OXFORD – En marzo, el gobierno británico anunció sus planes de introducir en el 2018 un impuesto a las bebidas azucaradas para enfrentar el problema de la obesidad infantil. En términos de los objetivos de salud pública que se propone, el éxito de esta medida (que se debatirá este verano) dependerá de los detalles y una rigurosa evaluación de los efectos.
El Reino Unido (RU) no es el único país al que le preocupa el avance global de las afecciones relacionadas con la obesidad, como la diabetes y los trastornos cardiovasculares, que son costosas enfermedades que pueden causar importantes discapacidades y una muerte temprana. Varios países han introducido impuestos a los alimentos y las bebidas poco sanas (o piensan hacerlo), en particular aquellos a los que se añade azúcar.
Por ejemplo, Chile tiene un impuesto del 18% a las bebidas con altos niveles de azúcar, Francia los aplica a bebidas a las que se añade azúcar y también edulcorantes artificiales, y en Hungría se aplican impuestos a los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, sal y cafeína. Filadelfia, en Pensilvania, se convirtió hace poco en la primera gran ciudad estadounidense en introducir un impuesto a las bebidas azucaradas.
Estos impuestos a los alimentos se basan en el precio, uno de los factores de cambio de conducta más eficaces a disposición de las autoridades. Pero sería prematuro llegar a la conclusión de que necesariamente subir los precios lleva a un menor consumo y, por ende, a mejores niveles de salud. La eficacia de un impuesto depende en cómo se diseñe y el modo en que los consumidores y la industria alimentaria respondan a los incentivos que genere.
La introducción de impuestos a las bebidas azucaradas en México y Berkeley, California ha demostrado la voluntad de la industria a enfrentarse a las leyes que puedan reducir sus beneficios. Y la evidencia sugiere que, una vez implementados, estos impuestos causaron un cambio de precio para los clientes, que tras ello compraron menos bebidas azucaradas.
Lamentablemente, poco se sabe de los efectos de estos impuestos sobre la sanidad pública. La obesidad y sus afecciones relacionadas demoran un largo tiempo en desarrollarse, y es complejo discernir los efectos de los impuestos alimentarios de los cambios causados por otras tendencias culturales y políticas sanitarias. Sin embargo, tanto el modelo matemático como la simple lógica sugieren que estos impuestos sí mejorarán la salud. En México y otros países han comenzado evaluaciones detalladas para cuantificar sus efectos.
Es interesante el hecho de que todos los impuestos a las bebidas azucaradas, sea en Francia, México o Chile, lo hayan sido a las ventas que producen aumentos en el punto de venta, a menudo de manera proporcional al volumen. Por ejemplo, en México, el impuesto es de un peso por litro, lo que eleva el precio en cerca de un 10%.
En este punto la propuesta británica es diferente. El exministro de Finanzas George Osborne anunció un gravamen en dos niveles que apunta explícitamente a estimular el cambio de conducta en la industria más que en los consumidores.
Según el plan de Osborne, se cobrará a la industria de las bebidas azucaradas cerca de 18 peniques ($0,024) por litro para aquellos productos que contengan entre 5 y 8 gramos de azúcar por 100 mililitros, y 24 peniques por litro para los que contengan más de ocho gramos de azúcar por 100 mililitros. Por ejemplo, Sprite, que tiene 6,6 gramos de azúcar por 100 mililitros tendría que pagar la tasa más baja, mientras que Coca-Cola, con 10,6 gramos por 100 mililitros, pagaría la tasa más alta. Los ingresos se usarían para financiar programas deportivos en escuelas y ampliar los breakfast clubs (iniciativa que permite acoger a los alumnos que llegan muy temprano al centro y proporcionarles un desayuno adecuado).
En su presentación de los presupuestos, Osborne retó a la industria de las bebidas azucaradas a responder a su propuesta reformulando sus productos, estimulando a los consumidores a cambiarse a marcas más bajas en azúcares y reduciendo sus porciones.
La propuesta de impuesto ha sido muy bienvenida por los activistas y las organizaciones de salud pública, pero sus efectos no se pueden predecir del todo debido a que poner la carga sobre la industria es un enfoque diferente al que se ha puesto en práctica en otros lugares. Por ejemplo, no hay mecanismo alguno que impida que una compañía eleve los precios en toda su gama de productos, eliminando con ello cualquier diferencia de precios entre las bebidas con altos niveles de azúcar y sus alternativas menos azucaradas.
Otros factores de incertidumbre importantes son la posibilidad de que se reformulen los productos actuales y el ingreso de otros productos al mercado. En el 2014, Coca-Cola lanzó su alternativa baja en azúcar, Coca-Cola Life. Tras varias compañas publicitarias que presentaron su envase verde y cimentaron una imagen sana del nuevo producto, alcanzó más del 2% de las ventas de Coca-Cola en su primer año de existencia. Sin embargo, no está claro si estas ventas adicionales procedieron de consumidores que de otro modo habrían comprado la Coca-Cola normal, su versión dietética u otras bebidas, como zumo de frutas o agua.
En su presentación, Osborne excluyó de la legislación a los pequeños productores, pero no definió lo que entendía por “pequeño”, lo que podría incentivar la expansión y diversificación de productos para nichos pequeños con una ventaja de mercado, como ha ocurrido con las cervezas artesanales.
Finalmente, el gobierno ha sugerido que la industria debería pensar en reducir el tamaño de sus porciones, pero la actual infraestructura expendedora y de almacenamiento está diseñada para latas de 330 ml y botellas de 500 ml. Todo cambio de gran escala implicaría una modificación correspondiente en toda la cadena de envasado y distribución.
El debate ya ha comenzado. La industria británica de los refrescos está pensando en tomar acciones legales, con el argumento de que el impuesto atenta contra la libre competencia debido a que no se incluyen el zumo puro de frutas ni la leche azucarada (por ejemplo, Mars Milkshake contiene 12,8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros). Por otra parte, algunos activistas quieren se incluyan en las leyes propuestas los alimentos con alto contenido de azúcar, como los dulces y pasteles.
El mundo estará atento a lo que ocurra en el Reino Unido, ya que para otros países su enfoque sería políticamente más sencillo de adoptar. Hace poco, Irlanda anunció su intención de aplicar un gravamen sobre las bebidas azucaradas.
Si la industria responde al impuesto con una reformulación de sus productos y un cambio en su estrategia de mercadeo, y si esto lleva a una disminución de la ingestión de azúcar en el Reino Unido, el impuesto habrá sido un éxito. Pero para lograrlo será necesario que las autoridades legislen con buen criterio y se aseguren de evaluar adecuadamente sus efectos.
Adam Briggs es formador de investigadores del Wellcome Trust en el Centro de la Fundación Británica del Corazón sobre Enfoques de Poblaciones para Prevención de Enfermedades no Transmisibles.
Mike Rayner es profesor de Salud de Poblaciones en el Departamento Nuffield de Salud de Poblaciones y director del Centro de la Fundación Británica del Corazón sobre Enfoques de Poblaciones para Prevención de Enfermedades no Transmisibles.
Peter Scarborough es investigador sénior del Centro de la Fundación Británica del Corazón sobre Enfoques de Poblaciones para Prevención de Enfermedades no Transmisibles.© Project Syndicate 1995–2016
