Poco o nada se hace para propiciar cambios en la población con el fin de reducir el volumen de residuos
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Sergio González Duarte
La conclusión del informe del 28 de noviembre de la Contraloría General de la República (CGR) es apabullante: “Costa Rica aún no ha sido capaz de implementar la jerarquía para la gestión integral de residuos establecida en la Ley 8839, donde se señala el orden de prioridad: evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y por último disponer de aquellos residuos que no pueden ser tratados de otra forma”.
Si bien aumentó el porcentaje de cobertura de recolección, poco o nada se hace para “propiciar cambios en la producción y hábitos de consumo de la población para reducir el volumen de residuos”, lo cual prolonga la vida útil de los rellenos sanitarios.
En cuanto a vertederos y rellenos sanitarios, la Contraloría afirma que, entre el 2019 y el 2022, la fiscalización de las Áreas Rectoras de Salud fue casi inexistente.
En referencia al reciclaje, indica que el servicio público no consigue producir cambios significativos en los hábitos de la población costarricense, que con el paso de los años generan más residuos sólidos ordinarios y no los separa adecuadamente.
Como sabemos, el problema ambiental no es la pajilla ni las bolsas de plástico como algunos creen, sino el consumismo, la mala calidad de los productos y pésimos hábitos alimentarios que no solo son causa de más residuos, sino también de obesidad, diabetes, hipertensión y problemas cardíacos en las poblaciones.
Diversos estudios confirman que el azúcar es más adictivo que la cocaína. Por eso, a las industrias de refrescos gaseosos, jugos, confites, chocolates, helados, pasteles, galletas y demás no les conviene educar a la gente en favor de la sana nutrición.
Más allá de la auditoría, es hora de entonar un mea culpa. A veces la falta de humildad de ciertos funcionarios los conduce a molestarse al enfrentar la cruda realidad.
Precisamente, una de las deficiencias señaladas por la CGR es la falta de información confiable. Desde que se publicó la Ley 8839, esperamos el Sistema Nacional de Información de Residuos que el Ministerio de Salud prometió.
Han pasado 13 años, 4 administraciones y un desfile de 10 ministros de Salud: ¡casi uno por año! Recuerden a la ministra que salía mucho en televisión y radio que cuando firmó la ley en julio del 2010 aseguró que con esa legislación el país había resuelto el problema de la basura.
Entonces, ¿qué hacemos? Después de 30 años de trabajar en reciclaje y gestión de residuos, también me siento frustrado al leer los resultados del informe. Como dicen, “si seguimos haciendo las mismas cosas, tendremos los mismos resultados”.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben trasladar la rectoría de residuos sólidos al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); reformar la Ley 8839, o mejor aún, sustituirla por una nueva que enfatice los retos futuros; prohibir el ingreso de residuos orgánicos aprovechables en los rellenos sanitarios para aumentar en un 50 % la vida útil de los sitios de disposición final; impulsar el aprovechamiento cantonal de los residuos orgánicos con un plan de compostaje municipal a través de proyectos piloto y mediante alianzas con empresas e instituciones; fomentar la coordinación máxima entre cantones, utilizando las federaciones municipales existentes con el fin de encontrar soluciones regionales; efectuar alianzas estratégicas con las empresas e industrias de reciclaje para crear una coalición nacional que permita la transición hacia la economía circular, con el objetivo de aumentar el aprovechamiento de todos los residuos que sean reciclables, reutilizables o compostables.
Asimismo, cada gobierno local debe efectuar una evaluación con un plan municipal de gestión integral de residuos, redactar un reglamento de residuos, crear un sistema tarifario de servicios moderno, poner en funcionamiento la recolección selectiva de valorizables y ejecutar un plan piloto de compostaje.
