Las ventajas de la Ley de Protección al Trabajador (LPT), el inconveniente de gravar el monto que destinen trabajadores y patronos a financiar las pensiones complementarias y la necesidad de no gravar estas –en concordancia con el espíritu de esa ley– fueron analizadas contundentemente por el editorialista de La Nación el pasado 28 de marzo.
Todos deberíamos poner cuidado a este tema fundamental para la justicia social, el ahorro nacional y la participación de los trabajadores en la economía.
En efecto, gracias a la LPT, fruto privilegiado del proceso de Concertación Nacional, el sistema previsional costarricense reúne ahora las ventajas de la solidaridad para las personas con menos recursos en su ancianidad, con las garantías de una pensión adecuada al nivel de vida alcanzado al tiempo de retiro y la seguridad de la protección de los recursos capitalizados en la cuenta personal del trabajador. No en vano se la ha denominado “la reforma social de nuestro tiempo”.
Los dos fondos con los que opera la LPT el pasado setiembre significaban ya un 45% de todos los fondos de pensiones (y junto con los voluntarios ascendieron al 47,2%), y sigue creciendo su participación.
Desde su creación, la ley ha significado un aumento de esos recursos de 13,6 puntos porcentuales del PIB, lo que es muy considerable. Esto se ha dado sin que disminuya el aporte de los otros sistemas, que, en conjunto, han aumentado 3,1 puntos porcentuales del PIB, en su mayor parte por el crecimiento del sistema de capitalización colectiva del Magisterio Nacional. El ahorro nacional como proporción del ingreso disponible subió desde la vigencia de la LPT en un 28,4%.
Las cuentas individuales a nombre de los trabajadores los protegen de la voracidad fiscal y, además, como se buscó desde el inicio, crean una verdadera cultura de ahorro y consciencia de la riqueza del trabajador que se va acumulando con la LPT. Sin esa acumulación, resulta difícil imaginar cuál habría sido la situación financiera nacional: el ahorro de los trabajadores por la LPT, invertido en bonos públicos, ha permitido al Gobierno financiar su déficit financiero.
Injusticia. Esto hace tan paradójica como inadmisible la interpretación abusiva del Ministerio de Hacienda, que causa una gran injusticia contra los trabajadores y una enorme ineficiencia en el sistema financiero, al gravar el pago de pensiones de los regímenes voluntarios.
Esa interpretación es absurda: si un trabajador al llegar a la edad de retiro extrae todos sus fondos y los gasta, no paga impuesto de renta; pero si convierte su fondo en una pensión, Hacienda le cobra ese impuesto. Esto debe reversarse y volver al espíritu de la LPT, como señala el editorial. Basta con aprobar un proyecto de ley de gran conveniencia nacional y de elemental justicia social, que yace en el Congreso.
Otros desafíos. Además de ese injustificado fiscalismo, persisten importantes desafíos cuya solución llama al aporte de las autoridades actuales:
Como ha venido señalando la Supén, ha habido falencias en la administración del régimen de IVM. Conforme decrezcan los beneficios otorgados por ese régimen de reparto en proporción al salario, aumentará el peso relativo del ingreso por las pensiones del régimen complementario obligatorio de la LPT. Pero urge terminar el análisis en proceso del IVM para adoptar medidas que lo rescaten.
Es preciso fortalecer algunos de los nuevos recursos para el sistema no contributivo, como la lotería electrónica, que se tardó mucho en poner a operar, y además deben focalizarse rigurosamente esas pensiones hacia las familias pobres. Un reciente estudio de Pablo Sauma y Juan Diego Trejos mostró que en el 2012 las pensiones no contributivas disminuyeron la pobreza en 1,6 puntos porcentuales del PIB, pero casi una cuarta parte de ellas fueron a hogares no pobres. Si esas pensiones se focalizaran bien, la pobreza bajaría en 0,4 puntos adicionales.
También es preciso en regímenes de pensiones públicos pagados por toda la población, y no por aporte de los beneficiarios, poner límites a su monto y a sus incrementos anuales.
Es necesaria una fuerte campaña de la Supén y de las operadoras cuando se cumple el período de cinco años que permite al empleado hacer retiro del Fondo de Capitalización para promover que los trabajadores mantengan su ahorro, para que así tengan una pensión más alta al llegar el momento de retirarse.
Debe actuarse en estos campos y en universalizar la supervisión de la Supén para que los frutos de la Ley de Protección al Trabajador sean cada día mayores.
Fortalecer nuestro sistema previsional es el mejor homenaje que le podemos rendir a la LPT en los quince años de su promulgación.
El autor es expresidente de la República.
