La aprobación de la ley contra la usura debe conducir a la muy necesaria discusión sobre la educación financiera y el fenómeno perverso del acoso, la extorsión y el calvario al cual se ven sometidos los deudores.
Se trata de una especie de esclavitud financiera porque no pocos hipotecan, junto con su patrimonio, su buena calidad de vida.
No debe extrañar cuando una jefa de hogar que compre una cocina a crédito, una vez cumplido el plazo de la deuda, haya pagado dos y hasta tres veces el valor del electrodoméstico.
Las múltiples y persecutorias llamadas al producirse el retraso del pago se ha normalizado, así como el envío de correos electrónicos amenazantes y mensajes de texto.
Los cobradores utilizan cuanta maquinaria sea posible, todo lo cual puede derivar en una crisis emocional para el deudor, pues llaman repetidamente también a sus familiares, jefes y amigos cercanos.
No contentos con el descrédito, dejan el recado con la vecina y a quien debe lo ponen en vergüenza y le recuerdan una y otra vez que perderá lo que tiene o lo que le queda.
Lo sufren quienes están en el mercado formal, así como quienes, excluidos de ese sistema, recurren al informal y las llamadas “garroteras”. Estas últimas exponen a los deudores a situaciones humillantes y descomunales.
Problema por resolver. Sin entrar en la discusión acerca de las estructuras del mercado crediticio, lo expuesto en este artículo debe ser un problema de profunda atención y preocupación del Estado.
Como mínimo, y a pesar de que el Estado no cuenta hoy con autoridad moral en términos de crédito, debe generar política pública urgente, articulada e interinstitucional.
Es urgente prevenir y tratar con sensibilidad humana la angustia social, familiar y personal a la cual se enfrenta la ciudadanía debido a los abusos de entidades que, con atrevimiento cada vez menos inusual, invaden cruel y despiadadamente los delicados campos de la privacidad, la intimidad y el hogar, violando la ley y desestabilizando a la gente.
Aunado a ello, no debe perderse de vista la enorme asimetría de información y conocimiento entre las dos partes del mercado (acreedores y deudores), cuya desventaja queda del lado del consumidor no especializado, quien accederá, sin cuestionamientos, a contratos leoninos.
Las cifras del galopante desempleo, la más profunda crisis de las últimas décadas a causa de la pandemia y, un caso común poco comentado, miles de trabajadores que teniendo empleo reciben un ingreso líquido muy inferior al mínimo, a consecuencia de los excesivos, pero atractivos, publicitados y convincentes convenios con entidades crediticias, agravan el panorama
Y como si lo anterior fuera poco, embargos, pensiones alimentarias y gastos ordinarios del hogar no se detienen.
Quienes prestan adecúan sus operaciones a conveniencia y rentabilidad. Quienes adeudan se exponen, además de la crisis generada por la covid-19, a otras económica y emocional.
Aunque se parte de que a nadie lo obligan a endeudarse, pues adquiere compromisos financieros por su propia voluntad, lo cierto es que las entidades deben proceder como corresponda, conforme con la ley, sin despojar a la gente, además de su patrimonio, de la paz, la salud emocional y de una vida digna.
Lo que están empezando a sentir los bancos tras la entrada en vigor de la nueva ley, no es nada. Lo de esos ciudadanos lo es o lo era todo.
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El autor es politólogo.
