De manera un tanto desafortunada, el editorial de La Nación del pasado 22 de enero asegura que quiero “para Costa Rica un régimen de prensa como el vigente en los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), en especial Venezuela”.
Esto es absolutamente falso. En la entrevista que le concedí a Álvaro Murillo, en ninguna parte menciono ni a este ni a ningún otro país.
El editorialista, de una manera sorprendente, asocia lo que dije sobre las omisiones y los desequilibrios informativos, que objetivamente existen en algunos medios de comunicación en nuestro país, con una presunta pretensión de mi parte de querer “amenazar la libertad de prensa” e “imponer desde el Estado” los “temarios” y el “tratamiento” de las noticias por parte de estos.
El editorialista “sustenta” ello en la referencia que hice respecto de la necesidad de hacer avanzar “reformas legales” en el país que contribuyan a la democratización de la información y ampliación del derecho a la comunicación en Costa Rica.
Estas propuestas están establecidas en nuestro plan de gobierno y, en términos generales, apuntan en la dirección de: a) generar espacios que permitan avanzar hacia una mayor pluralidad y diversidad de lo publicado en los medios de comunicación, b) impulsar de manera más decidida el fomento de radioemisoras comunitarias y c) fortalecer los derechos laborales de los profesionales de la comunicación, así como establecer la denominada “cláusula de conciencia” como parte de su trabajo (Plan de Gobierno del Frente Amplio 2014-2018: “Un país de oportunidades”, página 70).
Dichas iniciativas, tal y como se plantea en nuestro Plan de Gobierno, podrían implicar eventuales reformas a leyes tales como la Ley de Radio y Televisión (ley No. 1758) o la Ley Orgánica del Sistema de Radio y Televisión (ley No. 8346).
En todos los casos, tal y como lo planteamos en nuestro Plan de Gobierno, dichas iniciativas tendrán necesariamente que implicar la conformación de espacios de diálogo social y la participación de todos los sectores implicados.
El Frente Amplio es una fuerza política comprometida con la “participación ciudadana”, y eso es precisamente lo que no parece aceptar el editorialista de La Nación .
Como señalé en la citada entrevista, la participación ciudadana no debe quedarse en “letra muerta”. Estamos convencidos de su necesidad como vía para poder concretar nuestro anhelo de reformar la Constitución Política, convirtiendo el derecho a la comunicación en un derecho fundamental.
Por lo demás, no viene al caso siquiera entrar a discutir mi supuesto “apoyo” a las medidas que está implementando el Gobierno de Venezuela en este ámbito.
Desde el Frente Amplio consideramos que las cuestiones internas de Venezuela solamente les corresponde resolverlas a los venezolanos. En la presente campaña electoral solo nos interesa discutir sobre los problemas nacionales y debatir sobre las soluciones y las propuestas necesarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de los costarricenses.
Patricia Mora Castellanos, presidenta del Partido Frente Amplio y candidata a diputada por el primer lugar en San José.