Costa Rica tiene una extraordinaria capacidad para atraer turismo e inversión. Sin embargo, existe una contradicción: mientras el país busca crecer, una de las actividades que lo conectan con el mundo enfrenta problemas de continuidad institucional, burocracia y capacidad de respuesta. Me refiero a la aviación civil.
Durante 2026, el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) permaneció meses sin completar su integración y apenas retomó sus sesiones en octubre. Paralelamente, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) atravesó una prolongada incertidumbre en su conducción. Hablamos de las instituciones que deciden sobre conectividad aérea, seguridad operacional, certificación de operadores e inversiones aeronáuticas.
Un alto costo
Es un error creer que los problemas de Aviación Civil solo afectan a pilotos, aerolíneas o propietarios de aeronaves. Detrás de cada operación hay hoteles, transporte, comercio, mantenimiento, combustibles, logística y empleo especializado.
Cuando una aeronave espera en tierra una autorización, el operador pierde ingresos, se pospone la contratación de personal y disminuye la actividad de múltiples proveedores. Cuando una certificación se vuelve incierta, la inversión se inmoviliza o busca otros países.
Y las consecuencias no desaparecen con los nombramientos. Una institución recupera su estructura formal en días, pero reconstruir su capacidad de respuesta toma meses. Mientras tanto, el turismo y los inversionistas no esperan. La pérdida de competitividad rara vez se ve como el cierre de una empresa: se expresa en una inversión que nunca llegó o en una aeronave que se matriculó en otra jurisdicción.
Inspectores capacitados, bien remunerados y suficientes
Un inspector aeronáutico no es un simple funcionario administrativo: es un profesional a quien se exige experiencia, entrenamiento recurrente y actualización permanente. Costa Rica necesita una remuneración competitiva para sus inspectores, capacitación nacional e internacional continua y una contratación acorde con las necesidades técnicas. Una autoridad con pocos inspectores sobrecargados se convierte en un cuello de botella, aun con funcionarios comprometidos.
Exigir eficiencia no significa pedir controles más débiles. Significa lo contrario: una autoridad sólida fiscaliza rigurosamente y resuelve oportunamente. Seguridad y desarrollo no son incompatibles.
¿Por qué inventar lo que ya funciona?
La aviación es internacional por definición. La OACI establece normas que armonizan la actividad mundial, y autoridades como la FAA y la EASA ofrecen décadas de experiencia en certificación, supervisión y gestión de riesgos.
No propongo copiar indiscriminadamente, pero si un procedimiento ha demostrado ser eficiente y seguro en otro país, lo razonable es adaptarlo, no descartarlo porque no fue concebido aquí. Modernizar no es multiplicar regulaciones, sino lograr que sean claras, proporcionales y aplicables.
Una autoridad con verdadera autonomía
Costa Rica debería estudiar la creación de una autoridad de aviación civil con mayor autonomía técnica, administrativa y financiera, con controles y rendición de cuentas. No otra estructura burocrática, sino continuidad técnica más allá de los ciclos políticos, con recursos previsibles e indicadores públicos de desempeño: tiempos de certificación, expedientes pendientes, disponibilidad de inspectores y resultados de auditorías.
Si una solicitud cumple todas las condiciones, debe existir la obligación de resolverla a tiempo. La discrecionalidad no puede convertirse en incertidumbre permanente.
Ninguna institución debería depender de una sola persona para cumplir sus funciones esenciales. Los cambios de gobierno son parte de la democracia; lo que no debería ser normal es que comprometan a organismos altamente técnicos. El éxito de una autoridad no se mide por los requisitos que impone, sino por su capacidad de garantizar seguridad y facilitar el desarrollo dentro de la ley.
Después de décadas vinculado a la aviación, estoy convencido de que Costa Rica tiene el talento para un sector aeronáutico mucho más competitivo. Lo que falta es una política de Estado sostenida. La pregunta no es cuánto cuesta modernizar nuestra autoridad aeronáutica, sino cuánto le cuesta al país seguir postergándolo.
Porque mientras esperamos, otros avanzan. La aviación no puede esperar. Y Costa Rica tampoco.
Daniel Romero Martínez es consultor aeronáutico y piloto.