En una columna publicada el pasado 8 de septiembre en el diario ABC, de España, su director adjunto, Agustín Pery, escribió: “Quizá deba echar un poco de almíbar a mi bilis y dejar de escribir como si cada columna fuera una trinchera. Lo intentaré”.
La idea suena bien. Escribir permanentemente desde la trinchera puede terminar convirtiéndose en un permanente sermón. Y quizá uno también pueda cansar al lector cuando se empeña siempre en señalar los personajes, acontecimientos y miserias de la política.
Intentemos, entonces, ponerle un poco de almíbar a la bilis.
Costa Rica atraviesa un momento de profunda polarización. Una parte importante del electorado parece haberse desplazado hacia posiciones de derecha, después del desgaste de los partidos y proyectos políticos que durante años ocuparon espacios de centro y centroizquierda.
Pero moderar el tono no obliga a ignorar los problemas. Uno de ellos consiste en colocar a la presidenta Laura Fernández en la verdadera dimensión institucional de su cargo. Es respaldada con entusiasmo por una parte del país, pero otra observa con preocupación que la firmeza con la que defiende determinadas ideas no siempre parece traducirse en la misma independencia y autoridad para ejercer plenamente la Presidencia de la República.
Costa Rica no necesita convertir la política en una sucesión de ocurrencias, gracejos o frases destinadas al aplauso inmediato. La Presidencia exige independencia, mesura, autoridad, sentido de Estado y conciencia de que quien ocupa ese cargo gobierna también para quienes no votaron por ella.
La simpatía y el lenguaje coloquial pueden acercar a una gobernante a los ciudadanos. Sin embargo, cuando se convierten en método, pueden producir el efecto contrario: generar notoriedad mientras se erosiona la estatura institucional.
A ello se suma la visible presencia del hoy ministro Rodrigo Chaves en la conducción política del gobierno.
Una cosa es que una presidenta se rodee de colaboradores experimentados; otra, que esa cercanía proyecte la impresión de una presidencia condicionada. La experiencia de un ministro puede complementar a la mandataria, pero nunca sustituirla.
Chaves, además, parece haber retomado un estilo conocido: expresiones ásperas, descalificaciones y salidas verbales que difícilmente contribuyen a dignificar la función pública.
La franqueza no exige grosería ni la firmeza necesita vulgaridad. El lenguaje también gobierna. Puede construir autoridad y confianza o degradar la función que pretende defender.
Don Alberto Cañas advertía sobre el peligro de trasladar la lógica de la gradería de sol a los más altos puestos de conducción nacional. La política puede ser cercana, popular e incluso irreverente; lo que no debería ser es ordinaria ni deliberadamente ofensiva.
Más preocupante todavía es cuando ese estilo comienza a reproducirse entre ministros, asesores y colaboradores. En ese momento deja de ser una excentricidad personal y corre el riesgo de convertirse en cultura política.
El fenómeno adquiere mayor importancia cuando la confrontación se dirige sistemáticamente contra cualquier institución o sector que contradiga el relato oficial: Poder Judicial, Contraloría General de la República, universidades públicas, prensa u oposición política.
Desde el gobierno se rechazan los señalamientos sobre eventuales inclinaciones autoritarias. Precisamente por eso, debería cuidarse con especial atención la manera en que se trata a quienes ejercen controles, discrepan o simplemente cuestionan las decisiones del poder.
Una democracia no se vuelve menos democrática porque existan adversarios, instituciones incómodas o controles constitucionales. Se demuestra democrática, precisamente, en la forma en que aprende a convivir con ellos.
Este asunto resulta especialmente importante en una sociedad dividida.
Las democracias rara vez se deterioran de un solo golpe. Con mayor frecuencia se desgastan lentamente: cuando la descalificación sustituye al debate, cuando el adversario comienza a ser tratado como enemigo y cuando el respeto entre instituciones deja de entenderse como una obligación.
Entonces, el problema deja de ser de izquierdas o derechas, de oficialistas u opositores. Pasa a ser de todos.
Porque una democracia puede sobrevivir a malos gobiernos, políticos mediocres y profundas divisiones. Lo que difícilmente resiste es que sus propios ciudadanos comiencen a considerar prescindibles las reglas que les permiten convivir.
“La democracia es un modo civilizado de convivir, un sistema para no matarnos y para impedir que un tirano nos gobierne”, nos recuerda Octavio Paz.
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Raúl Alexander Camacho Alfaro es abogado.