Los profesionales de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños publicaron en 1999, en la revista Adolescencia y Salud, los resultados de una investigación titulada Desesperanza en adolescentes: una aproximación a la problemática del suicidio juvenil.
Se encuestó a 6.996 estudiantes de décimo y undécimo año a escala nacional sobre el sentimiento de desesperanza, antesala del suicidio. Se escogió a esta población porque era la que había sobrevivido a la exclusión escolar y se suponía que tenía mejores expectativas sobre el futuro.
Sin embargo, la desesperanza alcanzó un 25% de las respuestas, lo que hizo prever que el problema iba a incrementarse, particularmente en la gente joven.
Según una recopilación de datos recientes, hecha por la Universidad Hispanoamericana sobre suicidios, que comprende el período 2017-2020, en la población de 0 a 10 años de un caso en el 2017 subió a ocho en el 2020 y en las personas de entre 18 y 19 años pasó de 17 en el 2019 a 50 en el 2020.
El mayor número se registró en el grupo de 20 a 24 años (un 12,3%), seguido del de 25 a 29 años (un 10,7%) y del de 30 a 34 años, un 10,4%. Entre los de 10 y 19 años fue un 11,3%. En resumen, el 45,2% de los suicidios se presentaron en menores de 35 años. El 85% eran hombres y el 15%, mujeres.
Los homicidios muestran también una tendencia creciente en adolescentes y jóvenes. Del 2015 al 2020, el 42% de las personas asesinadas tenían entre 18 y 29 años, seguidas del grupo de 30 a 39 años, con un 26%. El 88,6% eran hombres y un 11,4%, mujeres.
¿Por qué son los adolescentes y jóvenes los más afectados? Por las condiciones adversas que desencadenan la desesperanza.
Estas condiciones se relacionan con las falencias del sistema educativo, que limita sus oportunidades y su potencial de desarrollo humano; un sistema de salud que no responde a las necesidades biológicas y, menos aún, a las psicosociales diferenciadas de adolescentes y jóvenes; la desigualdad creciente y la pobreza; y la inoperancia del sistema de protección para la gran mayoría de los adolescentes vulnerables, que además experimentan crisis familiares, particularmente, debido a la carencia de funciones irrenunciables, como lo son el afecto, la contención y la fijación de límites, factores debilitados por la situación socioeconómica y el aislamiento que deterioró habilidades sociales y la salud mental.
Dar respuestas sostenibles a esta problemática depende, en primera instancia, de lo estructural, como lo demuestran múltiples diagnósticos; sin embargo, hay acciones inmediatas viables:
1. La política de la CCSS orientada a los adolescentes, aprobada por la Junta Directiva en el 2018, fortalecería el Programa de Atención Integral en Salud Adolescente. Para que responda a las necesidades de esta población, la CCSS debe trabajar en estrecha coordinación con los Ministerios de Educación (MEP), Salud, Cultura y Seguridad Pública, así como con el Icoder, las familias y la comunidad.
2. Replantear el sistema educativo para que no esté orientado solo a lo académico, sino también hacia la diversidad de habilidades y potencialidades de los estudiantes.
3. Apoyar a las familias mediante programas que han probado ser exitosos, como las escuelas para padres o de crianza positiva, en las comunidades.
4. Los Centros de Intervención Temprana como el de Guararí, del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), es otra forma de ayudar a niños y adolescentes integralmente y, particularmente, para prevenir la expulsión escolar.
El PANI propone, además, un programa de transición para egresados de sus albergues que debería concretarse.
5. Las municipalidades deben crear espacios seguros donde los muchachos participen en actividades deportivas, culturales y sociales.
6. Establecer planes de capacitación para menores de 35 años que no terminaron la secundaria, liderado por el INA, para facilitarles conseguir empleo.
7. Identificar emprendimientos educativos y culturales orientados a la niñez, adolescencia y juventud para brindarles apoyo.
8. Exigir un papel proactivo y de mayor impacto al Consejo de la Niñez y la Adolescencia y al Consejo de la Persona Joven, instancias técnico-políticas encargadas por ley a atender las necesidades de la población adolescente y joven.
Si los datos sobre el suicidio y los homicidios no llaman la atención, adolescentes y jóvenes estarán condenados a una muerte silenciosa frente a una sociedad y un Estado irresponsables e incapaces de reaccionar para cambiar esta dura realidad.
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es médico pediatra, fue fundador y director durante 30 años de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños. Siga a Alberto Morales en Facebook.
Marcela Rodríguez Canossa es socióloga.
