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En Hispanoamérica –y Costa Rica no es la excepción–, millones de familias no pueden elegir la educación que desean para sus hijos. Los sistemas educativos están centralizados, con poca diversidad y un fuerte control estatal sobre métodos, evaluación, financiamiento y apertura de escuelas. Este modelo, que ya cuenta con dos siglos de vigencia en nuestra región, inevitablemente reduce los márgenes de libertad tanto de las familias como de quienes desean ofrecer proyectos educativos distintos.
El pasado mes de noviembre, la Fundación Libertad y Progreso publicó el Índice de Libertad Educativa (ILE) 2025, que evalúa 20 países de la región. El estudio analiza la libertad de las familias para elegir (libertad para aprender) y la del sector privado para crear proyectos educativos propios (libertad para enseñar). A partir de estas dos dimensiones, el estudio calcula un índice comparativo para cada país de la región (un indicador entre 0 y 1, en el que 1 representa la máxima libertad educativa). Chile lidera el índice (0,699), seguido de México (0,576) y Paraguay (0,500). En contraste, que no es de extrañar, encontramos al final de la lista a Nicaragua (0,300), Venezuela (0,239) y Cuba (0,001). Costa Rica se sitúa en la octava posición con 0,441.
¿Qué puede aprender nuestro país de este índice? Más allá de la posición relativa, el ILE ofrece una hoja de ruta para modernizar nuestro sistema educativo. Costa Rica tiene la oportunidad de nutrir la discusión nacional, especialmente ante la próxima publicación del nuevo reglamento de centros educativos privados, evaluando prácticas globales que fomentan la calidad y la diversidad. Veamos brevemente qué evalúa el ILE:
Libertad para aprender
Esta dimensión mide la facultad de familias y estudiantes para decidir su propio camino educativo. Costa Rica ocupa aquí la sexta posición (0,414). En esta dimensión, el ILE evalúa tres variables críticas:
- Elección de centro: Analiza si existe oferta privada real, diversidad en la oferta estatal, acceso a educación en casa (homeschooling) y la existencia de escuelas públicas de gestión privada (charter schools).
- Transparencia: La disponibilidad de datos comparables sobre resultados académicos de todos los colegios para que las familias decidan con información confiable.
- Financiamiento: Evalúa si existe apoyo estatal, si el subsidio es directo al estudiante (modelo de voucher educativo) o si se asigna solo a las instituciones.
Libertad para enseñar
En esta dimensión, el ILE mide la libertad de la sociedad civil para generar proyectos propios que compitan con el Estado. Aquí es donde Costa Rica enfrenta sus mayores desafíos, cayendo a la undécima posición (0,467). El índice analiza:
- Apertura e independencia: La cantidad de trámites burocráticos para autorizar centros privados, si existe libertad para fijar precios y si se permite que tengan fines de lucro.
- Gestión docente: Flexibilidad para contratar docentes incluso con independencia del título universitario que posean, libertad para fijar salarios y para finalizar relaciones laborales según el desempeño y necesidades del centro.
- Autonomía académica: Libertad para definir programas, metodologías, evaluaciones, materiales, idioma y políticas de admisión.
Por nuestra gran tradición educativa y los enormes recursos invertidos, Costa Rica debería estar en los primeros tres lugares. Tenemos oportunidades de mejora si aprendemos de otros países para promover modelos innovadores centrados en las familias y no en la estandarización.
En momentos en que discutimos una nueva reglamentación para centros privados, conviene recordar que la libertad de enseñanza es un derecho consagrado en nuestra Constitución Política. Fortalecerla no debilita el sistema nacional; por el contrario, lo enriquece, lo diversifica y amplía para las familias las oportunidades reales de lograr una educación de calidad para sus hijos.
afernandez@adeccr.org
Antonio Fernández Rojas es máster en gobierno y cultura de las organizaciones. Es el director ejecutivo de ADEC.
