La experiencia internacional invita a revisar periódicamente la gobernanza de la supervisión financiera para fortalecer su independencia, continuidad y capacidad técnica.
Las dificultades de una institución financiera suelen explicarse mediante cifras, balances e indicadores de solvencia. Pero sus consecuencias recaen sobre personas que confiaron sus recursos a una entidad y esperan disponer de ellos cuando los necesiten.
Por eso, resulta útil observar lo ocurrido en Paraguay. El Banco Central inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad que contaba con alrededor de tres millones de clientes. Según reportes de prensa, el episodio desencadenó una crisis política e institucional, además de cuestionamientos sobre eventuales debilidades en la independencia de la supervisión.
No corresponde extrapolar esa experiencia a Costa Rica, cuyos mercados, instituciones y marcos regulatorios tienen características propias. Su interés radica en la importancia de contar con salvaguardas que preserven la independencia de la supervisión, tema que desde hace años forma parte de discusiones y evaluaciones internacionales sobre nuestra propia arquitectura.
Una arquitectura que ha evolucionado
Costa Rica no parte de cero. En las últimas tres décadas, su regulación y supervisión financiera se han transformado profundamente. Desde la Ley Orgánica del Banco Central de 1995, sucesivas reformas fortalecieron la supervisión prudencial, transformaron la regulación del mercado de valores, incorporaron la supervisión de seguros y, más recientemente, reforzaron la supervisión de conglomerados y la resolución bancaria.
La experiencia deja una lección: ninguna arquitectura de supervisión alcanza un estado definitivo. Cambian mercados, productos, tecnologías y riesgos; una institucionalidad sólida debe ser capaz de examinarse periódicamente.
La OCDE, el FMI y, más recientemente, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros han reconocido fortalezas del marco costarricense y oportunidades para mejorarlo. Esas evaluaciones confirman que hemos construido una supervisión más especializada y técnica, pero también perfectible.
En el centro de esta arquitectura se encuentra el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), bajo cuya dirección operan las superintendencias de entidades financieras, valores, pensiones y seguros. Su gobernanza plantea cuatro temas que considero oportuno discutir.
Autoridad política e independencia prudencial
El primero es la relación entre autoridad política y decisión prudencial. La supervisión financiera debe estar protegida tanto de intereses particulares como de potenciales interferencias políticas.
Esto no cuestiona personas ni presupone que la participación de una autoridad política genere interferencia. Es una cuestión de diseño institucional: se deben minimizar conflictos de interés, reales o aparentes. Cobra especial relevancia cuando autoridades con responsabilidades políticas participan en decisiones regulatorias que pueden incidir sobre entidades públicas vinculadas al Estado, o cuando objetivos monetarios o cambiarios entran en tensión con los prudenciales.
Hacienda, el Banco Central y las autoridades supervisoras necesitan mecanismos eficaces de coordinación, porque las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y financiera interactúan. Pero coordinación no es lo mismo que participación en el órgano regulador.
Costa Rica podría valorar mecanismos claros de coordinación y delimitación de responsabilidades y, simultáneamente, preservar la independencia de la decisión prudencial.
Representar un sector o regularlo
La independencia también merece analizarse frente a los intereses sectoriales. En materia de pensiones, la integración especial del Conassif incorpora representación de determinados sectores. Su participación en la discusión de las políticas públicas es legítima y necesaria, pero un órgano prudencial cumple una función distinta de una instancia de representación social.
Surge entonces una pregunta: ¿debe quien ocupa un asiento en un órgano de regulación prudencial representar intereses sectoriales o actuar exclusivamente como regulador independiente?
El mandato prudencial exige decidir conforme a los objetivos establecidos por ley, aunque resulte incómodo para intereses particulares. Costa Rica debería examinar si la evolución del Conassif aconseja una integración sustentada principalmente en independencia, conocimiento técnico, experiencia e idoneidad, reforzando sus reglas para prevenir y administrar conflictos de interés, y reconsiderando la conveniencia de mantener representaciones políticas o sectoriales en su conformación.
Puertas giratorias
Una tercera dimensión es la independencia respecto de las entidades reguladas. El tránsito entre posiciones con capacidad de decisión regulatoria y cargos en entidades sujetas a esa regulación no implica por sí mismo una actuación indebida. La movilidad entre los sectores público y privado puede aportar conocimiento y experiencia. El desafío es administrar los potenciales conflictos de interés que puede generar.
Costa Rica podría valorar periodos razonables de incompatibilidad en ambas direcciones: del regulador hacia entidades sobre las que haya ejercido influencia relevante, y del sector financiero hacia cargos públicos desde los cuales puedan adoptarse decisiones que afecten a antiguos empleadores o clientes. El país ya ha discutido este tema en la Asamblea Legislativa y vale la pena retomarlo y decidir al respecto.
Continuidad y memoria institucional
Independencia e idoneidad no bastan. La calidad de la supervisión depende también de la continuidad con que sus órganos de decisión acumulan conocimiento y experiencia.
Costa Rica debería considerar establecer legalmente vencimientos escalonados para los miembros del Conassif. Esto reduciría la posibilidad de que una sola coyuntura determine una proporción significativa de la renovación del Consejo y protegería la memoria institucional. Un arreglo semejante se estableció para el Banco Central con resultados muy positivos.
La regulación financiera tiene una exigente curva de aprendizaje. Un regulador debe conocer las normas, sus antecedentes, la evolución de los mercados y las razones de decisiones anteriores. La memoria institucional también es un instrumento de supervisión.
Fortalecer lo construido
Estas cuatro propuestas persiguen un mismo propósito: fortalecer las condiciones para que las decisiones prudenciales sean independientes, técnicas y capaces de sostenerse en el tiempo.
No parten de una desconfianza hacia quienes ejercieron o ejercen funciones públicas, tampoco de una valoración negativa de nuestra arquitectura. Responden a un principio sencillo: las instituciones sólidas deben funcionar adecuadamente con independencia de las personas que circunstancialmente ocupen sus cargos.
Nada de ello desconoce cuánto ha avanzado Costa Rica. La pregunta no es si nuestro sistema funciona, sino cómo preservar sus fortalezas y hacerlo más resiliente ante riesgos que seguirán evolucionando.
Revisar periódicamente nuestras instituciones no es señal de debilidad ni presupone una crisis. Es propio de sistemas regulatorios maduros: preservar lo que funciona, aprender de la experiencia y corregir lo que puede mejorarse.
Al final, normas, indicadores e instituciones protegen algo que ninguna regulación puede producir por decreto: la confianza, el activo invisible del sistema financiero. Tarda años en construirse y puede perderse en días.
La mejor regulación es la que protege esa confianza antes de que sea puesta a prueba.
----
Tomás Soley Pérez es superintendente general de Seguros y superintendente general de Valores.
Nota: Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales y no representan necesariamente la posición institucional de las superintendencias, del Conassif ni de otras instituciones con las que el autor se encuentre vinculado en el ejercicio de sus funciones.
