La ciudadanía vota por un gobierno con la esperanza, la fe o la convicción de que quienes lleguen a gobernar serán los mejores, los más competentes. Una vez en el poder, se espera que administren con responsabilidad los recursos públicos, que definan y negocien las reglas del juego y que trabajen de la mejor manera posible. Todo eso va implícito en la elección de un gobierno. ¿Pero qué ocurre cuando el poder lo detentan los peores?
Así como la democracia significa poder del pueblo, y la aristocracia, poder de los mejores, la kakistocracia significa, literalmente, el poder de los peores. Viene del griego kakistos, los peores, y kratos, poder.
La palabra se acuñó hace casi 400 años, pero volvió a circular con fuerza cuando se empezó a hablar de la administración Trump como un ejemplo contemporáneo de gobierno de los incompetentes. En 2024, la profesora francesa de Administración Isabelle Barth retomó esta palabra en La kakistocratie ou le pouvoir des pires: Voyage au cœur de l’incompétence (La kakistocracia o el poder de los peores: Viaje al corazón de la incompetencia), publicado por Éditions EMS.
Barth identifica dos mecanismos frecuentes en los sistemas dominados por la incompetencia. El primero es la ausencia de registro escrito: todo se hace de forma oral, sin correos electrónicos, sin actas claras, sin documentos que permitan reconstruir quién ordenó qué, cuándo y por qué. Es una manera de gobernar sin dejar huella. Una forma de proteger la incompetencia mediante la falta de trazabilidad.
El segundo mecanismo opera en el extremo contrario: el espectáculo, la escenificación obsesiva de la actividad, esa necesidad de anunciarlo todo, comunicarlo todo y convertir cada gesto en prueba de que “estamos trabajando”.
En un extremo, nada queda registrado; en el otro, todo se registra para simular eficacia, y esa simulación, ese hacer como que se hace, acaba convirtiéndose en una forma más de gobierno.
Este es un punto central del sistema: la kakistocracia es irresponsable, y el incompetente en el poder incurre en una doble irresponsabilidad. La primera consiste en aceptar un cargo para el cual sabe –o debería saber– que no está preparado. La segunda, en permanecer en ese puesto, producir trabajo deficiente y seguir actuando como si le perteneciera por derecho propio.
Esa irresponsabilidad tiene consecuencias éticas y materiales. No afecta únicamente a quienes trabajan bajo su mando. Afecta el alcance de las decisiones públicas, paraliza instituciones, degrada servicios esenciales y pone en riesgo la vida, la salud, la educación, el ambiente o la seguridad de las personas.
Y, como si fuera poco, produce una forma particular de deterioro social: malestar en los equipos de trabajo, riesgos psicosociales, ausentismo, cinismo, miedo, desgaste y pérdida de sentido.
En cualquier organización, ese deterioro es grave; en el Estado, es mucho más que un problema administrativo, porque termina socavando directamente la democracia. Por eso, la kakistocracia es una categoría útil para pensar la degradación del Estado cuando los cargos se reparten como recompensa, como pago de favores, como cuota de poder o como botín.
¿Quiénes son los kakistócratas? No son necesariamente los funcionarios de carrera que han pasado 20 o 30 años trabajando en una institución pública, compitiendo por puestos, acumulando experiencia y aprendiendo la complejidad del Estado desde dentro.
Muchas veces son quienes llegan cada cuatro años como parte de un arreglo político, con visión técnica o sin ella, con sentido del bien común o sin él. Llegan como cuota, como recompensa, como pago de favores, como señal de lealtad. Ustedes entienden. Y una vez ahí, operan dentro del sistema.
Barth describe la kakistocracia organizada como un mecanismo con tres poleas. La primera es la deuda. En una meritocracia, una persona que obtiene un puesto por sus capacidades no le debe su nombramiento a una red de favores; en una kakistocracia, en cambio, el origen del cargo está directamente ligado al clientelismo: alguien lo puso ahí, alguien le abrió la puerta, alguien lo presentó, y ese alguien espera retribución.
Desde el primer día, el nombramiento le genera una deuda al kakistócrata, y esa deuda nos lleva a la segunda característica del sistema: la negación del individuo en beneficio del grupo. La persona nombrada deja de ser un profesional autónomo y se convierte en una pieza. No es libre, porque debe pagar con obediencia y lealtad, y porque sabe que lo pueden quitar así como lo pusieron. Lo importante aquí no es la capacidad, sino la lealtad al partido que decide o al grupo que lo protege.
La tercera polea es la configuración clánica. El objetivo de un clan es preservar y perpetuar sus intereses y sus ámbitos de poder. Para eso se sirve del clientelismo, del nepotismo, de la intimidación y de la ocupación de espacios institucionales. Un clan no busca construir Estado.
El daño causado por la kakistocracia, sin embargo, no se queda encerrado en las oficinas públicas. Encuentra salida, baja por las jerarquías, contamina los equipos de trabajo y termina llegando, tarde o temprano, hasta la ciudadanía.
Esa es una de las violencias más silenciosas de la kakistocracia: invierte los valores que sostienen la vida pública.
Desde la infancia nos dicen que para tener éxito hay que trabajar, que una buena preparación abre puertas, que el esfuerzo cuenta y que el mérito, por imperfecto que sea, debería importar; pero en una kakistocracia todo eso se invierte. El esfuerzo parece ingenuo, y la preparación académica, apenas necesaria, porque la obediencia se vuelve más rentable que la capacidad. Poco a poco, se pierde confianza.
Primero, se pierde confianza en el gobierno. Después, se pierde confianza en el Estado. Más tarde, se pierde confianza en la idea misma de que las instituciones puedan servir para algo distinto que proteger a quienes las capturaron. Esa pérdida es peligrosa, porque la democracia no se sostiene solo con elecciones; necesita alimentarse de la convicción cotidiana de que las instituciones tienen sentido, de que las reglas importan y de que el poder público está sometido a algún estándar de responsabilidad. De eso se trata, al final, un Estado que escucha, responde y rinde cuentas.
Un Estado capturado por los peores no es solamente ineficaz, es también un Estado injusto, y un Estado así debilita la cohesión que necesita para funcionar. Dejamos de confiar en él, dejamos de querer lidiar con él, incluso llegamos a saltárnoslo, porque ya no lo vemos como legítimo.
El peligro de acostumbrarse a la kakistocracia con el tiempo es que nos obliga a bajar la expectativa sobre la gente que gobierna, sobre el Estado y sobre nosotros mismos. Así se fabrica una ciudadanía cansada, y así entramos en un círculo vicioso donde la kakistocracia se reproduce precisamente porque dejamos de esperar algo mejor.
Porque al final, la kakistocracia no solo pone a los peores a gobernar; nos obliga a todos a vivir a la altura de su pequeñez. Y esa, quizás, sea su victoria más peligrosa: que un día dejemos de escandalizarnos y los dejemos gobernar como los peores.
arianafdez@gmail.com
Ariana Fernández es doctora en Ciencias Políticas.