Según se dice, se alega y se predica, en el país existen unas 2 millones de onzas de oro en el área de Crucitas, cuyo valor rondaría los $8.000 millones, en el entendido de que, a nivel internacional cada onza se comercializa en $4.000.
Se dice también que ese valor, de poder explotarse en su totalidad, significaría para el país un ingreso de $2.700 millones, es decir, de aproximadamente el 33% del valor total del yacimiento.
Esto significa que Costa Rica debería recibir de quien explote el mineral un 33% de las ganancias totales de la venta del oro y que se apañe la compañía o compañías mineras con los costos de extracción.
Sin embargo, el Código de Minería de Costa Rica establece para la minería metálica un cobro del 2% sobre las ventas brutas, y el nuevo proyecto de ley establece un 5%. Entonces, en realidad lo que recibiría el país en el utópico caso en que se pueda explotar todo el yacimiento del área de Crucitas y en el supuesto de que las reservas de las que tanto han hablado sean verídicas y probadas, son unos $400 millones, o sea, un 5% de lo que se dice por ahí.
Todo lo anterior son falacias, ya que por un lado solo una empresa ha realizado exploración minera seria en ese yacimiento, y siendo que sus resultados confidenciales por ley, no se explica cómo llegaron esos datos al público, más aún si suponemos que la información dada por la empresa que exploró el yacimiento haya sido la real.
Por otro lado, no existe un dato verídico sobre las reservas probadas del yacimiento y se ha especulado mucho sobre la cantidad real de reservas, sobre la facilidad de extraer el mineral y, sobre todo, se ha soñado con que es viable o posible o tecnológicamente real poder explotar la totalidad del yacimiento. Falacias.
El Colegio de Geólogos de Costa Rica defiende una regulación “integral y técnica” de la minería, pero no sabemos exactamente qué significan esas palabras. Qué significa una explotación integral y técnica en el caso de un yacimiento de mineral diseminado irregularmente, extenso, superficial, y cuya explotación debe ser necesariamente masiva, intensiva y extensa territorialmente para que sea rentable para las empresas mineras que seriamente se “compren la bronca” de trabajar en esa zona.
Consumo local
Se argumenta que somos un país consumidor de minerales, que tenemos más teléfonos que población y que por lo tanto, tenemos que producir minerales a toda costa y en una forma ambientalmente sostenible. Falacias y eufemismos.
Ese argumento equivale a decir que Suiza debería producir su propio café o que Noruega y Canadá no deberían comprar azúcar de caña y deberían producirla ellos. Cada actividad humana debe desarrollarse donde corresponde o donde la naturaleza lo permita. Ningún país puede producir todo lo que necesita, eso es otra falacia.
La minería es una actividad económica que debido a su riesgo inherente, debido a las oscilaciones del mercado, no es ni puede ser ni altruista, ni filantrópica ni ecológica ni ambientalista. Hablar de minería sostenible o de parque minero ambiental son simples falacias y eufemismos, ya que esta actividad es esencialmente destructiva del ambiente, salvo que se realice en las zonas desérticas de Atacama o Mauritania, pero en cualquier lugar de nuestro país cubierto de bosques, no existe tal cosa como minería ecológica o sostenible o ambiental o amistosa con la naturaleza.
Me parece y es mi opinión personal que la defensa de la minería a cielo abierto por parte del Colegio de Geólogos tiene una connotación meramente gremial, pero repito, eso es solo mi humilde opinión y no significa que como geólogo no esté de acuerdo en que haya más trabajo para nosotros.
Pero también, para la mentada subasta de bloques mineros en Cutris, ¿quién definirá el tamaño de cada bloque?, ¿con qué criterio? ¿quién dirá cuales son las reservas de cada bloque para darle valor base a la subasta?
Nadie sabe en este momento cuánto mineral hay en cada hectárea del yacimiento, todo lo que se ha dicho se basa en las exploraciones realizadas por la concesionaria original, pero aún así, esos resultados no son aplicables ni suficientes para definir bloques o áreas a subastar a un precio base que nadie ha definido ni puede definir con los datos disponibles. Esto sería una subasta a ciegas.
En Brasil, Perú y otros países, especialmente de África, existen zonas en donde lo que pasa en Crucitas es un turno de pueblo. Existen extensas áreas en donde los gobiernos no han podido ni han sabido controlar la explotación minera ilegal.
En Costa Rica, la minería metálica a cielo abierto es ilegal. Punto. Hay que pararla como se hace para cualquier otra actividad ilegal. La policía lucha diariamente contra el narcotráfico, confisca bicimotos por ser ilegales, y a pesar de sus casi heroicos esfuerzos por controlar la situación en Crucitas, no se ha dado una verdadera lucha frontal, una solución final contra la invasión de extranjeros que vienen a delinquir.
Lo que compete en este caso, es primero acabar con la situación actual, acabar con la invasión descarada y aparentemente apoyada por el gobierno vecino (que hace poco o nada al respecto), y terminar de una vez por todas con el problema actual.
Luego, en calma y sin el ardor de la lucha que habrá que dar, podemos sentarnos y ver que realmente y sin falacias ni eufemismos, podemos hacer con este yacimiento y con todos los demás que hay en el país, sin necesariamente optar como primer opción por legalizar, mediante subastas, una actividad que se nos ha escapado de las manos.
Según lo que se dice en corrillos del gobierno, legalizar lo ilegal e insostenible es la solución para poder llenar las arcas del Estado con miles de millones de dólares sin afectar el prestigio ambiental y la fama probablemente mal ganada de ambientalistas y de verdes que nos hemos hecho con el tiempo.
rprotti@geotestcr.com
Roberto Protti Quesada es geólogo.