El pasado 18 de marzo ocurrió un hecho insólito que marcó un antes y un después en la historia patria. Por primera vez en Costa Rica, un presidente se atrevió a movilizar a sus seguidores, pero no como parte de una legítima protesta ni en defensa de algún derecho fundamental, sino para marchar en contra de las instituciones democráticas que conforman el sistema de frenos y contrapesos diseñado para contener y reprimir los abusos de poder.
Lo que se quiso presentar falsamente desde el Poder Ejecutivo como una manifestación de la libertad de expresión, no fue más que un nefasto intento del presidente Chaves por debilitar la Fiscalía General de la República, para así obstaculizar la persecución de las decenas de causas penales que ahí se tramitan en su contra. Tales causas no fueron abiertas por iniciativa del fiscal general, sino a partir de denuncias que ingresaron desde diferentes instancias.
Conforme al principio de legalidad y la oficiosidad que rige en los procesos para juzgar supuestos delitos de acción pública, el Ministerio Público está legalmente obligado a dar trámite y realizar la investigación correspondiente en cada una de esas denuncias para determinar si verifica o descarta hechos de relevancia penal, al punto de que incluso si el fiscal omitiera esa labor, incurriría en delitos de incumplimiento de deberes.
El presidente de la República, como cualquier otro ciudadano, tendrá el inalienable derecho de ejercer su defensa plena en cada una de esas causas ante los tribunales, que es donde corresponde hacerlo. Lo que no puede ser admisible –y constituye una afrenta directa a la división de poderes– es tomar las calles y organizar una marcha con la única finalidad de deslegitimar las investigaciones en su contra, bajo la excusa de estar transmitiendo el supuesto “descontento del pueblo soberano”.
Gran parte de los manifestantes, al ser cuestionados, ni siquiera pudieron explicar en qué consistía ese tal descontento o cuál era el motivo de su asistencia a la marcha, lo que pone en evidencia el grado de manipulación con el que el gobierno llevó a personas en condiciones socioeconómicas vulnerables, bajo premisas falsas, a un vergonzoso movimiento que no tenía otro fin más que socavar nuestros cimientos democráticos.
Como parte de estos ataques continuos a la institucionalidad, en su infame show semanal el presidente suele criticar a los jueces que liberan a imputados que él etiqueta como “criminales peligrosos” por el solo hecho de estar siendo investigados –aún antes de que exista cualquier sentencia condenatoria que tenga por demostrados los hechos–, desconociendo de forma burda la presunción de inocencia y la naturaleza excepcional y de estricto aseguramiento procesal de las medidas cautelares. Por ende, aplicando esa misma lógica torcida según la cual el ser imputado/denunciado en una causa penal equivale en automático a ser culpable y a la obligación de imponer prisión siempre, habría que concluir que el caso más escandaloso hasta el momento sería el del propio presidente Chaves, quien se mantiene en libertad a pesar de figurar como imputado en más de 70 causas penales actualmente en investigación (incluso es probable que sea uno de los imputados con mayor cantidad de causas abiertas en el país). ¿O es que la presunción de inocencia y las demás garantías procesales de las que el presidente se burla constantemente sí le son aplicables a él pero no a los demás? Si el ser denunciado ya equivale a ser un “criminal peligroso” –incluso antes de cualquier sentencia–, ¿cómo se cataloga en esa lógica presidencial a una persona denunciada 70 veces?
Unos meses atrás, el presidente Chaves dirigió sus infundados ataques populistas en contra de la Contraloría General de la República. Posteriormente, se ensañó contra todo el Poder Judicial, incluido el fiscal general. En el futuro cercano, sin duda dirigirá sus ofensas contra la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones, y cuanta institución considere un obstáculo en su afán desmedido de poder absoluto. Las dictaduras actuales no se instauran de golpe ni de un día para otro, sino que van abriéndose camino paso a paso, carcomiendo las instituciones encargadas de mantener un equilibrio entre poderes, y ejemplos de ello sobran en la región latinoamericana. No permitamos que nos arrebaten la democracia. El tiempo de actuar es ahora, mañana será tarde.
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Gerardo Huertas Angulo es abogado penalista.
