La situación actual de nuestro país requiere de planteamientos que de alguna manera propongan opciones de solución a los problemas que nos afectan a todos.
En los ciudadanos de Costa Rica existen creatividad e interés suficientes como para idear las propuestas adecuadas para encontrar las mejores soluciones. Es así que me atrevo a plantear algunas ideas, sin que se entienda como una crítica a esta o cualquier administración o a sus funcionarios, que no dudo hacen lo que pueden dentro de las circunstancias.
Comienzo con el tema de la ingobernabilidad, que con mucha frecuencia se convierte en el punto final del debate sobre un problema y significa “no hay solución, no trate de buscarla y así nos ahogamos en ese laberinto de problemas, los acumulamos y se pierde el horizonte”.
Considero que la ingobernabilidad, como la “inteligencia emocional”, no es una, sino una variedad compleja. En una primera aproximación, podríamos considerar tres aristas de la ingobernabilidad política, administrativa y ética y sus correspondientes traslapes.
De la ingobernabilidad política, será un tema a considerar en otra ocasión, solo apuntaré que hay un componente generacional que nuestra política aún no ha oxigenado con valores y compromiso, lo que ha degenerado un ambiente político cacreco, enquistado y lleno de intereses. El tema no es de partidos, sino de nuevas generaciones, espero que los jóvenes lo entiendan así y se comprometan, dando oxígeno a las ideas y a la acción, rompiendo esquemas y construyendo positivamente.
La ingobernabilidad administrativa es la concreta. Al fin y al cabo la administración pública es simple administración de lo público. Administrar los recursos públicos hacia los objetivos sociales comunes. Así, el administrador público debería tener las mismas bases e instrumentos para administrar una empresa y, ¿porque no?, una familia.
Por lo tanto, si hay escollos, y marco legales complicados de lo público, la estructura para administrar y la idoneidad del recurso humano deben ajustarse a las nuevas realidades y a los objetivos de la gestión.
No pretendo elaborar un tratado sobre la administración pública. Solo quisiera proponer una suerte lógica mínima administrativa. Por ejemplo, ¿hemos cuestionado el tamaño de la administración? Ese tamaño depende de los recursos disponibles para financiarlo, y de la eficiencia de la administración en el cumplimiento de esos objetivos. En la situación actual es evidente que los recursos son insuficientes y, además, no estemos satisfechos con los logros de la administración.
Reducción de personal. No propongo un proyecto de reforma estatal con nombramientos de ministros o contratación de asesores. Mi propuesta es simple y no requiere de leyes complejas: se trata de empezar con una dieta de adelgazamiento, en este caso de la parte alta del Ejecutivo.
Actualmente, si no tengo mal el dato, hay 24 ministros y 51 viceministros, más dos vicepresidentes. ¿Se puede creer que quien ocupa la Presidencia de la República puede, una vez por semana en el Consejo de Gobierno, escucharlos a todos y resolver sus asuntos pendientes aun cuando el Consejo de Gobierno se reuniera diariamente? Me parece algo imposible.
La propuesta es que se intente reducir ese contingente a un equipo –como en el futbol– de 11 ministros y el presidente. Se trata de un número razonable, a la luz de lo que se da en otros países desarrollados y al menos nos alejaría de lo que parece ser un récord mundial de ministros por habitante.
A partir de ahí, podríamos intentar una racionalización de arriba abajo del tamaño del Estado, o dar un ejemplo de austeridad en salarios y gastos.
La misma receta de adelgazamiento sería bueno aplicarla a las instituciones descentralizadas, a sus juntas directivas y a esa urdimbre de duplicación de funciones que entorpece el desarrollo del sector productivo y al ciudadano en general.
Incluyo en esta propuesta una generalización de los índices de desempeño de los servicios públicos y del propio Estado. Esta es como la cuenta de resultado social. De nuevo, no hay que hacer nuevas leyes, pero el ciudadano y el propio Estado sabrían y valorarían el cumplimiento institucional y determinarían así las medidas que deben tomarse en cuanto a mejoras.
Transparencia. Si a todo esto le incorporamos la tecnología, los índices de desempeño darían transparencia a los gastos públicos o al menos darían oportunidad para las propuestas de mejora de los ciudadanos pues la crítica estaría implícita en los índices.
Reducir estos gastos de arriba hacia abajo va a ser efectivo porque los ministros podrían contar con un buen equipo técnico que les permita ejecutar y dar resultados. La propuesta va en una dirección de racionalización, profesionalización y mejora continua, lo cual requiere liderazgo y determinación para la escogencia idónea.
El enfoque de la ingobernabilidad ética es aún más simple. Es la que debilita las otras dos gobernabilidades, es transversal, si no existe un concepto ético, en lo político y en la administración estatal.
La tecnología como herramienta debe ser un instrumento al servicio del ciudadano, tanto para acceder a los servicios como para dar transparencia y usarse como control a la labor del Estado.
Finalmente, la propuesta no es de despidos masivos en el sector público, sino una reducción propia del gobernante en su ámbito de decisión.