Un mes después de la permanencia en aislamiento voluntario a causa de la pandemia y luego de haber organizado varias veces todos los clósets y gavetas de mi casa y de mi estudio, me dediqué a reflexionar acerca del pasado, el presente y el futuro.
Vinieron a mi mente dos proyectos promovidos por mí con vehemencia, pero, infortunadamente, no logré sacarlos adelante cuando fui directora de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) del 2010 al 2015.
De haberse ejecutado, no solo la calidad de vida de los costarricenses habría mejorado, sino que habría habido un cambio radical en el curso y consecuencias de la pandemia de la covid-19. Me refiero al pago electrónico en buses y al uso estratégico del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
Información y bancarización. Si el pago electrónico hubiera entrado en funcionamiento en el 2012, el país contaría con información centralizada y fidedigna con respecto a los patrones de movilización de las personas, se habrían optimizado rutas, horarios y tarifas de los buses; se habrían desarrollado nódulos intermodales de transporte público que lo habrían convertido en una opción eficiente para disminuir el uso del automóvil privado. Imaginen la mitigación de las infernales presas y los costos asociados que sufrimos diariamente.
La bancarización de un gran segmento de la población, derivada del pago electrónico, ayudaría hoy a transferir, haciendo clic, los recursos públicos destinados a socorrer a las víctimas de la pandemia.
El uso generalizado de una billetera electrónica habría reducido la circulación de billetes y monedas, vectores del coronavirus.
En retrospectiva, es un crimen no contar en estos momentos con el pago electrónico en buses. Ojalá el país lo tenga antes de la próxima pandemia.
Negligencia en Fonatel. El desperdicio de la oportunidad y de cuantiosos recursos de Fonatel, producto de la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el 2010, es aún más obvio en estos días.
En vez de enfocarse en proveer conexión básica a unas cuantas comunidades marginales —hecho a medias y con mínimo impacto—, el fondo debió haber sido utilizado estratégicamente para generar una transformación sistémica: dotar al país de banda ancha de punta a punta.
Que los recursos inicialmente no eran suficientes para financiar un proyecto de tal envergadura, es cierto, pero el flujo anual de los recursos parafiscales bien podrían haberse usado para apalancar una gran alianza público-privada con ese fin.
Que tal proyecto no beneficiaba exclusivamente a los más pobres; en efecto, favorecía al país como un todo; sin embargo, no era obstáculo para que el efecto distributivo deseado pudiera conseguirse mediante pagos diferenciados por el servicio de banda ancha según los distintos usuarios.
De haberse hecho de esa manera, no solo contribuiría a manejar mucho mejor la emergencia sanitaria mediante la trazabilidad de los contactos, sino también a optimizar la asignación de subsidios basada en información oportuna y confiable.
Además, mitigaría las consecuencias socioeconómicas de la pandemia porque fomenta el teletrabajo, la educación a distancia, la provisión de servicios en línea, la agilización de trámites por medio del gobierno digital, etc. Sería la plataforma idónea para lanzar un modelo de desarrollo económico pospandemia. El no haber utilizado sabiamente los recursos de Fonatel es otro crimen.
A quienes les preocupa la crisis fiscal les aclaro que ninguna de las dos iniciativas demandaba recursos de Hacienda: inicialmente, los fondos iban a provenir de las tarifas del transporte público y Fonatel. Las inversiones habrían sido pagadas con el aumento en la eficiencia productiva.
Cuando ya el virus SARS-CoV-2 ha capturado el interés nacional y la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo en procura del bien común no tiene precedentes, no sería mucho solicitar que, junto con lo urgente para superar la crisis, aprovechemos la convergencia de voluntades para aprobar proyectos como los apuntados para mejorar la calidad de vida de los costarricenses.
La autora es exdirectora de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.