo Chaves, Fernández respondió que, mientras ella fuera presidenta, le correspondería evaluar a sus ministros. El 9 de setiembre, al referirse al comportamiento del dólar, volvió a utilizar la expresión para asegurar que no intervendría artificialmente el tipo de cambio. El 16 de setiembre, al justificar las medidas de seguridad adoptadas durante las celebraciones patrias en Cartago, insistió en que determinadas situaciones no ocurrirían mientras ella fuera presidenta. Y el 7 de octubre, en medio de cuestionamientos relacionados con personas investigadas por presunto narcotráfico y lavado de dinero, aseguró que la DEA, el FBI y los cuerpos policiales continuarían persiguiendo criminales mientras ella ejerciera la presidencia.
Cuatro acontecimientos distintos. Cuatro escenarios políticos diferentes. Una misma expresión que coloca reiteradamente a la persona que gobierna en el centro de las decisiones públicas.
Desde luego, ninguna de esas afirmaciones, considerada aisladamente, tiene necesariamente algo de reprochable. La presidenta posee atribuciones constitucionales, puede defender a sus ministros, formular políticas públicas y asumir compromisos ante los ciudadanos. Pero una cosa es ejercer las competencias propias del cargo, y otra muy distinta, presentar reiteradamente la voluntad personal como garantía fundamental de cuanto hace o deja de hacer el Estado.
Porque la presidenta no es el Estado. Tampoco es la República. Y mucho menos constituye, por sí sola, la fuente de legitimidad de las instituciones que está llamada a respetar. “¡Se han visto casos!”, dirá alguno.
Los ministros están sujetos al escrutinio legislativo, aunque corresponda al Poder Ejecutivo nombrarlos y removerlos. El Banco Central posee autonomía. La seguridad ciudadana constituye una responsabilidad permanente de las autoridades competentes. Y la persecución del delito no depende de la voluntad personal de quien circunstancialmente gobierna.
Entonces, ¿por qué insistir tanto en el “mientras yo sea...“?
No es lo mismo afirmar que durante una administración se mantendrá determinada política pública que proclamar que, mientras una persona ocupe la Presidencia, las cosas serán de determinada manera. Ambas expresiones pueden comunicar una misma decisión, pero la segunda desplaza el énfasis de la institución hacia quien la dirige. El “yo” termina adquiriendo un protagonismo que merece, cuando menos, alguna reflexión.
La cuestión no consiste en convertir una expresión política en una infracción constitucional, sino en advertir del riesgo de que el lenguaje del poder termine sustituyendo el protagonismo de las instituciones por el de quienes temporalmente las conducen.
En una república democrática, la autoridad presidencial es temporal, limitada y derivada de la Constitución. Las instituciones, en cambio, están concebidas para trascender a las personas. Un gobernante puede imprimir carácter, establecer prioridades y defender sus convicciones. Lo que no debería perderse de vista es que el poder no le pertenece: lo ejerce durante un plazo determinado y dentro de límites establecidos. Es apenas un custodio temporal.
Y lo ejerce para toda una nación. No únicamente para ese supuesto “pueblo bueno” o “pueblo sabio”, expresiones tan frecuentes en ciertos discursos populistas que parecen dividir a los ciudadanos entre quienes merecen ser escuchados y quienes, por disentir, quedan excluidos de esa conveniente categoría.
Una nación no puede reducirse a la suma de quienes aplauden al gobernante. También la conforman quienes discrepan, cuestionan, protestan y ejercen legítimamente su derecho a pensar distinto. Y todos ellos, incluidos quienes la cuestionan, contribuyen a sostener el Estado que paga su salario.
Quizá convenga recordar que la democracia no se define únicamente por quién gobierna, sino también por aquello que ningún gobernante puede atribuirse como propio.
La autoridad democrática no se mide por cuántas veces un gobernante afirma que manda, sino por su capacidad de reconocer las instituciones y los límites dentro de los cuales gobierna.
Porque, después de todo, la verdadera interrogante no es qué sucederá mientras Laura Fernández sea presidenta, sino qué concepto de república estamos construyendo cuando todo parece comenzar con un “yo”.
Y, sobre todo, ¿qué quedará de ese “nosotros” cuando el “yo” haya dejado de gobernar?
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Raúl Alexander Camacho Alfaro es abogado.
