Parece mentira, por recibir formalmente la propiedad de su propia casa, que ha habitado por más de 37 años, la Dirección de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones le impone una multa de más de mil millones de colones al Partido Liberación Nacional (PLN).
La historia es muy sencilla, y como opositor desde siempre del PLN la conozco como todo costarricense de mi edad (¡o de unos 25 años menos!) porque es de público dominio.
Algunas personas partidarias del PLN adquirieron en 1979 lo que fue un restaurante (Balcón Celeste, recuerdo se llamaba) y la destinaron al servicio como sede central de su partido. Así, de manera pública y ostentosa, fue utilizada esa construcción para envidia de quienes militábamos en otros partidos. Y con justicia la denominaron Casa Liberacionista José Figueres.
Pues resulta que en determinado momento fueron traspasadas al PLN las acciones de la sociedad propietaria del inmueble, cuyo uso por ese partido transcurría de manera pública y notoria sin interrupción, desde su adquisición por los simpatizantes liberacionistas.
En el ínterin, muchos años después de la compra de la edificación y de su entrega para uso gratuito por el PLN, se modificó el Código Electoral y se prohibieron las donaciones políticas de parte de sociedades. Esto se hizo para evitar donaciones cuyo origen e intereses fuesen escondidos y no se sometieran al escrutinio de la opinión pública y del debate político.
Inaceptable. Aplicando la ley a la letra –sin ninguna consideración de las realidades– se pretende imponer semejante multa al PLN. Esto es totalmente inaceptable, contrario a la justicia y a una interpretación de la ley según el sentido común.
La entrega de las acciones de la sociedad propietaria del bien no cambia en nada la realidad de los hechos. Igual antes que después de esa entrega, el inmueble siguió al servicio de esa organización política sin que mediara costo alguno para ello, y con los gastos de mantenimiento a cargo del PLN y reconocidos como gastos legítimos por las autoridades electorales.
Cuando mi recordado y querido compañero en la Escuela de Derecho don Alonso Lara (q.d.D.g.) entrega las acciones de la sociedad propietaria del inmueble a los personeros del PLN, lo que correctamente hace es evitar que pudiese en el futuro generarse un injustificado conflicto si alguien fuese a pretender –por tener posesión de esas acciones– hacerse dueño de la Casa José Figueres.
Este caso es una clara muestra de fariseísmo jurídico. Se aparenta cumplir y defender la letra de la ley y al mismo tiempo se burla su espíritu y se causa injustificado daño a un partido político.
El autor fue presidente de la República de 1998 al 2002.