Jaime Robert. 8 diciembre, 2019

Jacques Sagot, una de las plumas y voces más ácidas y provocadoras que se expresan en los medios de este país, la emprende contra los magistrados del Poder Judicial en un artículo publicado el 29 de noviembre en La Nación, titulado “La muerte de la vergüenza”, en reacción a la defensa al sistema de pensiones.

En su crítica, no ahorra epítetos para calificar el proceder de los magistrados de la Corte como un acto de desvergüenza, codicia y egoísmo. Recurre, además, a toda suerte de símiles o argumentos tautológicos que, proviniendo de alguien que dice tener tan buen concepto del sentido común costarricense, no puede menos que despertar suspicacia o recelo.

En todo caso, bien aprendida parece tener Sagot la máxima deconstruccionista de que el significado se agota en los efectos de la cadena significante y que esta no tiene más sentido que el propio de un juego intertextual sin fin.

Rasgo común. Mediante este ejercicio de semiosis, Sagot increpa a los magistrados por una presunta falta profunda de “solidaridad, espíritu de cooperación, patriotismo, altruismo y fraternidad”, que, sin embargo, no sería privativa de ellos, pues, como bien afirma, resulta inherente a los sesgos de la Revolución francesa que dieron origen a la sociedad moderna sobre un abismal desequilibrio o, peor aún, antagonismo entre la libertad y la fraternidad: cuanto más libres éramos, más misántropos nos volvíamos.

En consecuencia, la falta de decencia que, según sus palabras, no tiene otra definición más que “respetar la integridad psicofísica de los otros y no construir la propia felicidad sobre la ruina humana de las demás personas”, no resulta exclusiva de los miembros de este poder de la República, sino que es un constitutivo orgánico de la sociedad moderna cimentada en el libre mercado, el afán de lucro y la voracidad egoísta, paradójicamente, el referente que orienta prácticas como estas reformas a los sistemas de pensiones y otras reformas del empleo público, a cuyos objetores Sagot endilga los calificativos de desvergonzados y voraces individualistas antipatrióticos.

¿Cómo puede operarse ese desplazamiento significante o acto metonímico por el cual Sagot la emprende contra uno de los poderes de la República, que apenas unos diez años antes era de las ya pocas instituciones públicas que aún gozaban del beneplácito ciudadano? La respuesta pareciera encontrarse en los efectos de lo que el propio Sagot ha calificado como sofismas —ciertamente no paralogismos— de la peor estofa.

No es lo mismo. Señala que los magistrados defienden, en su delirio egoísta, voraz y antifraternal, sus jubilaciones de ¢10 millones o más, pero lo cierto es que los diputados no están aprobando una contribución solidaria sobre estos montos de pensión, sino que pretenden bajar el umbral de la contribución hasta los ¢2,6 millones.

Dicho de otra manera, resulta ser que esas pensiones de ¢10 millones o más ya están gravadas, y el proyecto recién aprobado procura ampliar la base impositiva; luego, la oposición de los magistrados es respecto a esta ampliación y Sagot estaría increpándolos no por defender pensiones de ¢10 millones o más, sino por oponerse a reducir la base impositiva hasta los ¢2,6 millones, que ni es lo mismo ni parecido.

Ahora bien, si es que la pensión a partir de ¢2,6 millones es un ingreso de lujo insolidario, ¿por qué no lo sería también el de los asalariados y demás personas con actividades lucrativas que superan esos montos?

Y si a Sagot le asiste la razón de que sobrepasar esos límites en los ingresos da una condición de odioso privilegio y obliga moralmente a una contribución solidaria, ¿por qué no exigir a los diputados que lo hagan extensivo a sus propios salarios y, de paso, a todo salario en general, tanto del sector público como del privado, así como a todo ingreso por actividades lucrativas que superen tales límites? ¿Acaso el monto de ingreso de los diputados y el de los demás aludidos no produce también un daño a la autopercepción de los costarricenses, a nuestra psique colectiva, a la “noción de democracia (…) incompatible con la extrema desigualdad social”?

Omitir la reflexión en torno a estos contrastes en su razonamiento sobre la ética de la solidaridad y equidad en las pensiones del Poder Judicial, conduce a “falacias, falsos razonamientos, paralogismos, sofismas de la peor estofa”.

El autor es psicólogo.