Costa Rica atraviesa un momento que debería obligarnos a detenernos y reflexionar. No solamente por la inseguridad, el costo de vida o los problemas que enfrentan nuestras comunidades, sino por algo menos visible y quizá mucho más peligroso: estamos comenzando a normalizar la intolerancia, la descalificación y la violencia confrontativa como formas de hacer política.
Un claro ejemplo de los últimos días: una diputada oficialista estuvo compartiendo una publicación de redes sociales incitando a agredir físicamente a un exdiputado de la República y excandidato presidencial.
Las diferencias siempre han existido en Costa Rica. La democracia se construyó precisamente sobre la posibilidad de pensar distinto. El problema aparece cuando quien discrepa deja de ser visto como un ciudadano con una opinión diferente y comienza a ser tratado como enemigo. Y eso es especialmente preocupante cuando el mensaje proviene de quienes ocupan las más altas responsabilidades del Estado.
El pasado 31 de julio, la presidenta Laura Fernández y 24 diputados oficialistas calificaron como “golpe de Estado” una resolución de la Sala Constitucional relacionada con el nombramiento de magistrados suplentes. La mandataria llegó a calificar de “golpistas” a los magistrados que respaldaron la decisión.
Podemos estar en desacuerdo con una resolución judicial. Podemos cuestionarla, criticarla y recurrirla por las vías correspondientes. Eso también es democracia.
Pero debemos preguntarnos si estamos construyendo una cultura política en la que las instituciones son respetadas solamente cuando sus decisiones nos favorecen. Porque si cada vez que una institución contradice al gobierno la respuesta es acusarla de actuar contra la República, estamos cruzando una frontera peligrosa.
La democracia no consiste en que una persona, un partido o una mayoría tenga siempre la razón. Consiste precisamente en que existan instituciones capaces de limitar al poder, incluso cuando esas decisiones resulten incómodas para quienes gobiernan.
El poder tiene límites
El presidente no es dueño del Estado. Los diputados no son dueños de la república. La mayoría electoral no es un cheque en blanco. Y la oposición tampoco tiene derecho a convertir cada diferencia en una guerra política. Todos estamos sometidos a la Constitución, a las leyes y, sobre todo, a la responsabilidad de preservar la convivencia democrática.
También debe preocuparnos la reciente controversia alrededor del decreto que declaró como secreto de Estado información relacionada con organismos y actividades de seguridad nacional. El gobierno sostiene que se trata de proteger información sensible frente al crimen organizado; sectores críticos han cuestionado la amplitud de la medida y sus implicaciones para la transparencia y la fiscalización pública.
La seguridad nacional es importante. Nadie sensato pretende que información operativa que pueda poner vidas en peligro sea expuesta irresponsablemente. Pero seguridad y transparencia no deberían convertirse en conceptos enemigos. En una democracia madura, el Estado debe proteger la información verdaderamente sensible, pero también debe aceptar que los ciudadanos tienen derecho a fiscalizar el uso de los recursos públicos y las actuaciones de sus gobernantes.
Lo mismo ocurre con el discurso político
Una autoridad puede ser firme sin ser irrespetuosa. Puede defender sus ideas sin humillar. Puede responder a una crítica sin atacar a quien la formula. Puede reconocer un error sin perder autoridad. De hecho, reconocer un error demuestra más fortaleza que intentar justificarlo a cualquier costo. Y aquí la responsabilidad no es únicamente del gobierno. También es nuestra.
No podemos reclamar respeto mientras insultamos en redes sociales. No podemos exigir tolerancia mientras descalificamos a quien votó diferente. No podemos condenar la polarización mientras compartimos cualquier contenido que confirme nuestros prejuicios.
Cada vez que celebramos que alguien sea humillado porque pertenece al “otro bando”, contribuimos a deteriorar la sociedad. Costa Rica necesita recuperar algo que parece sencillo, pero que hoy resulta profundamente necesario: la capacidad de conversar.
Necesitamos volver a decir: “No estoy de acuerdo con usted, pero lo respeto”. Necesitamos entender que fiscalizar no es odiar, que disentir no es traicionar y que criticar al gobierno no significa estar contra Costa Rica.
A quienes hoy ejercen el poder debemos recordarles algo fundamental: el pueblo les otorgó un mandato, no una licencia para dividirlo.
Les corresponde gobernar también para quienes no votaron por ellos. Y a quienes hacemos oposición debemos exigirnos exactamente lo mismo: firmeza, pero con responsabilidad; crítica, pero con argumentos; indignación, pero sin odio.
Porque los gobiernos pasan. Los diputados pasan. Los partidos pasan. Los presidentes pasan. Pero las instituciones permanecen. Y la sociedad que construimos permanece todavía más.
Yo quiero otra Costa Rica
La pregunta que deberíamos estar haciendo es qué clase de Costa Rica queremos dejar a nuestros hijos. ¿Una donde el adversario político sea tratado como enemigo? ¿Una donde la crítica sea considerada una amenaza? ¿Una donde las instituciones sean respetadas únicamente cuando nos dan la razón?
Yo quiero una Costa Rica donde podamos debatir con firmeza sin perder el respeto. Donde podamos defender nuestras convicciones sin perder la empatía. Donde el diálogo no sea visto como debilidad. Donde la autoridad no se mida por cuánto logra callar a sus críticos, sino por cuánto puede escuchar, explicar y rendir cuentas.
Costa Rica no necesita menos carácter. Necesita más humanidad. No necesita menos firmeza. Necesita más respeto. No necesita silencio. Necesita diálogo. Porque ningún gobierno, ningún partido, ningún diputado y ningún político está por encima de la República.
Y cuando los gobernantes dejan de escuchar, la ciudadanía tiene el deber democrático de recordarles que el poder pasa, pero los valores que sostienen nuestra democracia deben permanecer.
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Luis Diego Calderón Sánchez es ingeniero biotecnólogo, docente universitario, activista político y presidente municipal del cantón de Paraíso de Cartago.