Una sociedad democrática robusta entiende que las garantías procesales son un valor. De cara a los que azuzan las redes sociales pidiendo mano dura contra los malos e incendian los espacios mediáticos reclamando testosterona para parar la criminalidad, la prudencia es la mejor consejera. Las garantías procesales no son un muro que arropa la impunidad; son, al contrario, un conjuro contra la arbitrariedad.
El Estado reúne todo el poder, puede poner a andar la maquinaria punitiva contra todo ciudadano y despojarlo de lo que sea, de su libertad y, en algunos casos, hasta de su vida. No es dramatismo, es realismo. Por eso, la potestad sancionadora debe ser ejercida con contención y muchos controles. La historia de la humanidad está poblada de momentos en los cuales el abuso estatal dejó los peores saldos.
La iniciativa, en su día impulsada animadamente por un sector de la Corte Suprema de Justicia que ya, por cierto, está fuera del vértice judicial, ha sido aprobada en países como Colombia, con problemas históricos, políticos y hasta humanitarios producidos, sobre todo, por el narcotráfico, en contextos, incluso, de guerras civiles que no se corresponden con la realidad costarricense. Tengo la impresión de que, como pasa con muchas leyes penales, quienes han promovido la extinción de dominio quisieron darle un uso simbólico más por motivos políticos que de otra naturaleza. Eso que suele decirse con tanta frecuencia de mandar mensajes fuertes a los criminales.
Horroriza pensar que en esta época de inmediatez, de hordas que piden justicia desde Facebook y Twitter, se conceda al Estado la enorme potestad de confiscar propiedades sin las reglas más elementales de un régimen democrático, como la comprobación de culpabilidad. También, aunque no tanto, desde luego, que un país con apuros económicos esté dispuesto a invertir cientos de millones de colones en construir una burocracia adicional para poner a andar el nuevo proceso.
¿Supone esto claudicar frente al crimen organizado? La respuesta es categórica: no. Como ya lo han advertido algunos expertos, lo que habría que hacer es, con rigor y en el marco de la Constitución Política, reformar la parte general del Código Penal atinente a la figura del comiso. Introducir institutos como el comiso ampliado, por valor equivalente o el comiso de bienes en caso de injusto penal para que, dentro de un proceso sancionatorio, respetando todas las formas, se asegure que el Estado pueda despojar a quienes se hayan beneficiado económicamente mediante un delito.
Esa es la salida más sensata, quizás sin nombres rocambolescos para ser ofrecidos como trofeo electoral, pero con la certeza de que no estaremos dando un cheque en blanco para que se cometan excesos de los que todos podríamos ser potenciales víctimas. Hay que empezar de nuevo, aunque esto tome más tiempo, asegurarnos de salvar los muebles del Estado de derecho siempre será lo más responsable.
Oposición callada. Me sorprende que la extinción de dominio haya llegado tan lejos. Todo el arco ideológico debería ser consciente de los riesgos que entraña. La derecha liberal e ilustrada tendría que oponerse porque abrir esta puerta implica dejar que la mano del Estado se meta en los ámbitos privados de la vida de las personas, y la izquierda progresista porque restringir derechos fundamentales es la negación misma de la justicia social.
Nuestros antepasados, con todas sus imperfecciones y desafíos, fueron capaces de heredarnos un régimen de garantías sólido, muy inusual en América Latina. No vayamos a ser nosotros quienes, al calor de las pasiones y las preocupaciones del momento, lo debilitemos por apurar el paso. Ni nosotros mismos, ni las generaciones futuras lo merecemos.
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El autor es profesor de la UNA y exministro de Justicia.
