En 1993, ingresé al Ministerio de la Presidencia como agente de seguridad presidencial. Allí conocí a Eduardo Guzmán López, a quien recuerdo como “Inca 16″, entonces vinculado a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Años después, fue director de la Policía de Proximidad del área central de San José, conocida como Delta 1. También serví en el Ministerio de Seguridad Pública. Conozco, por experiencia, la responsabilidad que implica portar un uniforme y custodiar instalaciones sensibles.
Por eso, me resulta particularmente alarmante lo ocurrido en La Reforma. El 15 de octubre trascendió la detención de Maiker Guzmán Charpantier, hijo de aquel funcionario y agente de la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública.
Según las informaciones publicadas, cuando participaba en el refuerzo de la custodia del ámbito de Máxima Seguridad, la Policía Penitenciaria le encontró un celular, una tarjeta SIM, un reloj inteligente y accesorios electrónicos después de que superara el área donde debían depositarse esos objetos.
En ese sector están recluidos Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan. No hablamos de una oficina cualquiera, sino de un dispositivo extraordinario destinado a impedir contactos indebidos y proteger una operación de altísima sensibilidad. La Fiscalía investiga lo sucedido. Determinar si existía intención de entregar esos aparatos corresponde a las autoridades judiciales; la gravedad de la falla de control ya merece explicaciones públicas.
Este miércoles 21 de octubre, la presidenta Laura Fernández confirmó que se abrió un procedimiento administrativo contra el agente detenido y aseguró que el gobierno será “implacable” con quienes introduzcan celulares en las cárceles. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, también confirmó que el caso fue remitido al Ministerio Público y que se tramita una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades.
Los anuncios son necesarios, pero no agotan las preguntas que plantea el caso. Además de establecer qué ocurrió y si corresponde sancionar al funcionario, el país necesita saber cómo un agente asignado a un operativo de máxima sensibilidad llegó a ingresar con dispositivos prohibidos y qué controles deben revisarse.
Aquí aparece la ironía que el gobierno no puede ignorar. Laura Fernández denunció que el crimen organizado se estaba infiltrando “hasta los tuétanos” en el Poder Judicial, y la Corte Plena le exigió pruebas. Ahora, la detención de un agente destacado en el operativo de Máxima Seguridad obliga al Ejecutivo a examinar sus propios controles. La presidenta anunció un procedimiento administrativo y prometió actuar con rigor, pero todavía quedan preguntas sobre las fallas que permitieron que ocurriera el episodio.
Si para señalar al Poder Judicial se utilizó una frase tan demoledora, también cabe plantear una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando las dudas alcanzan al propio Poder Ejecutivo? Decir que está “infestado de corrupción hasta los tuétanos” sería una interpelación a la vara de medir de la mandataria, no una sentencia sobre miles de funcionarios honestos ni una conclusión penal anticipada. Precisamente por eso, el caso exige algo más que una promesa de rigor: explicaciones sobre los controles y las responsabilidades.
El gobierno desplegó unidades especializadas para reforzar la vigilancia de Diablo y Tan. La pregunta no es si el detenido tenía un apellido conocido, sino cómo fue seleccionado, qué controles superó, quién supervisaba su labor y por qué fue necesaria la alerta de un policía penitenciario para descubrir los dispositivos. El procedimiento administrativo anunciado debe esclarecer esas responsabilidades, pero también hace falta saber si los protocolos de selección, supervisión y control son suficientes.
La seguridad nacional no se garantiza con conferencias de prensa, discursos de mano dura ni acusaciones contra otros poderes. Se demuestra en los controles cotidianos, incluso –y sobre todo– cuando se trata de los propios agentes.
Sería paradójico que el Ejecutivo exigiera rigor absoluto a jueces y fiscales y no aplicara ese mismo estándar al examinar un episodio ocurrido bajo su dispositivo de seguridad.
Por ejemplo, la presidenta aseguró que el gobierno será implacable con los policías que introduzcan celulares en las cárceles. La pregunta es si ese rigor se traducirá en una investigación exhaustiva, sanciones proporcionales a las responsabilidades que se demuestren y una revisión de los controles que fallaron.
La actuación de los funcionarios penitenciarios y el agente que dieron la alerta demuestra que los controles también pueden funcionar. Pero un hallazgo oportuno no reemplaza una revisión profunda.
No celebro esta detención. Me preocupa. Porque cuando quienes deben custodiar la seguridad terminan bajo investigación, lo que se pone en juego no es solo un uniforme: es la confianza de todo un país.
Presidenta Fernández: si usted dice que la corrupción puede estar “hasta los tuétanos” en otro poder, empiece por examinar, con la misma severidad, el suyo.
romacruz05@gmail.com
Rodolfo Cruz Morales es exfuncionario del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Seguridad Pública. Hoy se encuentra pensionado.
