La peligrosa confusión sobre quién gobierna Costa Rica

Desde la administración del expresidente Rodrigo Chaves, el Poder Judicial ha sido objeto de ataques constantes. Los irrespetos comenzaron prácticamente desde el inicio de su mandato, en 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia le extendió una solemne invitación y él no tuvo reparo en despotricar contra su anfitrión. Fue un hecho que rebasó los límites de la mínima cortesía, la decencia y el respeto que deben prevalecer entre los poderes del Estado. Y esa actitud la mantuvo durante toda su gestión.

Hoy, la presidenta Laura Fernández continúa por la misma senda. Entre otras expresiones, ha dicho: “No voy a permitir el desprestigio del Poder Judicial” y “No me eligieron para aplaudirle al Poder Judicial las barbaridades que hace”. Estas y otras declaraciones dan la impresión de que considera que es ella quien gobierna y quien “manda” en el país. Además de ser una idea equivocada, resulta inaceptable, pues contradice el juramento que hizo al asumir su cargo.

Por otro lado, tanto la anterior bancada oficialista como la actual parecen empeñadas en convertir a los demás poderes y órganos del Estado en simples apéndices de su dominio. Un ejemplo de ello es el bloqueo en la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Se trata de una cruzada que pone en riesgo el Estado social de derecho, cuya construcción demandó enormes sacrificios de los costarricenses.

También preocupa que muchos de esos altos jerarcas, pese a ser profesionales, dejen de lado sus conocimientos para intentar imponer proyectos que –lo saben– carecen de coherencia jurídica.

Los funcionarios que hoy ocupan esos cargos, al igual que los de la pasada administración, desconocen principios básicos del constitucionalismo, como la división de poderes.

Ese principio, atribuido al filósofo francés Charles de Montesquieu en El espíritu de las leyes, constituye uno de los pilares del constitucionalismo democrático moderno. No puede ser ignorado por prácticas autoritarias que emanan del Poder Ejecutivo, su presidenta y la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa.

Nuestra Carta Magna establece, en su artículo 9, que “el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, ejercido por el pueblo y tres poderes distintos e independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial…“.

Ahora bien, la separación e independencia de los poderes de la República no es absoluta. Estos no funcionan como compartimentos estancos, sino que mantienen una relación de interdependencia para alcanzar los fines propios del Estado social de derecho.

Sin embargo, ello tampoco puede llevar al extremo de creer que un poder puede dominar a los demás, incluido el poder electoral. Precisamente, la división de poderes busca evitar la concentración del poder.

Es muy común que los costarricenses, sin fundamento jurídico alguno, crean que quien gobierna el país es exclusivamente el presidente de la República. Eso es absolutamente falso. Desde el punto de vista constitucional, el gobierno lo ejercen conjuntamente los tres poderes del Estado, sin que el orden en que se mencionan altere la independencia ni las funciones de cada uno.

De ahí que también sea frecuente, aunque igualmente erróneo, afirmar que el Poder Legislativo es el “primer” poder de la República. Esa idea no tiene sustento jurídico alguno; responde únicamente al imaginario colectivo, quizá porque ese poder representa directamente al pueblo que lo elige. Jurídicamente, sin embargo, los tres poderes son iguales, independientes y coetáneos entre sí.

Algo similar ocurre con la ligereza con que algunos plantean la necesidad de “fundar una tercera República”. Se trata de un verdadero disparate jurídico.

Aunque Costa Rica se constituyó como Primera República en 1848 y suele hablarse de una Segunda República a partir de 1948, tras el triunfo de la guerra civil, en ambos casos existieron profundas condiciones estructurales: un grupo social articulado políticamente, una ideología coherente y acontecimientos de tal magnitud que hicieron necesario redefinir las reglas del sistema democrático. No basta con que a alguien, por más presidente o líder que se considere, se le ocurra proclamar una “nueva” República. Eso es simple populismo y, al final, podría salir más caro el caldo que los huevos.

Por eso, la prudencia y la inteligencia deben imponerse en momentos como los actuales, marcados por una preocupante dosis de prepotencia tanto desde Zapote como desde cuesta de Moras. Para los costarricenses, tradicionalmente amantes de la paz y la concordia, ese escenario resulta profundamente inquietante.

wilbert.arroyo59@gmail.com

Wilbert Arroyo Álvarez es abogado y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR).