El pasado 10 de setiembre, la Secretaría General de la OEA recibió la denuncia por parte de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como "Pacto de San José", mediante una extensa nota de Venezuela explicando las razones que la llevan a tomar esta decisión.
La CADH prevé la figura de la denuncia (reconocida por el derecho internacional público al precisar en su artículo 78 que "1. Los Estados parte podrán denunciar esta Convención (...) mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto".
La denuncia de la CADH por parte de Venezuela cuenta con un precedente: la denuncia realizada por parte de Trinidad y Tobago notificada el 26 de mayo de 1998 a la Secretaría General de la OEA, y que se mantiene vigente a la fech a. En un ámbito más específico, se puede indicar que el 9 de julio de 1999, Perú procedió a depositar en la Secretaría General de la OEA una declaración mediante la cual retiraba la declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los primeros gestos políticos del nuevo gobierno peruano en el año 2000 fue dejar sin efecto esta decisión y reincorporar al Perú de pleno al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Muchos autores han defendido la idea de una naturaleza especial de los tratados de derechos humanos con relación a otros tratados, lo cual reduciría significativamente la posibilidad de emitir reservas a estos o denunciarlos . Esta posición ha sido defendida por varios órganos de supervisión en materia de derechos humanos, tanto universales como regionales, después de la decisión de 1961 de la Comisión Europea de Derechos Humanos en la que declaró que las obligaciones asumidas por los Estados en la Convención Europea de Derechos Humanos son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de los Estados partes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre Estados ("Austria vs. Italy", Application No. 788/60).
La denuncia de Venezuela y las reacciones. Venezuela había anunciado el 30 de abril del 2012 su posible retiro del sistema interamericano de derechos humanos sin precisar mediante qué tipo de mecanismo formal lo haría. Los efectos de una posible denuncia de la CADH por parte de Venezuela fueron minimizados por algunos jueces de la Corte Interamericana a finales de agosto del 2012 .
De mantener su posición, Venezuela entrará a formar parte de los Estados miembros de la OEA que no son parte a la Convención Americana de Derechos Humanos, a saber: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Además de los órganos de la OEA, así como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unida s, los siguientes son los Estados partes a la CADH que han "deplorado" o "lamentado" oficialmente la decisión de Venezuela del 10 de setiembre: se trata de México y de Costa Rica únicamente. El primero mediante un comunicado oficial , el segundo mediante un párrafo inserto en una comunicado relacionado con la celebración de un foro regional sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos realizado en San José el pasado 11 de setiembre. Sin ser parte de la CADH, EE. UU. también ha solicitado a Venezuela reconsiderar su posición.
La decisión de Venezuela viene a complicar un poco más el panorama poco halagador del sistema en relación a su "universalización", es decir, la idea de que, algún día, todos los Estados miembros de la OEA sean parte plena del sistema en igualdad de condiciones y sometidos a los mismos mecanismos de supervisión y control.
El sistema opera plenamente (Estados que han ratificado la CADH y reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) para 21 Estados miembros de la OEA, de los cuales 18 son de habla hispana (incluyendo a Brasil), y los demás son Barbados, Haití y Surinam.
Con esta denuncia oficializada el pasado 10 de setiembre, Venezuela se constituye en el primer Estado de América Latina en denunciar el Pacto de San José.