El proyecto de creación del Banco Costarricense de Fomento (BCF) acomete directamente contra Conape, lo cual es una desacertada propuesta de las políticas públicas que el Estado debe brindar a los costarricenses para transparentar y hacer más justo el acceso a la educación superior.
El BCF sería un banco de segundo piso, por lo cual los créditos educativos los colocarían los bancos. Así se perdería el enfoque social que distingue a Conape, dado que los fines de estos son la generación de utilidades, exigirían garantías complejas, restringirían los préstamos educativos a sus intereses y tendrían una tasa de interés que les genere utilidades. Para referencia del lector, un modelo similar se usó en Chile con resultados funestos para los estudiantes, la sociedad y el país en general.
Indica el proyecto que la operación de Conape “podría incrementarse” con mayor infraestructura. Desconocen los proponentes que Conape supera los modelos tradicionales de onerosas y poco eficientes redes de agencias, migrando sus servicios al uso de Internet, lo cual colabora en el ahorro de tiempo y dinero a los costarricenses al no efectuar trámites presenciales.
Proponen endeudarse con acreedores locales e internacionales, e incurrir en costos financieros, comisiones bancarias, gastos de formalización y otros más que se trasladarían de manera íntegra y directa a la tasa de interés de los estudiantes. Es importante indicar que la tasa de interés actual de Conape es de tan solo el 4% anual, entiéndase entre un 6% y un 7% menor a las tasas de mercado.
En cuanto a las actividades del BCF, indica que será este el que realizará actividades que requieren de la técnica y conocimiento que Conape ha acuñado durante sus cuarenta años de trayectoria, sería imprudente echar por la borda la experticia en un servicio tan especializado y poco conocido por la banca comercial.
Por qué absorber Conape. El traslado de los activos de Conape como aporte inicial al capital y patrimonio del BCF podría representar una distracción de la naturaleza de estos bienes y un eventual riesgo de incumplimiento con los compromisos contractuales previamente adquiridos.
Según los estados financieros de Conape, al 31 de diciembre del 2016, ¢185.078 millones componen sus activos, de los cuales ¢167.679 millones corresponden a préstamos otorgados a estudiantes y ¢2.674 millones se refieren a propiedad, planta, equipo y otros. La diferencia de ¢13.389 millones son títulos valores comprometidos contractualmente para girar a 13.635 costarricenses. De todo lo anterior es evidente que el aporte pretendido generaría poca o nula liquidez para los fines del BCF.
Mención especial merece comentar que se mantiene el aporte del 5% de las utilidades de los bancos, sumas que se trasladarían directamente al BCF, el cual “podrá” capitalizarlas y destinarlas a préstamos para educación.
Cavilando sobre ello, tenemos que los bancos trasladarían sus aportes al BCF, ente que, a su vez, en su condición de banco de segundo piso, le devolvería dichos recursos a los mismos bancos para que estos los coloquen.
Lógicamente, el BFC asignará un costo a estos recursos para cubrir sus gastos, e igualmente el banco adicionará un margen para generar utilidades. Esta gimnasia financiera ¿podrá brindar una tasa de interés menor o igual al 4% anual?
Incertidumbre laboral. Otro aspecto preocupante es que ni en la exposición de motivos, ni en el articulado del proyecto, se rescata norma alguna tendiente a asegurar los derechos de los trabajadores. La derogatoria de la ley de Conape significa una ruptura unilateral de los contratos de trabajo, lo cual generaría una gran afectación socioeconómica a todas las partes.
Siendo pragmáticos, no es gastando en infraestructura, endeudándose con acreedores nacionales o extranjeros, ni triangulando fondos como se fortalecen los préstamos para educación, lo que realmente los estudiantes, los padres de familia y la sociedad necesitan es contar con un fuerte programa de avales a estudiantes en condiciones especiales.
La buena noticia es que ya se encuentra en la corriente legislativa el proyecto de Ley n.° 19.966, Reforma a la Ley n.° 6041, el cual, de ser convocado y aprobado por la Asamblea Legislativa, constituiría un fondo de avales hasta por ¢2.000 millones para incrementar, aún más, el acceso de los estudiantes a la educación superior.
El autor es administrador de negocios.
