El liderazgo costarricense en la construcción de la arquitectura del orden internacional basado en normas es bien conocido mundialmente. Desde la creación de las Naciones Unidas, en 1945, Costa Rica, como Estado fundador, ha liderado procesos determinativos de esta arquitectura y no ha tenido ningún temor en acudir a ella cuando su integridad o su soberanía han estado acechadas.
Así lo hizo poco tiempo después de creada la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la activación del TIAR en 1948, y así lo hizo más recientemente de manera exitosa ante la Corte Internacional de Justicia.
La práctica costarricense del derecho internacional es única. Además de haber conducido numerosos casos en todas esas instancias, Costa Rica también ha tramitado casos exitosamente ante el CIADI, en Washington, y, como señalé, ante la Corte Internacional de Justicia. Es uno de los países que no solo reconoce la jurisdicción general de esa Corte, con base en el artículo 36 de su Estatuto, sino que también lo hace sin formular reservas específicas a su jurisdicción.
Es precisamente por el papel que el país ha desempeñado en el orden mundial actual que Costa Rica ha cultivado una extraordinaria imagen internacional, respetada y admirada por sus posiciones históricas en los temas más relevantes para la humanidad: desde el desarme y el cambio climático hasta su vocación pacifista y su incansable batalla contra la injusticia. También ha liderado procesos en ámbitos como la protección de los mares, la prohibición de las armas nucleares y, más recientemente, la urgente regulación de la inteligencia artificial.
Todo ello ha contribuido a que el país sea líder en la atracción de inversión extranjera y de turismo, y goce de reconocimiento en las mediciones internacionales sobre felicidad y bienestar. Esto, naturalmente, no significa desconocer las dificultades que enfrenta hoy en múltiples planos, en parte como consecuencia del impacto del crimen organizado internacional, que agobia seriamente a los y las costarricenses.
Por ello, resulta lógico y coherente con esta trayectoria de liderazgo internacional que Costa Rica haya reiterado su posición sobre la Corte Penal Internacional. Así lo hizo hace unas semanas el entonces canciller, Manuel Tovar y, más recientemente, la canciller Ana Elena Pinto, mediante una nota pública cuya consistencia política y jurídica merece reconocimiento.
El aporte de Costa Rica no se limita a su participación en las distintas etapas de la adopción del Estatuto de Roma y la puesta en marcha de la propia Corte. También se ha manifestado en el liderazgo de los Estados Partes, en la promoción de procesos para adoptar marcos normativos que protejan a las víctimas de crímenes atroces y en la lucha contra la impunidad.
Esta visión costarricense es plenamente afín a los principios universales que buscan una paz internacional duradera: la convicción de que esta solo puede alcanzarse mediante marcos jurídicos robustos, cuya materialización requiere el multilateralismo.
Una posición soberana como esta nunca debe entenderse como un acto de discrepancia contra nadie, sino como una reafirmación de la autodeterminación nacional, acorde con los valores universalmente aceptados por todos los países. Costa Rica y sus gobiernos han mantenido y continuarán manteniendo vínculos de cariño y respeto con sus socios estratégicos y con la gran mayoría de los países del mundo, con los cuales existen afinidades y relaciones respetuosas. Sin embargo, también es esencial que el país sea comprendido y respetado por tomar decisiones tan fundamentales y coherentes con su identidad y sus principios.
Es cierto que la Corte Penal Internacional atraviesa momentos de suma gravedad y vive bajo asedio, debido a acciones concretas que dificultan su labor. Estas incluyen medidas dirigidas directamente contra jueces y otros funcionarios electos, quienes enfrentan sanciones o persecución, con riesgos para sus vidas o libertades por el mero hecho de cumplir el mandato que les han encomendado los Estados. También hay acciones contra la propia Corte, que dificultan especialmente su trascendental trabajo con las víctimas, por lo general mujeres, niños y niñas.
Al reconocer estas dificultades, también debemos reconocer el enorme respaldo que hemos recibido a nivel mundial. En lo personal, estoy muy agradecido con mi país y con los costarricenses, quienes invariablemente manifiestan su simpatía y apoyo. Quiero recordar, en particular, la resolución unánime de respaldo de la Asamblea Legislativa a mi persona y a mi familia, así como el apoyo decidido que he recibido de las autoridades costarricenses, especialmente de nuestra extraordinaria Cancillería.
Es claro que nada de esto es casual: responde precisamente a nuestro carácter histórico de mantenernos siempre del lado correcto de los principios humanos que nos guían. En esto, nunca debemos claudicar.
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Sergio Ugalde Godínez es juez de la Corte Penal Internacional.
