En julio de 2025, el OIJ desarticuló una red que traía mujeres desde Venezuela con la promesa de trabajar como generadoras de contenido y luego las obligaba a prostituirse.
La Fiscalía señaló que su estructura era idéntica a la que el Tren de Aragua usa en Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Después, la DIS capturó a un panameño prófugo desde hacía seis años, ligado a bandas que las autoridades asocian con esa organización.
Hay un riesgo nuevo. Fuentes que he consultado indican que, ante las dificultades para llegar a Estados Unidos, la organización busca llevar personas a Europa, sobre todo mujeres captadas con promesas de dinero que luego son explotadas sexualmente allá. En esa ruta, los aeropuertos centroamericanos pueden convertirse en puntos de tránsito.
Además, la presión en Colombia es constante. En agosto cayó en Bogotá alias Nairobi, señalado como cabecilla del Tren de Aragua en Perú. En setiembre, una operación con apoyo de la DEA capturó en Manizales a alias Coty y alias El Patón. Casi cada mes cae un líder gracias a la cooperación de inteligencia. Cuando un país cierra el cerco, los buscados se mueven para hallar otro refugio, y Costa Rica no debe ofrecerlo.
Como exfiscal contra la delincuencia organizada en la frontera colombo-venezolana, reconozco el patrón. El Tren de Aragua llega con redes de trata, préstamos gota a gota y alianzas con bandas locales. Primero, explota a sus propios compatriotas, que temen denunciar. Cuando la sociedad que los recibe lo nota, la estructura ya tiene raíces. Así ocurrió en Santiago, en Lima y en Bogotá.
Hay también un problema menos visible: el certificado de antecedentes penales venezolano solo registra condenas definitivas. No muestra investigaciones abiertas, órdenes de captura ni registros policiales. Un integrante que nunca fue condenado obtiene un certificado limpio, auténtico y apostillado. Y la apostilla certifica la firma del funcionario, no que el contenido sea verdad.
Costa Rica integra el Escudo de las Américas, que incluye al Tren de Aragua entre las organizaciones por combatir. Esa alianza debe traducirse en medidas concretas: pedir antecedentes de cada país donde el extranjero residió, como lo hace España; vigilar en los aeropuertos los viajes de mujeres jóvenes hacia Europa con pasajes pagados por terceros, compartir inteligencia con Colombia, Panamá y Chile; y abrir canales seguros para que las víctimas denuncien sin miedo a perder su estatus migratorio.
Nada de esto exige mirar con sospecha a la comunidad venezolana. La inmensa mayoría llegó huyendo, trabaja y aporta. Los criminales deben ser capturados, y los migrantes honestos deben ser respetados.
Costa Rica todavía está a tiempo. Chile y Perú tardaron en reconocer lo que tenían enfrente y pagaron un precio alto.
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Rolnar Sanabria es exfiscal contra la delincuencia organizada en la frontera colombo-venezolana, director del Latino Institute for Security Efficiency y autor de ‘Tren de Aragua: Anatomía de un imperio criminal transnacional’.
