En dos editoriales recientes, La Nación reitera la importancia de enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana y solicita a los candidatos en esta campaña electoral dar a conocer a la ciudadanía sus planes en este campo.
Atendiendo a ese llamado, con gusto resumo de seguido los puntos más sobresalientes de nuestro programa, que es una propuesta integral articulada alrededor de cinco grandes ejes:
La lucha contra la impunidad, por medio de las siguientes medidas: (1) la creación de “fuerzas de tarea” integradas por policías, fiscales y peritos para el combate de delitos como el robo en las viviendas y de vehículos, el secuestro extorsivo y la ejecución de órdenes de captura contra delincuentes peligrosos; (2) el otorgamiento de recursos necesarios al Poder Judicial para crear en cada provincia del país un tribunal de flagrancias que utilice el procedimiento expedito para esta categoría de delitos; y (3) mantenimiento de una estrecha relación con la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa, para garantizar una permanente revisión de la legislación contra la delincuencia y, en especial, aprobar el proyecto de ley pendiente sobre la receptación de objetos robados.
El fortalecimiento de la policía se hará mediante las siguientes acciones: (1) un mayor incremento de la Fuerza Pública, para lo cual pondremos en marcha un programa estratégico de reclutamiento y dignificación de la función policial; (2) una mejor distribución territorial de los efectivos, de acuerdo con los perfiles de riesgo de cada zona del país, que asegure una mayor presencia policial; (3) una mayor presencia policial, sobre todo en zonas de riesgo, y acciones contundentes y sistemáticas en materia de drogas, venta ilegal de bebidas alcohólicas (sobre todo a menores) y portación de armas; (4) la eliminación del recurso policial para las funciones administrativas, que serán asumidas, con un costo menor, por un personal civil; (5) la unificación de la capacitación de todos los servicios policiales en todos sus niveles (básico, medio, superior), para lo cual se construirá una nueva Escuela Nacional de Policía debidamente equipada, y se mejorará, con base en los modelos más exitosos de los países más avanzados, el actual programa curricular; y (6) la lucha contra la corrupción policial, especialmente mediante las denuncias ante la Defensoría de los Habitantes y los medios de comunicación procedentes de la comunidad y los diversos grupos o asociaciones de la sociedad civil.
La lucha contra la delincuencia organizada y, en particular, contra el narcotráfico, mediante: (1) el nombramiento de un Comisionado Nacional sobre Drogas, cuya función principal será coordinar todas las acciones –emprendidas o por emprender– orientadas, tanto a la lucha contra la delincuencia ordinaria en la materia como –y sobre todo– contra el narcotráfico; (2) la creación de un verdadero servicio combinado de inteligencia policial; (3) la contribución a la puesta en práctica de la Plataforma de Información Policial y del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, previstos en la reciente Ley contra la Delincuencia Organizada; (4) el mantenimiento e incremento del patrullaje marítimo conjunto con los Estados Unidos y otros países del área; y (5) el despliegue de una fuerte ofensiva en el plano internacional para asegurarnos el apoyo de otros países en la lucha contra el narcotráfico, en un marco de cooperación y respeto de nuestra soberanía.
La inmediata adopción de una política integral y sostenida de seguridad ciudadana, actualmente inexistente, mediante (1) la obtención de un acuerdo nacional sobre el tema, y (2) el establecimiento de bases para el financiamiento sostenido del modelo aprobado, para lo cual se propondrá la creación de un fondo permanente para la seguridad ciudadana.
La prevención del delito se llevará a cabo: (1) en el medio escolar, mediante la reducción del abandono del sistema educativo y de conductas violentas, intimidantes o destructoras; y (2) en la comunidad, daremos prioridad a acciones dirigidas a los jóvenes en riesgo gracias, sobre todo a medidas como la creación de redes de alerta temprana; campañas de educación pública; la creación –o mejora– de zonas de recreo, deportes y cultura para jóvenes; la mejora del alumbrado en las zonas de alto riesgo; y la elaboración y aplicación de programas de reinserción social de drogadictos, alcohólicos y líderes y miembros de pandillas juveniles.
Para apoyar el financiamiento de esta propuesta, estamos proponiendo que un porcentaje importante de los recursos que generen los impuestos que pesarán sobre los casinos, casas de apuesta y juegos de azar, que generará alrededor de cien millones de dólares anuales, se dedique al fondo de seguridad ciudadana.
Instamos a los señores diputados, en especial a los del Movimiento Libertario, a aprobar este proyecto y a apoyar nuestra propuesta en la Asamblea Legislativa.